Los planes del gobierno británico de introducir una aplicación de rastreo de la COVID-19, con un sistema de rastreo por contrato potencialmente centralizado, son profundamente preocupantes y podrían dar lugar a que el derecho a la privacidad se convierta en “otra víctima” del coronavirus; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional Reino Unido.

 

Kate Allen, directora de Amnistía Internacional Reino Unido, ha manifestado:

 

“Nos preocupa enormemente que el gobierno pueda estar planeando enrutar datos privados a través de una base de datos central, lo que abriría la puerta a actividades de vigilancia y violación de la privacidad generalizadas, con posibles efectos discriminatorios.

 

En su lugar, el gobierno debería estar examinando modelos descentralizados que preserven la privacidad, como están haciendo muchos gobiernos europeos.

 

En este momento excepcional, las aplicaciones de rastreo por contrato y otras tecnologías podrían ser herramientas útiles frente a la COVID-19, pero nuestra privacidad y otros derechos no deben ser también víctimas del virus.

 

Las aplicaciones de rastreo por contrato deben ser siempre voluntarias y carecer de incentivos y penalizaciones.”

 

La opinión pública no confía en la respuesta del gobierno

 

La semana pasada, Amnistía publicó datos que indicaban falta de confianza de la opinión pública en la gestión de la crisis por el gobierno. La encuesta realizada por la organización reveló que más de tres cuartas partes (el 78%) de la población británica piensan que el gobierno no es totalmente transparente en sus comunicaciones relacionadas con la crisis. Amnistía lleva tiempo haciendo campaña para que el gobierno garantice la debida protección a las personas más vulnerables de la sociedad durante la pandemia de COVID-19; una petición al gobierno casi ha reunido ya 25.000 firmas.