AUDIENCIAS
JORNADA 8
“NO ERA UN HECHO AISLADO”: UN EQUIPO ESPECIALIZADO YA HABÍA IDENTIFICADO VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA ANDREA Y SOFÍA EN UN PARADOR
Tres profesionales del Centro de Justicia de la Mujer declararon sobre los pedidos de ayuda que Andrea Amarante y Sofía Castro Riglos habían hecho en 2022 cuando vivían en forma transitoria en centros de inclusión social. Situaciones de acoso y hostigamiento meses antes del ataque en la pensión de Barracas.
El miércoles 15 de julio se realizó la octava audiencia del juicio oral y público por el crimen de Barracas, en el que se juzga a Justo Fernando Barrientos por el homicidio agravado de Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante, y por la tentativa de homicidio agravado contra Sofía Castro Riglos, única sobreviviente del ataque incendiario ocurrido en una pensión de Olavarría al 1600 en mayo de 2024. Con la mayoría de las partes conectadas de forma virtual, declararon de manera simultánea la abogada Carla López, el abogado Leandro Seijo, coordinador de la oficina de violencia doméstica y género, y la licenciada en trabajo social Karina Molina, los tres del Centro de Justicia de la Mujer, dependiente del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.
El interrogatorio estuvo a cargo de la querellante Luciana Sánchez, quien representa a Sofía Castro Riglos y, en su nombre, también a Andrea Amarante. Para la querella, este testimonio sirvió para probar algo puntual: “La situación de vulnerabilidad social en la que se encontraban Sofía y Andrea no era algo del momento del hecho, sino una situación crónica”. También que sufrir violencia por ser una pareja lesbiana no era una novedad para ellas sino una situación que ya habían atravesado de manera reiterada.
UNA VIOLENCIA REPETIDA
Los tres profesionales reconstruyeron un patrón: fueron citados por un informe del 22 de diciembre de 2022 pero esa no era la primera vez que Andrea y Sofía llegaban al Centro de Justicia de la Mujer, un espacio gratuito de atención y asesoramiento para mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ en situación de violencia por motivos de género.
Andrea y Sofía ya habían concurrido el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de ese año, ocasiones en las que se elaboró un informe de riesgo primero y una actualización de riesgo después. Denunciaban a un varón del centro de inclusión estatal en el que estaban alojadas: relataron insultos, empujones, un episodio en el que dos hombres (que suponían relacionados) interceptaron a Andrea en el Parque Lezama con amenazas, y un hecho que inquietó a Sofía: su ropa interior que había dejado secándose apareció cortada.
Seijo detalló que, según lo que Andrea y Sofía relataron en esos encuentros, el hostigamiento incluía insultos que él citó textualmente: “Les decían 'mira las trolas' y 'mirá qué lindo culo, te voy a atender'”, especificó. En el último informe del 22 de diciembre se sumaron relatos de golpes en las puertas, golpes en las ventanas de la habitación que compartían, como parte de la misma conducta hostil.
Explicaron que habían dicho que evitaban moverse solas por el lugar. Igual a lo que otros reconstruirían después sobre cómo era la vida en la pensión de Barracas antes del ataque fatal. Una continuidad que la querellante Sánchez insiste en señalar que no se trata de una casualidad.
“SIEMPRE SE PRESENTARON COMO PAREJA”
Consultada por Sánchez sobre el trabajo del Centro de Justicia, López lo definió así: “Pertenece al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde asesoramos y orientamos a mujeres y al colectivo LGBTIQ+ en situación de violencia por motivos de género”. Agregó que es “un centro abierto y gratuito a la comunidad”, que atiende de manera espontánea o con cita previa, y que aborda “todos los tipos y modalidades de violencias enumerados en la ley 26.485”.
Sobre si Andrea y Sofía habían sido citadas o habían acudido por su cuenta, López coincidió con lo que ya había dicho Seijo: “lo mismo que mi colega, que acudieron en forma espontánea, en forma de pareja”.
Andrea y Sofía habían reportado consecuencias de sus denuncias: se les había prohibido el reingreso al centro de inclusión de Tacuarí, donde habían estado alojándose y se planteaba la reubicación en otro dispositivo. Los testigos dijeron desconocer el motivo institucional de esa restricción, y aclararon que ellas la vivieron como una prohibición y censura, no como una medida destinada a protegerlas a ellas.
Los tres profesionales insistieron en que Andrea y Sofía mostraban su vínculo abiertamente. Y que eso traía consecuencias: “Se trataba de una violencia por su orientación sexual”, marcó Seijo, que además hizo foco en la dependencia habitacional de Andrea y Sofía como un factor que agravaba lo que llamó “asimetría de poder” frente a quienes las hostigaban: “Básicamente no tenían otro lugar donde ir. O por lo menos así nos lo referían”. Molina agregó que este tipo de situaciones no era una excepción para el equipo: “Habitualmente en el centro de justicia solemos atender al colectivo LGBTIQ+ en similares situaciones de violencia por motivos de género.”
CONOCER A LAS VÍCTIMAS
Sánchez fue quien pidió al Tribunal la convocatoria de estos tres testigos para poder mostrar la vulnerabilidad de Sofía y Andrea. Aseguró que el testimonio también sirvió para mostrar que ellas “se presentaban públicamente como pareja” y que “identificaban que sufrían agresiones por ser una pareja lesbiana”.
Sánchez remarcó que fue “un equipo especializado” el que calificó como violencia de género “distintas situaciones, insultos, hechos de intimidación como pararse en el sector de la habitación de ellas o golpear sus puertas y ventanas, o cortarles la ropa interior tendida”. Aclaró que, si bien en este juicio se juzga a Barrientos y los profesionales del centro se referían a otras personas como presuntas agresoras, “entendemos desde la querella que es relevante que un equipo especializado haya valorado estas situaciones que ellas vivieron antes, como violencia de género”, porque son “las mismas situaciones que escuchamos de los vecinos del hotel donde vivían las 4 juntas y donde fueron asesinadas”.
Para la querellante, el valor de este testimonio está en el marco que ofrecen estos expertos: “Lejos de naturalizar la violencia hacia ellas, que es lo que se hace habitualmente, caracterizaron los insultos y las intimidaciones como violencia de género”. Desde su experiencia recibiendo habitualmente denuncias de mujeres y personas LGBTIQ+ por situaciones de este tipo señalaron que las caracterizan como violencia “cuando encuentran asimetrías de poder”. Esas asimetrías, señaló Sánchez, condicionaron a Sofía y Andrea en 2022, quienes tenían “dependencia de los lugares de la ciudad como paradores y centros de inclusión para habitar y falta de recursos propios para poder protegerse”.
Sánchez insistió en que se trata de “un testimonio importante porque son personas que tuvieron contacto con Andrea y con Sofía fuera del hotel donde sucedieron los hechos: es muy importante poder saber quiénes son las víctimas a través de estos otros testimonios”. Para la querella, la conclusión es clara: “la violencia que sostenemos que vivieron en la pensión donde fueron asesinadas y Sofía se salvó de milagro, no era un hecho aislado”.
El juicio tendrá su próxima audiencia el miércoles 5 de agosto, después de la feria judicial.
JORNADA 7
"SE LAS HABÍA JURADO QUE LAS IBA A PRENDER FUEGO": VECINOS DEL HOTEL DESCRIBIERON CÓMO ERA LA CONVIVENCIA ANTES DEL ATAQUE
Declararon los últimos habitantes de la pensión de Olavarría donde ocurrió el incendio. Las partes buscan establecer cómo era el vínculo entre el acusado y las víctimas antes del ataque.
El miércoles 1 de julio se realizó la séptima audiencia del juicio oral y público por el crimen de Barracas. Declararon un empleado del Hospital Argerich que participó de la atención del acusado, dos efectivos de la división homicidios de la Policía de la Ciudad y dos vecinos del hotel de Olavarría 1621 donde ocurrió el ataque incendiario.
Ernesto Rafael Pardo, de 67 años, lleva entre 14 y 15 años viviendo en el hotel de Olavarría 1621. Dijo haber conocido a Justo Fernando Barrientos como vecino solamente, que mantenían conversaciones casuales sobre fútbol, boxeo y política. Sobre las víctimas dijo que las veía poco por su rutina laboral pero que el acusado le había dicho: “Hay unas chicas ahí que son medio raras”. Consultado sobre su propia percepción, Pardo describió a las víctimas como “grandotas, así, toscas. No eran femeninas desde el punto de vista mío” y agregó: “Después me enteré que eran lesbianas, cuando pasó la desgracia”. Describió al acusado como “no agresivo” y dijo que de las víctimas se decía que eran conflictivas, pero no pudo citar ningún evento puntual: “Se corría ese runrún”, explicó.
Horacio Roberto Ferreira tiene 73 años y vive en la planta baja del mismo edificio del barrio de Barracas. Dijo que la madrugada del incendio se enteró de lo que estaba pasando recién cuando fueron a buscarlo para evacuar y pudo preguntar en la vereda qué era lo que había pasado. Insistió en que conocía los hechos a través de otro vecino: “Me contó Miguel que las minas le cagaban la vida [a Barrientos] y se las había jurado que las iba a prender fuego… y las prendió fuego”, aseguró. Se refería a Miguel Mazza, vecino del mismo piso que Barrientos y las víctimas, quien falleció semanas antes del comienzo de este juicio. Su esposa se encuentra internada en una residencia geriátrica y tampoco podrá ser interrogada.
La declaración de los vecinos es clave para establecer el clima de convivencia previo al ataque en el que murieron Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante y al que logró sobrevivir Sofía Castro Riglos. Las versiones entre los distintos habitantes de la pensión han tenido diferencias.
Ferreira aseguró que no hubo problemas mientras solamente vivía una pareja (la de Cobas y Figueroa) a las que describió como “buenitas” y “mansitas”. “Cuando vinieron las peruanas empezó el quilombo”, aseguró en referencia a la segunda pareja, aunque ambas eran argentinas.
“¿Cómo pudo identificar que eran peruanas?”, consultó Carolina Cymerman, abogada querellante. “Porque eran chorras”, respondió Ferreira que también aseguró no haber escuchado nunca expresiones discriminatorias de Barrientos hacia ellas. Insistió en enmarcar el crimen como un conflicto entre vecinos y relató los incidentes que había escuchado de boca del vecino fallecido.
—Es lo que contó Miguel. Las minas lo tenían pelotudo [al acusado] y se las había jurado.
—¿A las cuatro?
—Sí, estaban las 4. Fue y les tiró la molotov. No tuvieron tiempo a disparar.
El juicio tendrá su próxima jornada el miércoles 15 de julio, antes de la feria judicial.
JORNADA 6
VIVIR CON MIEDO: LOS TESTIMONIOS QUE RECONSTRUYEN EL HOSTIGAMIENTO PREVIO EN EL JUICIO POR EL CRIMEN DE BARRACAS
Dos integrantes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad que asistieron a Sofía Castro Riglos horas después del ataque, y un amigo cercano de Andrea Amarante reconstruyeron el hostigamiento y el miedo que las víctimas describían antes de ser atacadas.
Después de tres jornadas reservadas, en las que declararon casi exclusivamente vecinos del hotel de la calle Olavarría 1621, la sexta audiencia del juicio oral y público por el crimen de Barracas este lunes 29 de junio volvió a ser pública y televisada por streaming, como ocurre cuando no rige ninguna restricción del tribunal.
Rocío Sureda y Magalí Sosa, del Área de Diversidad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, declararon en la audiencia porque estuvieron entre las primeras personas que tomaron contacto con Sofía Castro Riglos, horas después del ataque. Se habían enterado del ataque por Crónica TV: la noticia ya consignaba que las víctimas eran lesbianas entonces decidieron presentarse en el Hospital Penna para ofrecer asistencia.
Sureda relató que encontraron a Sofía sola, acostada, con quemaduras en un brazo y la cara. Apenas la vieron, Sofía les dijo que necesitaba hablar: pidió una manta, porque tenía frío, y compañía. Les contó que un hombre las molestaba y que le tenían miedo, que no transitaba sola por los espacios comunes del hotel y que incluso tendía la ropa por la ventana en vez de en la terraza común para no cruzarse con él.
Consultada por el querellante Pablo Rovatti por precisiones, respondió: “Precisamente porque eran pareja y a él le molestaba. Por eso cuando decía 'mi compañera' le pregunté si eran compañera de cuarto o pareja”. Sofía le confirmó que eran pareja. “Daba por sentado que Andrea iba a vivir. Decía 'cuando salgamos'”, recordó. Andrea falleció el 12 de mayo de 2024, seis días después del ataque.
“ANTES HAY UN DISCURSO QUE LEGITIMA”
Sosa, de la misma Defensoría, coincidió en el relato de las condiciones previas que hizo la sobreviviente en esa primera entrevista después del ataque: “Nos contó que había vivido situaciones de hostigamiento por parte de un hombre que estaba siempre en los lugares comunes, que la miraba”, y dijo también: “Ella no circulaba sola en espacios comunes por el miedo a este hombre, iba acompañada al baño”.
Sosa es psicóloga y mencionó 14 años de experiencia con grupos marginados, entre ellos población LGBTI+. En este sentido interrogó Carolina Cymerman, también querellante:
—¿En base a qué determina que el hostigamiento era relacionado con el hecho de que eran lesbianas?
—Básicamente y principalmente a que vivimos en una sociedad heteropatriarcal y machista. Las mujeres lesbianas y bisexuales viven micromachismos y discursos de odio naturalizados. Las palabras machistas se transforman en actos de violencia legitimados. Porque antes hay un discurso que legitima.
Y remarcó su convicción profesional de que este es el trasfondo del crimen: “Un acto de estas características es el producto del machismo y de discriminación por orientación sexual que en este caso lamentablemente llega al extremo”, concluyó Sosa.
"BUSCABA VIVIR TRANQUILA"
Leonardo Enrique Ibáñez era amigo de Andrea Amarante desde 2015 y, a través de ella, también conocía a su pareja, Sofía Castro Riglos, única sobreviviente del ataque. En su declaración ante el tribunal aseguró que hablaban por teléfono dos o tres veces por semana y se veían al menos una vez por mes. Explicó que Andrea no ocultaba su orientación sexual, aunque tampoco la exhibía: "si pasaban y le preguntaban, lo iba a decir", explicó, y agregó que si alguien la miraba mal o le hacía un comentario, ella respondía, "poniéndolo en su lugar". Él mismo dijo haber notado ciertas miradas que se dirigían a ella cuando estaban juntos en la calle.
Según contó, Andrea le había escrito por WhatsApp contando que la convivencia en el hotel era difícil, que un hombre las molestaba y acosaba, que no las dejaba ir al baño tranquilas y aparecía de noche cuando iban. Dijo que tenía pensado mudarse para encontrar tranquilidad, tanto para ella como para Sofía.
Recordó que Andrea era sobreviviente de Cromañón y que solía trabajar como auxiliar de enfermería sin “suerte” en la continuidad laboral. Y que estaba “muy metida” con Sofía, con quien él sigue en diálogo, más de dos años después del ataque: “Está más o menos, no se le puede pedir que esté bien después de todo lo que pasó”, declaró. Él mismo dijo estar afectado: “Lo que le pasó a Andrea no lo puedo digerir yo, no lo puedo aceptar. Es como que no caigo todavía”. Y la recordó así: "buena persona, nunca tuvo un mal pensamiento hacia nadie, buscaba vivir tranquila".
JORNADA 2
"Nadie quería hablar": los primeros testimonios del juicio por el crimen de Barracas
Dos policías de la Ciudad que intervinieron en el momento del ataque declararon en la segunda audiencia del juicio por el crimen de Barracas. Describieron una escena de caos, humo y vecinos en la vereda, aunque señalaron que la mayoría era reticente a brindar información. Coincidieron en que Justo Fernando Barrientos estaba lúcido al momento de la detención.
El viernes 22 de mayo se realizó la segunda audiencia del juicio oral y público por el crimen de Barracas. Declararon los dos primeros testigos: los policías de la Ciudad de Buenos Aires Julio César Alacore y Jeremías Ezequiel Retamar que intervinieron en la madrugada del 5 al 6 de mayo de 2024 en los primeros minutos posteriores al ataque con fuego por el que murieron Andrea Amarante, Mercedes Roxana Figueroa, Pamela Cobbas y en el que resultó herida la única sobreviviente, Sofía Castro Riglos.
Ambos describieron una escena de caos, humo y vecinos en la vereda y detallaron cómo fue la primera asistencia tanto a las víctimas como al único acusado, Justo Fernando Barrientos.
“Nadie quería hablar, nadie quiere involucrarse”
Julio César Alacore, inspector de la Policía de la Ciudad, fue el primero en declarar. Recordó haber visto la habitación en llamas y a las cuatro mujeres entre el pasillo y el baño que se encontraba en el exterior de la habitación. "Estaban con ropa media quemada, otra ya desnuda. Afectadas por el fuego", recordó. Pamela murió ese mismo día, Mercedes dos días más tarde, Andrea el sábado 18 de mayo. Sofìa recién obtuvo el alta el 3 de junio, casi un mes más tarde.
Declaró que mientras Barrientos era atendido en la vereda por una herida en el cuello, dos vecinos del hotel (padre e hijo) se acercaron y le dijeron que esa persona había estado molestando a las mujeres todo el día y que había abusado o intentado abusar de ellas. “El padre declaró haber visto cómo, cuando bajó al ver el incendio, esa persona le pegaba a una de las mujeres en el pasillo y la volvía a tirar hacia donde había fuego”, recordó.
Consultado sobre otras declaraciones de vecinos dijo no haber obtenido más información: "Consulté a más personas pero nadie quería hablar. Porque después los llaman a declarar y nadie quiere involucrarse."
El segundo testigo, Jeremías Ezequiel Retamar, entonces oficial de la comisaría cercana, recordó que estaba sobre la avenida Montes de Oca de Barracas cuando un vecino se acercó a pedir ayuda y advertir del incendio. Dijo que quedó ocupado de que los evacuados no reingresaran y que él mismo nunca entró al hotel. Luego acompañó a Barrientos en el traslado al Hospital Argerich, donde permaneció de consigna. Lo recordó callado pero lúcido y él mismo dio su nombre y DNI a los médicos, quienes le dieron al policía la impresión de que su condición de salud no revestía gravedad. No recordó haber percibido aliento a alcohol ni signos de intoxicación.
Relató también que algunos vecinos le refirieron que había un conflicto previo entre ese hombre y las mujeres, aunque no pudo especificar de qué tipo.
Lesbianas: lo que no se nombra
Terminada la audiencia Luciana Sánchez, abogada querellante en representación de la sobreviviente, puso el foco en un punto que es central para su planteo: el prejuicio por orientación sexual. “La dificultad de estos casos tiene que ver con que la palabra ‘lesbiana’ está tan cargada de connotaciones negativas que cuando les preguntas a los testigos si escucharon algo, alguna referencia, en general tienden a negarlo porque no quieren reproducir ni la palabra, ni la violencia, ni quedar como que ellos mismos están diciendo algo malo de las víctimas”, señala Sánchez. Espera que esto sea valorado en la prueba.
El primero de los policías mencionó que le habían referido insultos contra las víctimas pero no especificó de qué tipo. La abogada querellante por la FALGBT, Samanta Pedrozo, hizo una pregunta específica: "¿Tomó conocimiento del vínculo entre las víctimas?”. Alacore respondió: “Eran amigas. Después me dijeron que había una relación entre dos, una relación amorosa."
Mensaje disciplinador
Vanesa Calderón, coordinadora del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ (una articulación de la FALGBT, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires), observa el juicio en la segunda fila. Marca que este proceso va más allá de las víctimas directas: “Representa una instancia clave para el reconocimiento judicial de estos hechos como crímenes de odio y lesbicidio, y para la consolidación de estándares que permitan su adecuada investigación, juzgamiento y sanción", señala e insiste: "Es importante para nuestra comunidad porque también hay una afectación colectiva, un mensaje disciplinador".
Calderón enmarca el crimen en un contexto más amplio: "El incremento exponencial de los crímenes de odio registrado en los últimos dos años no puede comprenderse sin analizar el rol central que han tenido los discursos de odio promovidos desde las más altas esferas del poder político. Estos discursos no constituyen meras expresiones retóricas ni opiniones aisladas, sino que operan como dispositivos de legitimación de la violencia, habilitando prácticas de agresión, exclusión y persecución contra la comunidad LGBTI+”. Y advierte que ese pasaje del discurso a la violencia material es corto. “Cuando desde el Estado se habilita simbólicamente la discriminación, sectores de la sociedad se sienten autorizados a ejercer la violencia de manera directa, convencidos de que sus actos serán tolerados, minimizados o invisibilizados”, asegura.
La lectura del fiscal
Al salir de la sala, el fiscal Juan Manuel Fernández Buzzi señaló que ambos policías coincidieron en que Barrientos estaba lúcido y no parecía estar alcoholizado ni intoxicado al momento de los hechos, que había estado en silencio en esos primeros momentos pero que él mismo había dado su nombre completo y DNI a los médicos que lo atendieron en el lugar y después en el Argerich.
En esta oportunidad Barrientos había solicitado a través de su defensor seguir las testimoniales desde una sala contigua, ajeno a la mirada de las querellas, la prensa y demás asistentes en la pequeña sala del tribunal 5.
La próxima audiencia
El lunes 8 de junio estará citada Florencia Cobbas, hija de Pamela Fabiana Cobbas, junto a algunos de los vecinos del hotel. De acuerdo a lo resuelto en la primera audiencia según el tipo de testimonio, la próxima será una audiencia sin televisación ni transmisión online.
JORNADA 1
Comenzó el juicio por el crimen de Barracas: el acusado se negó a declarar
Se juzga el homicidio de Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante y el intento de acabar con la vida de Sofía Castro Riglos, única sobreviviente. Las partes acusadoras marcan que la identidad lesbiana de las víctimas fue clave en el ataque.
18 de mayo de 2026 ー Silencio. El único acusado por la masacre de Barracas eligió no hacer declaraciones en la primera de las audiencias del juicio oral y público por la muerte de Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante y por la tentativa de homicidio que dejó gravemente herida a Sofía Castro Riglos, única sobreviviente.
Afuera del tribunal, activistas autoconvocadas, organizaciones de lesbianas y asociaciones LGBTIQ+ que vienen acompañando el reclamo de justicia desde 2024 se hicieron presentes con un acto de apoyo, discursos y lecturas. Adentro, en una sala pequeña pero colmada, una única allegada a las víctimas llegó sobre el cierre de puertas.
El tribunal y las partes
El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°5 de la Capital Federal, presidido por Adrián Pérez Lance e integrado por Cinthia Oberlander y Juan Manuel Grangeat. La defensa de Barrientos recae en el Defensor Público Oficial Ricardo Richiello. Las partes acusadoras son cuatro: la fiscalía, a cargo de Juan Manuel Fernández Buzzi, y las tres querellas: Luciana Sánchez, que representa a Sofía Castro Riglos y actúa también como querellante por Andrea Amarante; Esteban Galli y Carolina Cymerman, del Ministerio Público de la Defensa, en representación de allegados de las otras dos víctimas fatales; y Samanta Pedrozo, abogada de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), que se presenta junto a las referentes María Rachid y Flavia Massenzio, como querella colectiva.
Cuatro acusaciones, un mismo hecho
La audiencia comenzó con la lectura de los cuatro requerimientos de elevación a juicio. El fiscal Fernández Buzzi describió un contexto previo de discriminación por odio hacia la orientación sexual de las víctimas y violencia de género. La calificación de la fiscalía es homicidio agravado por odio a la orientación sexual, con alevosía, mediando violencia de género y por uso de un medio idóneo para crear peligro común.
El segundo requerimiento, presentado por la querella del Ministerio Público de la Defensa, incorporó declaraciones de testigos que también fueron afectados por el fuego aquel 6 de mayo de 2024. La calificación legal incluye los agravantes por odio de género y orientación sexual, con alevosía y ensañamiento, y por medio idóneo para crear peligro común.
La FALGBT, a través de Samanta Pedrozo, enmarcó el caso en un contexto estructural de violencia sistemática: amenazas e intentos de agresión sexual hacia las víctimas por su visibilidad como mujeres lesbianas. Luciana Sánchez, en representación de Sofía Castro Riglos y por quien era su pareja, Andrea, planteó que el ataque no fue un hecho aislado sino parte de un patrón de agresión psicológica y física constante, con conductas discriminatorias e intentos de abuso. Su calificación es homicidio agravado por prejuicio hacia la orientación sexual y expresión de género por ser lesbianas, y por violencia de género.
Barrientos no declaró
Tras la lectura de los cuatro requerimientos, el tribunal le dio la palabra a Justo Fernando Barrientos. "No voy a declarar", dijo. Cuando le consultaron por su último domicilio, no precisó el número de la calle Olavarría en el barrio de Barracas: allí, en el hotel familiar ubicado en el 1621, ocurrió el ataque. Respondió que era vendedor ambulante de bebidas y garrapiñadas en canchas de fútbol, antes había sido empleado gastronómico. Siguió la audiencia atento, mirando a cada abogado que tomaba la palabra. En una sala muy fría nunca se sacó la campera con la que fue trasladado desde el penal de Ezeiza donde cumple la prisión preventiva. Dijo que toma medicación para dormir, que tiene dos hijos adultos con los que no está en contacto hace años y seis hermanos con los que no habla desde la detención. En la sala no lo acompañaba nadie.
Oral y público
La publicidad de los juicios penales es la regla. Además, hubo pedidos explícitos para que las audiencias se transmitieran de manera online por la relevancia pública del caso. Frente a ello, y considerando las objeciones de la defensa oficial y precedentes judiciales, la semana pasada el tribunal anticipó limitaciones a la transmisión al debate: solo se mostrarían en vivo la audiencia de apertura, alegatos y veredicto.
Sin embargo, tras un pedido explícito de la abogada Luciana Sánchez, el tribunal resolvió hacer lugar parcialmente, aunque anticipó que se preservarán aproximadamente 20 de los 50 testimonios, que son en su mayoría los que corresponden a vecinos del hotel de calle Olavarría. Una vez agotado ese grupo de testigos, el debate será completamente público y televisado. La resolución será revisada antes de cada jornada en función de las personas citadas y pesa una restricción especial sobre testigos técnicos o expertos, quienes no pueden presenciar las audiencias hasta que declaren.
La próxima audiencia será este viernes 22, en la que declararán dos policías de la Ciudad de Buenos Aires, y será pública y televisable.