AUDIENCIAS
JORNADA 2
"Nadie quería hablar": los primeros testimonios del juicio por el crimen de Barracas
Dos policías de la Ciudad que intervinieron en el momento del ataque declararon en la segunda audiencia del juicio por el crimen de Barracas. Describieron una escena de caos, humo y vecinos en la vereda, aunque señalaron que la mayoría era reticente a brindar información. Coincidieron en que Justo Fernando Barrientos estaba lúcido al momento de la detención.
El viernes 22 de mayo se realizó la segunda audiencia del juicio oral y público por el crimen de Barracas. Declararon los dos primeros testigos: los policías de la Ciudad de Buenos Aires Julio César Alacore y Jeremías Ezequiel Retamar que intervinieron en la madrugada del 5 al 6 de mayo de 2024 en los primeros minutos posteriores al ataque con fuego por el que murieron Andrea Amarante, Mercedes Roxana Figueroa, Pamela Cobbas y en el que resultó herida la única sobreviviente, Sofía Castro Riglos.
Ambos describieron una escena de caos, humo y vecinos en la vereda y detallaron cómo fue la primera asistencia tanto a las víctimas como al único acusado, Justo Fernando Barrientos.
“Nadie quería hablar, nadie quiere involucrarse”
Julio César Alacore, inspector de la Policía de la Ciudad, fue el primero en declarar. Recordó haber visto la habitación en llamas y a las cuatro mujeres entre el pasillo y el baño que se encontraba en el exterior de la habitación. "Estaban con ropa media quemada, otra ya desnuda. Afectadas por el fuego", recordó. Pamela murió ese mismo día, Mercedes dos días más tarde, Andrea el sábado 18 de mayo. Sofìa recién obtuvo el alta el 3 de junio, casi un mes más tarde.
Declaró que mientras Barrientos era atendido en la vereda por una herida en el cuello, dos vecinos del hotel (padre e hijo) se acercaron y le dijeron que esa persona había estado molestando a las mujeres todo el día y que había abusado o intentado abusar de ellas. “El padre declaró haber visto cómo, cuando bajó al ver el incendio, esa persona le pegaba a una de las mujeres en el pasillo y la volvía a tirar hacia donde había fuego”, recordó.
Consultado sobre otras declaraciones de vecinos dijo no haber obtenido más información: "Consulté a más personas pero nadie quería hablar. Porque después los llaman a declarar y nadie quiere involucrarse."
El segundo testigo, Jeremías Ezequiel Retamar, entonces oficial de la comisaría cercana, recordó que estaba sobre la avenida Montes de Oca de Barracas cuando un vecino se acercó a pedir ayuda y advertir del incendio. Dijo que quedó ocupado de que los evacuados no reingresaran y que él mismo nunca entró al hotel. Luego acompañó a Barrientos en el traslado al Hospital Argerich, donde permaneció de consigna. Lo recordó callado pero lúcido y él mismo dio su nombre y DNI a los médicos, quienes le dieron al policía la impresión de que su condición de salud no revestía gravedad. No recordó haber percibido aliento a alcohol ni signos de intoxicación.
Relató también que algunos vecinos le refirieron que había un conflicto previo entre ese hombre y las mujeres, aunque no pudo especificar de qué tipo.
Lesbianas: lo que no se nombra
Terminada la audiencia Luciana Sánchez, abogada querellante en representación de la sobreviviente, puso el foco en un punto que es central para su planteo: el prejuicio por orientación sexual. “La dificultad de estos casos tiene que ver con que la palabra ‘lesbiana’ está tan cargada de connotaciones negativas que cuando les preguntas a los testigos si escucharon algo, alguna referencia, en general tienden a negarlo porque no quieren reproducir ni la palabra, ni la violencia, ni quedar como que ellos mismos están diciendo algo malo de las víctimas”, señala Sánchez. Espera que esto sea valorado en la prueba.
El primero de los policías mencionó que le habían referido insultos contra las víctimas pero no especificó de qué tipo. La abogada querellante por la FALGBT, Samanta Pedrozo, hizo una pregunta específica: "¿Tomó conocimiento del vínculo entre las víctimas?”. Alacore respondió: “Eran amigas. Después me dijeron que había una relación entre dos, una relación amorosa."
Mensaje disciplinador
Vanesa Calderón, coordinadora del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ (una articulación de la FALGBT, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires), observa el juicio en la segunda fila. Marca que este proceso va más allá de las víctimas directas: “Representa una instancia clave para el reconocimiento judicial de estos hechos como crímenes de odio y lesbicidio, y para la consolidación de estándares que permitan su adecuada investigación, juzgamiento y sanción", señala e insiste: "Es importante para nuestra comunidad porque también hay una afectación colectiva, un mensaje disciplinador".
Calderón enmarca el crimen en un contexto más amplio: "El incremento exponencial de los crímenes de odio registrado en los últimos dos años no puede comprenderse sin analizar el rol central que han tenido los discursos de odio promovidos desde las más altas esferas del poder político. Estos discursos no constituyen meras expresiones retóricas ni opiniones aisladas, sino que operan como dispositivos de legitimación de la violencia, habilitando prácticas de agresión, exclusión y persecución contra la comunidad LGBTI+”. Y advierte que ese pasaje del discurso a la violencia material es corto. “Cuando desde el Estado se habilita simbólicamente la discriminación, sectores de la sociedad se sienten autorizados a ejercer la violencia de manera directa, convencidos de que sus actos serán tolerados, minimizados o invisibilizados”, asegura.
La lectura del fiscal
Al salir de la sala, el fiscal Juan Manuel Fernández Buzzi señaló que ambos policías coincidieron en que Barrientos estaba lúcido y no parecía estar alcoholizado ni intoxicado al momento de los hechos, que había estado en silencio en esos primeros momentos pero que él mismo había dado su nombre completo y DNI a los médicos que lo atendieron en el lugar y después en el Argerich.
En esta oportunidad Barrientos había solicitado a través de su defensor seguir las testimoniales desde una sala contigua, ajeno a la mirada de las querellas, la prensa y demás asistentes en la pequeña sala del tribunal 5.
La próxima audiencia
El lunes 8 de junio estará citada Florencia Cobbas, hija de Pamela Fabiana Cobbas, junto a algunos de los vecinos del hotel. De acuerdo a lo resuelto en la primera audiencia según el tipo de testimonio, la próxima será una audiencia sin televisación ni transmisión online.
JORNADA 1
Comenzó el juicio por el crimen de Barracas: el acusado se negó a declarar
Se juzga el homicidio de Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante y el intento de acabar con la vida de Sofía Castro Riglos, única sobreviviente. Las partes acusadoras marcan que la identidad lesbiana de las víctimas fue clave en el ataque.
18 de mayo de 2026 ー Silencio. El único acusado por la masacre de Barracas eligió no hacer declaraciones en la primera de las audiencias del juicio oral y público por la muerte de Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante y por la tentativa de homicidio que dejó gravemente herida a Sofía Castro Riglos, única sobreviviente.
Afuera del tribunal, activistas autoconvocadas, organizaciones de lesbianas y asociaciones LGBTIQ+ que vienen acompañando el reclamo de justicia desde 2024 se hicieron presentes con un acto de apoyo, discursos y lecturas. Adentro, en una sala pequeña pero colmada, una única allegada a las víctimas llegó sobre el cierre de puertas.
El tribunal y las partes
El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°5 de la Capital Federal, presidido por Adrián Pérez Lance e integrado por Cinthia Oberlander y Juan Manuel Grangeat. La defensa de Barrientos recae en el Defensor Público Oficial Ricardo Richiello. Las partes acusadoras son cuatro: la fiscalía, a cargo de Juan Manuel Fernández Buzzi, y las tres querellas: Luciana Sánchez, que representa a Sofía Castro Riglos y actúa también como querellante por Andrea Amarante; Esteban Galli y Carolina Cymerman, del Ministerio Público de la Defensa, en representación de allegados de las otras dos víctimas fatales; y Samanta Pedrozo, abogada de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), que se presenta junto a las referentes María Rachid y Flavia Massenzio, como querella colectiva.
Cuatro acusaciones, un mismo hecho
La audiencia comenzó con la lectura de los cuatro requerimientos de elevación a juicio. El fiscal Fernández Buzzi describió un contexto previo de discriminación por odio hacia la orientación sexual de las víctimas y violencia de género. La calificación de la fiscalía es homicidio agravado por odio a la orientación sexual, con alevosía, mediando violencia de género y por uso de un medio idóneo para crear peligro común.
El segundo requerimiento, presentado por la querella del Ministerio Público de la Defensa, incorporó declaraciones de testigos que también fueron afectados por el fuego aquel 6 de mayo de 2024. La calificación legal incluye los agravantes por odio de género y orientación sexual, con alevosía y ensañamiento, y por medio idóneo para crear peligro común.
La FALGBT, a través de Samanta Pedrozo, enmarcó el caso en un contexto estructural de violencia sistemática: amenazas e intentos de agresión sexual hacia las víctimas por su visibilidad como mujeres lesbianas. Luciana Sánchez, en representación de Sofía Castro Riglos y por quien era su pareja, Andrea, planteó que el ataque no fue un hecho aislado sino parte de un patrón de agresión psicológica y física constante, con conductas discriminatorias e intentos de abuso. Su calificación es homicidio agravado por prejuicio hacia la orientación sexual y expresión de género por ser lesbianas, y por violencia de género.
Barrientos no declaró
Tras la lectura de los cuatro requerimientos, el tribunal le dio la palabra a Justo Fernando Barrientos. "No voy a declarar", dijo. Cuando le consultaron por su último domicilio, no precisó el número de la calle Olavarría en el barrio de Barracas: allí, en el hotel familiar ubicado en el 1621, ocurrió el ataque. Respondió que era vendedor ambulante de bebidas y garrapiñadas en canchas de fútbol, antes había sido empleado gastronómico. Siguió la audiencia atento, mirando a cada abogado que tomaba la palabra. En una sala muy fría nunca se sacó la campera con la que fue trasladado desde el penal de Ezeiza donde cumple la prisión preventiva. Dijo que toma medicación para dormir, que tiene dos hijos adultos con los que no está en contacto hace años y seis hermanos con los que no habla desde la detención. En la sala no lo acompañaba nadie.
Oral y público
La publicidad de los juicios penales es la regla. Además, hubo pedidos explícitos para que las audiencias se transmitieran de manera online por la relevancia pública del caso. Frente a ello, y considerando las objeciones de la defensa oficial y precedentes judiciales, la semana pasada el tribunal anticipó limitaciones a la transmisión al debate: solo se mostrarían en vivo la audiencia de apertura, alegatos y veredicto.
Sin embargo, tras un pedido explícito de la abogada Luciana Sánchez, el tribunal resolvió hacer lugar parcialmente, aunque anticipó que se preservarán aproximadamente 20 de los 50 testimonios, que son en su mayoría los que corresponden a vecinos del hotel de calle Olavarría. Una vez agotado ese grupo de testigos, el debate será completamente público y televisado. La resolución será revisada antes de cada jornada en función de las personas citadas y pesa una restricción especial sobre testigos técnicos o expertos, quienes no pueden presenciar las audiencias hasta que declaren.
La próxima audiencia será este viernes 22, en la que declararán dos policías de la Ciudad de Buenos Aires, y será pública y televisable.