«Amnistía Internacional es un movimiento de
más de 10 millones de personas comprometidas para defender a aquellos a quienes se les ha negado justicia o libertad.»
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más de 10 millones de personas comprometidas para defender a aquellos a quienes se les ha negado justicia o libertad.»
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Actuá ahora por los derechos de las personas LGTBI+
Todas las personas tenemos derecho a ser tratadas con respeto, a sentirnos orgullosas de quienes somos y amar a quienes amamos. Sin embargo, muchos niños, niñas y adolescentes LGBTIQ+ siguen siendo expulsados de sus casas por el simple hecho de ser quiénes son y las personas LGBTIQ+ seguimos sin poder caminar libres y seguras por las calles.
La discriminación por orientación sexual o identidad de género conlleva otra serie de violaciones de derechos humanos en varios ámbitos como en la vida sexual, en la educación, el acceso al empleo, en la salud física y mental o en el aceso a atención médica.
Si bien Argentina tiene leyes pioneras en la región que reconocen derechos fundamentales a las personas LGBTIQ+, en 2022, se registraron 129 crímenes de odio basados en la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género. En 2019, en el nivel educativo, el 16% de los directivos de escuelas secundarias tuvo que intervenir por situaciones de discriminación por orientación sexual o identidad de género (*Fuente: Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ y Resultados de las Evaluaciones Nacionales de Aprendizaje, Aprender 2019).
Los discursos de odio por motivos de identidad de género u orientación sexual, la reproducción de estereotipos de género y de actitudes discriminatorias perpetúan prácticas que atentan contra los derechos de las personas LGBTIQ+. A nivel global, cerca de 63 países castigan con penas de cárcel o castigo físico las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. En algunos de ellos, puede conducir a la pena de muerte.
Las personas LGBTIQ+ y, en especial, quienes no se ajustan a las convenciones de género, corren peligro de sufrir exclusión económica y social. La lucha por más educación sexual integral y por la implementación de políticas públicas inclusivas contribuye a que podamos gozar de nuestros derechos a la salud, la educación, la vivienda y el empleo. Y sobre todo a vivir libres de violencias.
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