JORNADA 17 

 ALEGATOS:
“LAS MATÓ POR MUJERES Y LAS MATÓ POR LESBIANAS”

La querella colectiva de la Federación Argentina LGBT insistió en el impacto que tuvo el crimen para toda la comunidad. El fiscal reconstruyó el contexto de discriminación en el hotel y sostuvo que los agravantes de violencia de género y odio a la orientación sexual deben aplicarse juntos.
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Con los alegatos de la querella colectiva y la fiscalía, el miércoles 28 de octubre terminó la etapa de acusación en el juicio por el crimen de Barracas, que comenzó en mayo ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°5. 

La Federación y la fiscalía coincidieron en pedir que el Tribunal aplique los agravantes de violencia de género y de odio a la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de las víctimas. Con variantes en los enfoques y argumentos propios, las cuatro partes acusadoras reclamaron que el ataque contra Pamela Cobbas, Roxana Figueroa, Andrea Amarante y Sofía Castro Riglos sea considerado como un femicidio y un crimen por prejuicio. La defensa tendrá una audiencia propia el próximo miércoles 11 de noviembre, antes de la sentencia prevista para el 18.

LA QUERELLA COLECTIVA: “ES REALMENTE HISTÓRICO PARA NOSOTRES ESTAR ACÁ”

La Federación LGBT recién fue reconocida como querellante por la Cámara de Casación en 2024. La abogada Samanta Pedrozo comenzó su alegato valorando esa decisión. “Es realmente histórico para nosotres estar acá”, dijo y remarcó el impacto que el ataque tuvo en toda la comunidad. También habló en nombre propio: “Soy mujer y soy lesbiana y necesito que el sistema me cuide”, al pedir que se protejan y respeten las identidades y proyectos de vida de todas las personas. 

El acusado Justo Fernando Barrientos siguió la audiencia por zoom desde una sala en el penal de Ezeiza, donde cumple prisión preventiva. Pedrozo se anticipó a una posible línea de defensa al aludir a la autolesión que se causó la noche del ataque y al estado de lucidez del imputado. Recordó que las pericias descartaron que hubiera tomado alcohol o drogas. “Es un hombre violento que tomó la decisión de exterminar a cuatro mujeres”. 

Recordó también que la sobreviviente Sofía les contó a las profesionales de la Defensoría del Pueblo y a la trabajadora social que la acompañó en el hospital que tenían miedo en el hotel y que las molestaban porque eran pareja. “Esto no fue un crimen aislado”, sostuvo Pedrozo y señaló un contexto de violencia y discriminación relacionado con ser cuatro personas abierta y visiblemente lesbianas. 

Apoyó esta aseveración en los testimonios de los vecinos, que a lo largo de las audiencias fueron mostrando cómo eran percibidas las dos parejas dentro del hotel: “tortilleras asquerosas”, “raronas”, “toscas”, “grandotas”, “poco femeninas”. Señaló que algunos testimonios buscaron justificar a Barrientos y culpar a las víctimas, como había hecho un amigo suyo que murió antes del juicio, pero que llegó a hablar con los medios para tratar de responsabilizarlas de su propia muerte. Y advirtió: “No vaya a ser que la defensa pretenda traer la idea de que se mataron entre ellas. No, no se mataron entre ellas. Las mató el señor”.

Señaló además otro estereotipo sobre las lesbianas: los celos. “Se dijo en este juicio hasta el cansancio que eran celosas -se quejó-. No eran celos, era cuidado. Era una comunidad de lesbianas que se cuidaban entre sí”, remarcó atacando otro de los prejuicios repetidos en el proceso. Recordó que las cuatro habían vivido en la calle y se sabían vulnerables: “Por eso se cuidaban. Se cuidaron hasta lo último, lástima que no fue suficiente”. 

“Nadie debería sentir vergüenza ni miedo de ser quien es, pero mucho menos nadie debería ser asesinado por eso”, aseguró. Amplió su acusación: pidió condenar a Barrientos por homicidio agravado por odio a la orientación sexual y a la expresión de género de las víctimas, y también por femicidio. “Las mató por odio, las mató por mujeres y las mató por lesbianas”, resumió Pedrozo.

Sobre el “odio”

En su fundamentación del agravante por odio, Pedrozo también recordó la Ley de Identidad de Género, que reconoce la expresión de género como parte de la identidad de las personas. A partir de ello, consideró que el inciso 4 del artículo 80 también comprende los casos en que la víctima es discriminada por expresar su género de maneras que se apartan de los mandatos sociales, por ejemplo, a través de su forma de vestir, hablar o comportarse. Esto incluye, entre otros casos, a las lesbianas cuya expresión de género es percibida socialmente como masculina.

Y aseguró que en los crímenes de odio el objetivo va más allá de las víctimas puntuales sino que busca producir un efecto expansivo: “Todas aquellas personas que pertenecemos al colectivo tenemos miedo que nos pase lo mismo”, aseguró. Al igual que otras querellas, resaltó que Barrientos no las distinguía entre sí: “Decidió matar a cuatro mujeres lesbianas. No a Pamela, Roxana, Sofía y Andrea”. Aseguró que Barrientos las atacó porque no se comportaban como él consideraba que tenían que hacerlo las mujeres. Y porque además habían resistido a su hostigamiento.

El alegato del fiscal

Juan Manuel Fernández Buzzi dio por acreditado “sin ningún lugar a duda” que Barrientos provocó el incendio “en un contexto previo de violencia de género y motivado por el odio” hacia la orientación sexual de las víctimas. 

Señaló que más allá de las faltas de certezas sobre la sustancia utilizada, ha quedado probado que un objeto incendiario fue arrojado de manera deliberada dentro de la habitación en la que descansaban las víctimas. Consideró el testimonio de Sofía, que “afortunadamente” sobrevivió y pudo contar lo que pasó, incorporado a través de actas y otras dos testigos que pudieron hablar con ella, y que coincide con lo que vieron los vecinos. También atacó la versión de Barrientos, que en su breve declaración había pretendido instalar que en realidad había habido una discusión entre ellas. Remarcó que ningún testigo la escuchó. “¿Por qué? Porque no existió”. 

El fiscal habló del contexto en el que habían convivido víctimas y acusado: “Quedó probado en el juicio que no todos, pero varios de los vecinos del hotel sostenían prejuicios hacia ellas y les dispensaron un trato discriminatorio”. Barrientos era uno de ellos. Remarcó que incluso un testigo que habló bien de él confirmó “sin proponérselo” que Barrientos le había advertido que eran “medio raras”. Destacó que Sofía habló de hostigamiento concreto en sus entrevistas durante la internación. Y su pareja, Andrea, había dado una versión coincidente a uno de sus amigos, que declaró en el juicio. 

Una respuesta acorde

El fiscal oidió prisión perpetua para Barrientos y recalcó que el crimen “expresa lo peor de la interacción social: el sexismo, la intolerancia, la discriminación y el odio”. En ese sentido reclamó al Tribunal “una respuesta acorde del sistema de justicia”. 

Planteó que a su criterio el odio debe probarse en la motivación. Señaló la brutalidad del crimen y los insultos referidos a la orientación sexual de las víctimas. “Esta especial saña, elegir este método, quemarlas vivas, empujar a una cuando se estaba escapando, no puede estar motivada en otra cosa que en un sentimiento muy profundo”, remarcó, “no solo las quemó vivas sino que lo hizo de noche, dentro de su habitación, donde convivían”. “En este caso, resulta que hay un tipo penal que recoge la motivación, y de lo objetivo se puede inferir que este hecho estuvo motivado en un sentimiento muy profundo.” 

Fernández Buzzi sostuvo que deben aplicarse ambos agravantes, por violencia de género y por odio, una postura que coincidió con lo planteado por las otras tres querellas. Planteó también “peligro común”, porque el incendio puso en riesgo al resto de los habitantes del hotel y “ensañamiento”, por la elección de la mecánica y el hecho de que intentó impedir el escape y siguió golpeándolas. “Ya estaban quemadas. Iban a morir seguramente. No obstante, él decide seguir, para que sigan sufriendo”. Descartó además cualquier alteración de las facultades de Barrientos. El fiscal  se mostró convencido convencido: sabía lo que hacía. 

Recta final

El próximo miércoles 11 será el alegato de la defensa de Barrientos. La sentencia está prevista para el 18 de noviembre. 
 

 

 JORNADA 16 

ALEGATOS: 
“LAS MATÓ POR LESBIANAS”: LAS QUERELLAS RECLAMARON QUE EL CRIMEN SEA RECONOCIDO COMO FEMICIDIO Y CRIMEN POR PREJUICIO CONTRA LA IDENTIDAD LESBIANA

Las dos querellas que alegaron argumentaron que el crimen estuvo directamente relacionado con la identidad y expresión de género de las dos parejas atacadas. Reclaman que la sentencia lo nombre expresamente.
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Empezaron los alegatos en el juicio por el crimen de Barracas ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°5. El lunes 26 hablaron dos de las tres querellas: la del Ministerio Público de la Defensa, que representa a allegados de Pamela Cobbas y Roxana Figueroa, y la que representa a Sofía Castro Riglos por sí y por Andrea Amarante. Coincidieron en el pedido de prisión perpetua para Justo Fernando Barrientos y en el reclamo para que la Justicia reconozca expresamente que el crimen fue un femicidio (art. 80 inc. 11 del Código Penal de la Nación) motivado además por “odio” y prejuicio por la identidad lesbiana de las víctimas (art. 80 inc. 4).

El alegato del Ministerio Público de la Defensa

Una de las abogadas del Ministerio Público, Carolina Cymerman señaló el contexto del ataque y enumeró cómo se nombraba a las víctimas en el hotel según las declaraciones de los vecinos en este juicio: tortilleras, marimachos, raras, raronas, que no eran normales, grandotas, toscas, chorras, celosas, que andaban armadas, que hacían pactos con el diablo. Cymerman lo definió como la distorsión que provoca el prejuicio y remarcó que nadie dijo haber visto personalmente las conductas que se les atribuían. “Ser lesbiana en ese hotel era peligroso”, afirmó. Lo que hacían las cuatro, dijo, era resistir juntas: se cuidaban para ir al baño, salir a la calle, colgar la ropa o reclamar un plato de comida, y defendían la forma en que elegían vivir como parejas.

Argumentó que la violencia por prejuicio busca “castigar” a quienes se perciben como desafiantes de las normas tradicionales de género y de la heterosexualidad obligatoria, y que la víctima es elegida para transmitir un mensaje de subordinación a todo el grupo. “En este sentido, prender fuego a cuatro mujeres lesbianas es la reproducción de esa estructura y su expresión más extrema. Es una forma de terrorismo sexista”, sostuvo.

“Fue Barrientos quien eligió el balde y el combustible, quien entró a esa habitación, quien arrojó fuego sobre cuatro mujeres y quien cerró la puerta. Que su acto se pueda explicar sociológicamente no lo diluye en una estructura de dominación general ni lo vuelve menos suyo. Por eso Barrientos no es un monstruo ni es una víctima del sistema. Es un hombre que pudo no hacerlo y lo hizo”, insistió.
“Mató porque no soportó que Roxana, que Andrea, que Pamela y que Sofía no se comportaban como a su juicio debían hacerlo las mujeres. Matar para él fue una prerrogativa de macho”, resumió Cymerman.

Borrar las existencias lesbianas

Sobre el “odio” a la orientación sexual, previsto en el agravante del inc. 4 del art.80 del Código Penal, el otro abogado de la querella del MPD, Pablo Rovatti planteó que una de las formas en que puede manifestarse es a partir de distintos indicios receptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y vinculados con el hecho. Uno es la crueldad: “El mensaje de Barrientos sobre los cuerpos de las víctimas es uno que lo que quiere es justamente borrar completamente su huella en el mundo y les niega todo rastro de humanidad. Acá, por ejemplo, le escuchamos a Florencia, la hija de Pamela Cobbas, que dijo que cuando la llamaron para reconocer el cuerpo de su mamá lo pudo reconocer por los dientes, porque no tenía ni pelo ni cara. Es decir, el fuego no dejó ningún otro resquicio en el cual pudiera encontrar a Pamela en ese cuerpo. Y eso es lo que quería Barrientos”.

Marcó la forma en que Barrientos se refirió a ellas: no distinguió a una de otra y no intervino una “hostilidad personal”. Según Rovatti, su “odio no es personal”, sino que “se dirige por igual con la misma saña a la masa indivisa de las tortilleras”. Señaló además que todas las otras razones que se esgrimieron para intentar explicar el crimen resultan banales: “Barrientos mató a cuatro mujeres lesbianas porque eran lesbianas y quiso decirle a todas las demás que eso se paga con la vida”, concluyó.

Segundo alegato por la querella de Sofía Castro Riglos y Andrea Amarante: decir “lesbicidio”

“Para esta querella este homicidio es doblemente agravado por violencia hacia las mujeres, artículo 80 inciso 11, y por discriminación hacia las lesbianas, lesbicidio, artículo 80 inciso 4”, planteó la abogada Luciana Sánchez. Y explicó por qué fue un femicidio: “Fueron percibidas como mujeres, fue menoscabado el goce de sus derechos y de su dignidad, hubo una relación desigual de poder basada en la superioridad de Barrientos como un hombre que tenía más derechos que las mujeres”. Agregó que “no se trata de casos aislados, que los femicidios son un fenómeno sistemático, estructural, social, cultural que está enraizado en costumbres y en mentalidades, en estructuras sociales, la familia, la escuela, la justicia.” Fue también un crimen de odio. Por eso pidió que se apliquen los dos agravantes en concurso ideal, sin que uno absorba al otro: “Que haya más de una vertiente de discriminación y más de un marco normativo protectorio no implica que se consuman. Al revés: “las obligaciones de debida diligencia reforzada que hay tanto sobre los derechos de las mujeres como hacia los derechos de las personas LGBTI+ nos obligan como operadores de justicia a visibilizar y a utilizar específicamente estos dos marcos de protección”. Pidió que la sentencia reconozca el hecho como lesbicidio y femicidio. “Porque el nomen iuris (nombre jurídico) importa”.

Cometió el ataque completamente lúcido

La abogada Luciana Sánchez se detuvo en una de las líneas del descargo de Barrientos, que cree que puede anticipar una estrategia de defensa: dar a entender que fueron ellas las que iniciaron el incendio porque se estaban peleando. Para Sánchez, ese relato se apoya en uno de los prejuicios más dañinos contra las lesbianas: que son celosas y violentas, que se matan entre sí. Que Barrientos atribuya esas características a las cuatro por igual, dijo, muestra que se trata de un estereotipo que busca culparlas a ellas, y no de una descripción de hechos; y se apoya en la idea preconcebida “de que solo las relaciones heterosexuales son normales y sanas y que las relaciones lesbianas son siempre violentas y tóxicas”, así como en un “contexto histórico de prejuicios y estereotipos de género contra las personas LGBTIQ+ (...) que buscan invalidar las relaciones y los proyectos de vida de las personas con identidades lesbianas”. También se anticipó a un posible planteo sobre su estado mental remarcando que se había descartado intoxicación, consumo de drogas y abstinencia. La conclusión: cometió el ataque completamente lúcido.

Fallas en la investigación

Sánchez expuso fallas de la investigación inicial y las vinculó con lo que describió como un abrupto recorte de recursos del Estado nacional y las políticas de ajuste del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo: el balde presuntamente utilizado se guardó en una bolsa de consorcio común y las muestras de sangre de Barrientos se analizaron años después porque no había reactivos. Sus prendas nunca se secuestraron, y tampoco se buscaron restos de combustible en su cuerpo. El juez de instrucción rechazó el pedido policial de allanar su habitación. No se secuestró un segundo balde derretido que se ve en fotografías, tampoco los celulares de las víctimas. La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) nunca fue convocada a la investigación. Sánchez fue enfática al aclarar que incluso con estas fallas es posible probar la autoría.

Heteronorma, cisnorma y un contexto histórico

Sánchez argumentó que la violencia contra las lesbianas no se explica solo por el patriarcado: “Estamos ante formas de desigualdad y asimetría de poder sobre la base de las ideas de cisnormatividad y heteronormatividad”, insistió, ambos conceptos definidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La cisnormatividad es la expectativa social de que todas las personas se identifiquen con el género asignado al nacer; la heteronormatividad considera las relaciones heterosexuales como las únicas naturales, normales e ideales. “Son asimetrías de poder que reflejan dimensiones distintas de la violencia de género, porque la violencia por prejuicio, la violencia hacia las personas LGBTI+, también es violencia de género, solo que abarca estas distintas dimensiones” y “diferenciales”, sostuvo.

Reconstruyó el contexto histórico: en 2010, el propio Estado argentino reconoció ante el Comité CEDAW que no se respetaban plenamente los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Repasó los casos de Pepa Gaitán, Diana Sacayán, Higui de Jesús, Marian Gómez y Tehuel de la Torre, y también el de Lucio Dupuy. Sobre este último sostuvo que en lugar de concentrar el debate en el crimen aberrante sufrido por el niño y en las responsabilidades institucionales que permitieron que la violencia continuara, parte del discurso público, incluso impulsado por autoridades estatales, desplazó el foco hacia la orientación sexual de las condenadas y fue utilizado para reproducir estereotipos y prejuicios contra las lesbianas.

Recordó la reacción del gobierno nacional ante el crimen de Barracas: “El señor Adorni se burló de las víctimas y del movimiento LGBTI+ diciendo que la palabra lesbicidio no estaba en la Real Academia (...). Sería bueno contestarle desde esta sentencia”, reclamó. Mencionó una serie de ataques contra lesbianas que siguieron a este crimen: en la localidad bonaerense de Cañuelas, en el barrio porteño de Recoleta, en Orán, Salta. Y citó un informe de Amnistía Internacional sobre los retrocesos en derechos LGBTI+ desde diciembre de 2023, presentado por la querella en este juicio.

Señaló que no hay datos precisos sobre la violencia contra personas LGBTI+, ni en la Argentina ni en el mundo, por lo que reclamó un enfoque diferenciado, que reconozca la especificidad de la violencia y la discriminación que enfrentan las mujeres lesbianas, considerando la orientación sexual y la expresión de género de las víctimas.

Conocer a las víctimas

Sánchez describió a las víctimas como “una comunidad de lesbianas haciendo familia”. Pamela y Roxana eran pareja desde hacía al menos seis años y vivían en el hotel desde hacía unos dos. Pamela tenía hijos con los que mantenía contacto, y Roxana tenía un hijo y una ex pareja. Andrea era de Neuquén y sobreviviente de Cromañón, donde había perdido a una novia. Con su familia biológica no tenía contacto, pero tenía un hermano de la vida que declaró en este juicio. Sofía tampoco tenía contacto con su familia desde hacía dos años, cuando empezó su relación con Andrea.

La abogada repasó la vida de Andrea y Sofía antes de llegar a la pensión de Barracas: vivían en situación de calle en Neuquén, donde sufrieron un intento de internación, intervenciones policiales y distintas formas de violencia institucional. Ya en la Ciudad de Buenos Aires, los paradores no les permitían compartir espacio como pareja. “Para poder estar juntas tenían que estar en ese hotel o en la calle; no podían estar en ninguno de los paradores”, marcó Sánchez. “El hecho de poder estar juntas era para ellas una prioridad. Y por eso, a pesar de este clima de constante discriminación, se quedaron en ese hotel”. 

Allí, sostuvo, vivieron bajo una presión constante de Barrientos y de otros vecinos. “Estos vecinos no sabían ni quiénes eran las cuatro víctimas, ni cuál era cuál, ni cómo se llamaban, ni dónde vivían, ni si tenían familia, ni qué familia tenían, pero lo que sí sabían era que eran tortilleras, que eran marimachos, que eran trolas, que estaban locas, que eran sucias, que eran chorras, que eran celosas, violentas, que amaban a las mujeres, que odiaban a los varones…que eran raras, raronas, toscas, que no las veían como mujeres”, dijo recuperando ella también algunos de los términos discriminatorios con los que fueron llamadas por los testigos durante el debate. También reconstruyó la discriminación indirecta que enfrentaban cotidianamente bajo prácticas que pueden  parecer neutrales pero que eran restrictivas hacia ellas en tanto percibidas como lesbianas e implicaban “cuestionar su uso de espacios comunes, la restricción de la circulación, el control, la vigilancia de las visitas y la vigilancia sobre sus muestras de afecto”.

“Las cuatro víctimas, a pesar de toda la violencia social e institucional de la que fueron víctimas, fueron descritas por los familiares que pudimos escuchar en juicio como personas con trayectorias de vida sin duda atravesadas por vulnerabilidades, pero no como personas violentas, ni como personas violentas entre ellas, ni que hubieran tenido antes siquiera relaciones violentas ni con hombres ni con mujeres, ni tampoco que fueran particularmente celosas”, subrayó Sánchez. 

Pedido de reparación

La querella de Sánchez cerró su alegato con un pedido de medidas de reparación. Para Sofía, tratamiento psicológico y psiquiátrico gratuito y prioritario por el tiempo que sea necesario. Además de los pedidos de indemnización a Barrientos por incapacidad y lucro cesante, la abogada reclamó al sistema de justicia una reparación económica por haber entregado sus pertenencias y las de Andrea a otra persona, sin vínculo con ellas, para que las descartara. Reclamó además el equivalente a una pensión por viudez de por vida y que se la exima de pagar las tasas del cementerio de Chacarita, donde están los restos de su pareja.

Pidió que la Legislatura porteña evalúe expropiar el inmueble de Olavarría 1621 para convertirlo en un espacio de memoria con el nombre de las cuatro víctimas; que el Estado difunda un resumen de la sentencia en radio y televisión públicas; y que el vocero presidencial comunique la sentencia en conferencia de prensa, del mismo modo en que el vocero de entonces descalificó a las víctimas en 2024. Como garantías de no repetición, pidió un programa para la autonomía de las lesbianas, eliminar la normativa discriminatoria de los paradores y un sistema de datos sobre violencia contra personas LGBTI+ en la Corte Suprema, dada la actual falta de datos. Reclamó también la creación de una unidad fiscal especializada, protocolos forenses con enfoque diferenciado y capacitaciones judiciales obligatorias que lleven el nombre de Pamela, Roxana, Andrea y Sofía.

El miércoles 28 será el turno de la Federación Argentina LGBT, aceptada en este proceso como querella colectiva, y luego la fiscalía. La defensa de Barrientos tendrá una audiencia propia antes de la sentencia. 


 

 JORNADA 15 

DECLARÓ EL ACUSADO: DIJO QUE NO DISCRIMINÓ A NADIE Y NEGÓ HABER INICIADO EL FUEGO

Justo Fernando Barrientos habló desde el penal de Ezeiza en la última audiencia antes de los alegatos. Aseguró no recordar lo que pasó esa madrugada, apuntó contra los vecinos que lo vieron golpear a una de las víctimas y no respondió preguntas.

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“Yo jamás discriminé a nadie, jamás agredí a nadie, nunca pegué a nadie”. El acusado por la masacre de Barracas declaró este jueves 15 de octubre por primera vez en el juicio por el homicidio de Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante, y por la tentativa de homicidio contra Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente. Negó su participación y aseguró no recordar detalles de esa madrugada. 

Barrientos confirmó que compartía con ellas el baño y la cocina de la pensión de Barracas. Aseguró que él no hablaba de “cuestiones personales ni gustos sexuales” con nadie. Sobre las víctimas, dijo: “Ellas pareciera que eran pareja. Respeto hacia ellas y la diversidad. Existe hace muchos años, no puedo opinar sobre eso”. Durante el juicio hubo otros testimonios sobre sus dichos: un vecino de la pensión declaró que Barrientos le había dicho sobre ellas: “Hay unas chicas ahí que son medio raras”. Y otro aseguró que lo había escuchado referirse a las cuatro mujeres como “tortilleras asquerosas”.

Barrientos dijo que había advertido que pasaban problemas económicos y que se había acercado para regalarles fruta y verdura. “En alguna oportunidad una recibió la fruta y pareciera que no le gustó a la compañera de ella y comenzó a agredirme, pero no pasó a mayores”, declaró. 

Su relato sobre la noche del ataque fue breve: “Ellas estaban discutiendo. Fui a tratar de pedirles que pararan porque era muy duro, era muy difícil estar en esa circunstancia, y bueno… de pronto pasó lo que pasó”. En una audiencia anterior, un vecino del último piso había declarado que esa noche no había escuchado ninguna discusión: “Antes no hubo discusión, no escuchamos nada”, dijo. El primer ruido, aseguró, fue el de vidrios rotos. Según el análisis pericial, Andrea y Pamela estaban probablemente sentadas cuando empezó el incendio. Las cuatro estaban dentro de la habitación. 

Barrientos negó su participación en el ataque: “No inicié el fuego”, dijo y aseguró no haber usado nafta ni pintura. Los peritos en incendios y los bomberos que declararon antes coincidieron en que el fuego fue intencional. Uno de los peritos halló marcas compatibles con un líquido acelerante. El teniente de bomberos que intervino esa madrugada había declarado que Barrientos tenía “el mismo olor que había en todo ese pasillo”, donde se sentía un fuerte olor a alcohol. Otro vecino había asegurado que un vecino ya fallecido le había contado que Barrientos “se las había jurado que las iba a prender fuego”.

El acusado sí reconoció haber estado presente. Incluso dijo haber pretendido ayudar a las víctimas: “A una chica que estaba tirada ahí en el fuego”. Después declaró que no sabe qué pasó: “Perdí la cabeza totalmente - alegó- . Cuando me di cuenta estaba con un parche en el cuello, detenido”. Los dos policías que lo asistieron esa madrugada declararon que estaba lúcido y que él mismo dio su nombre y datos a los médicos que lo atendieron. Barrientos fue hallado en un baño de la terraza, con un cuchillo y una herida en el cuello que, según el bombero que lo rescató, se había hecho él mismo. Por esa herida fue trasladado al Hospital Argerich, ya con custodia policial.

DESDE EZEIZA

En una audiencia virtual con algunas dificultades de sonido, Barrientos habló desde el penal de Ezeiza, donde cumple prisión preventiva. Durante casi todo el proceso había preferido retirarse de la sala de audiencias y seguir el juicio desde una sala contigua. No quiso escuchar personalmente a ninguno de los vecinos de la pensión de Barracas. 

En esta declaración apuntó especialmente contra dos de ellos: uno había declarado haber visto a Barrientos no ayudando sino dando golpes de puño a una de las chicas que trataba de apagarse las llamas y escapar del fuego. “Le pegó piñas, y piñas”, había dicho. Barrientos aseguró que había tenido “diferencias” con ellos, acusó a uno de agredir físicamente a su pareja y lamentó sus declaraciones en el juicio. “Fueron muy crueles conmigo”, se quejó. No respondió preguntas de ninguna de las partes. 

Que hablara recién ahora fue una decisión de su defensor oficial, Ricardo Richiello. Hasta hoy, el tribunal había escuchado casi cinco meses de testimonios sobre la madrugada del 5 al 6 de mayo de 2024, cuando el fuego arrasó la habitación que las dos parejas de lesbianas compartían en la pensión de la calle Olavarría. Vecinos y profesionales que las conocían contaron cómo vivían antes del ataque: con miedo, evitando circular solas por los espacios comunes. 

Sofía no pudo declarar. El Cuerpo Médico Forense confirmó que no está en condiciones de hacerlo. Desde el ataque, sigue con acompañamiento médico y tratamiento psiquiátrico.

ETAPA FINAL

La acusación sostiene que Barrientos actuó con violencia de género y por prejuicio hacia la orientación sexual de las víctimas. Son los agravantes de los incisos 11 y 4 del artículo 80 del Código Penal. Que el tribunal los reconozca es el centro del reclamo de justicia que sostienen desde 2024 las organizaciones lésbicas, LGBTI+ y de derechos humanos.

Los alegatos serán el lunes 26 y el miércoles 28 de octubre. Hablarán la fiscalía, a cargo de Juan Manuel Fernández Buzzi, las tres querellas y la defensa. Las querellas son las de Luciana Sánchez, por Sofía y Andrea; Carolina Cymerman y Pablo Rovatti, del Ministerio Público de la Defensa, por allegados de Pamela y Roxana; y Samanta Pedrozo, por la querella colectiva de la FALGBT. Después, el tribunal que preside Adrián Pérez Lance, junto a Cinthia Oberlander y Juan Manuel Grangeat, dará a conocer el veredicto.
 

 JORNADAS 13 Y 14 

YA NO HAY TESTIGOS Y EL ACUSADO HABLARÁ ANTES DE LA SENTENCIA

La defensa de Justo Fernando Barrientos anticipó que el próximo 15 de octubre el acusado va a hacer uso de su derecho a ser escuchado. El tribunal rechazó los testimonios de expertas ofrecidos por la querella que representa a la única sobreviviente.

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En una breve audiencia virtual este viernes 25 de septiembre, el defensor oficial adelantó que Justo Fernando Barrientos va a declarar en la audiencia del 15 de octubre, que está previsto sea la última antes de los alegatos. No adelantó si responderá preguntas.  

Ya no quedan testigos por declarar. En la audiencia anterior, el lunes 14, el tribunal resolvió no admitir cuatro testimonios ofrecidos por la querella de Sofía Castro Riglos. Todos buscaban dar cuenta de distintos aspectos de la violencia  hacia las lesbianas y el contexto en el que ocurrió el ataque contra Pamela Cobbas, Roxana Figueroa, Andrea Amarante y Sofía Castro Riglos.

“Para nosotras era importante acercar esta información al tribunal. Se la propusimos porque entendemos  que es útil para probar el contexto de violencia hacia las personas LGBTIQ+ en el que ocurrió este crimen”, asegura Luciana Sánchez, quien representa a Sofía y a Andrea. 

Dos de los testimonios rechazados eran de las periodistas e investigadoras Adriana Carrasco y Marta Dillon, referentes de la militancia lesbiana. Sánchez señala que las muertes violentas de lesbianas no se registran como tales ni en las estadísticas estatales ni en los relevamientos de organizaciones sociales. La abogada trazó un paralelo con los femicidios: “Cuando no había registros oficiales, el conteo se hacía sobre la base de lo publicado en la prensa. En el caso de las lesbianas se suma un problema: esas mismas notas periodísticas suelen ocultar la orientación sexual de las víctimas. Carrasco y Dillon son el archivo vivo de los lesbicidios en nuestro país. Son dos personas que registran estos hechos de manera sistemática y ofrecen una lectura sobre ello”, explicó. El Tribunal consideró que el aporte no era necesario. 

También rechazó el testimonio de María Paula García, coordinadora del área de Igualdad y Diversidad en Amnistía Internacional Argentina. Sánchez pretendía traer al juicio el conocimiento de la institución respecto a las manifestaciones objetivas de discirminación contra las lesbianas, relevadas en todo el mundo, y asimismo las presentaciones que la organización hizo ante organismos internacionales de Derechos Humanos sobre el aumento de la violencia hacia las personas LGBTIQ+ en Argentina, los retrocesos en políticas de género desde la asunción de Javier Milei y sus efectos concretos: entre ellos, , el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminacion, y del Ministerio de Mujeres y Diversidades. Esta institución tenía contacto con Sofía y Andrea a través del programa Acompañar, por la discriminación que habian sufrido en paradores de CABA. Cuando fue cerrado, ellas quedaron sin apoyo estatal efectivo. 

El otro testimonio  correspondía a Alejandra Rodríguez y María Medrano, referentes de la cooperativa de trabajo Yo No Fui, quienes vienen acompañando  a Sofía en su recuperación y para el sostenimiento de sus necesidades cotidianas de supervivencia, desde del ataque de mayo de 2024. Este ataque implicó no solo la muerte de su pareja y sus compañeras sino la pérdida de todas sus pertenencias y del lugar donde vivía. 

Por qué el contexto importa

¿Por qué buscar pruebas de contexto si lo que se juzga es un hecho concreto? Para Sánchez, la respuesta está en cómo se entiende el agravante por odio del artículo 80, inciso 4, del Código Penal. “Al hablar de odio, muchas veces se entiende que estamos hablando del sentimiento, pero es un concepto jurídico que implica discriminación, por ejemplo por orientación sexual o identidad de género. Ese concepto debe interpretarse a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos que definen la discriminación hacia las personas LGBTIQ+ como histórica y estructural - explica Sánchez -. Esa complicidad social y esa desigualdad estructural es lo que fundamenta la mayor pena”. 

El rechazo de estos testimonios no significa necesariamente que el tribunal vaya a ignorar este aspecto a la hora de dictar sentencia. Desde mayo, gran cantidad de testigos dieron cuenta de situaciones de discriminación contra las víctimas, dentro del hotel donde ocurrieron los crímenes pero también en otros ámbitos. Siempre asociadas al hecho de ser lesbianas. 

 JORNADA 12 

EL CUERPO MÉDICO FORENSE CONFIRMÓ QUE SOFÍA CASTRO RIGLOS NO ESTÁ EN CONDICIONES DE DECLARAR 

Durante la audiencia virtual del lunes 31 de agosto, el cuerpo médico forense confirmó que Sofía Castro Riglos no está en condiciones de prestar declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°5. En coincidencia con lo que ya había informado su abogada, Luciana Sánchez, y a partir del diálogo con los profesionales médicos que la asisten determinaron que no es posible entrevistarla para evaluación.

"Es muy importante la decisión del tribunal de respetar el diagnóstico y las recomendaciones del equipo tratante, que ciertamente fueron también sostenidas positivamente por el cuerpo médico forense", aseguró Sánchez al finalizar la audiencia. 

Castro Riglos fue la única sobreviviente del ataque incendiario ocurrido en mayo de 2024 en una pensión de Barracas, en el que murieron Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y su pareja, Andrea Amarante. Ella estuvo internada casi un mes y desde el alta a principios de junio de 2024 continúa con acompañamiento médico.

El Tribunal no resolvió aún si aceptará la incorporación de sus dos declaraciones hechas ante personal policial durante su internación, los días 7 y 14 de mayo de 2024. El juicio continuará el lunes 14 y el miércoles 16 de septiembre, a las 9.30, con una nueva ronda de testigos.

 

 JORNADA 11 

EL CUERPO MÉDICO FORENSE EVALUARÁ EL ESTADO DE LA ÚNICA SOBREVIVIENTE

El Tribunal ratificó la decisión de que se evalúe si Sofía Castro Riglos está en condiciones de prestar declaración en el juicio. En principio, será a través de una entrevista con sus médicos tratantes. 

La audiencia del 14 de agosto fue breve, sin participación de testigos. El único punto en agenda fue avanzar en la determinación sobre la necesidad o no de contar con el testimonio de Sofía Castro Riglos y si serán tenidas en cuenta las declaraciones que la sobreviviente ya hizo ante personal policial tras el hecho. 

Hasta la semana pasada la fiscalía y las querellas habían coincidido en pedir que excepcionalmente se tomaran esas declaraciones teniendo en cuenta que su abogada Luciana Sánchez había acreditado en varias ocasiones que no está en condiciones de participar de este juicio que juzga a Justo Fernando Barrientos por el homicidio agravado de Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante, y por la tentativa de homicidio agravado contra ella misma. 

Ante la oposición de la defensa, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°5 había pedido la evaluación de Sofía para determinar si está en condiciones de declarar, medida que generó reservas y quejas tanto de la querella de la sobreviviente como de la misma defensa. Luciana Sánchez, abogada de Castro Riglos, argumentó que la mera entrevista ante el Cuerpo Médico implica un nuevo daño a su salud y que sería revictimizante;  Ricardo Richiello, el defensor oficial, remarcó que se había opuesto a la incorporación de los testimonios previos, pero que coincidía en no solicitar su declaración. De hecho ninguna de las partes ha pedido la presencia de Castro Riglos ante el tribunal. 

La decisión del Tribunal

Para evitar una posible nueva instancia judicial , Sánchez desistió ahora del pedido de sumar aquellas declaraciones originales de Sofía. Samanta Pedrozo, de la querella de la Federación FALGBT, apoyó la postura: "Teniendo en cuenta que la defensa jamás pidió que venga a declarar sino que cuestionaba la incorporación por lectura, es que decidimos que no necesitamos ni la incorporación por lectura como tampoco que se la cite. Así que adherimos al desistimiento y al pedido de Luciana Sanchez, que es quien representa sus intereses", argumentó. La defensa también mantuvo su posición en contra. 

Pero el fiscal Juan Manuel Fernández Buzzi mantuvo el pedido original. También la querella representada por el MPD en la voz de Carolina Cymerman sostuvo la importancia de contar con las declaraciones previas de la víctima, independientemente de su valoración en los alegatos finales. 

El Tribunal se retiró a deliberar y regresó con una decisión: mantener la medida de evaluación del cuadro de salud de Sofía Castro Riglos. Insistió en que los peritos del cuerpo médico forense se contactarán primero con el equipo médico tratante para reunir la información necesaria y definir si está en condiciones de prestar declaración. La posibilidad de que sea entrevistada directamente queda todavía abierta. 

La próxima audiencia será el lunes 31 de agosto, a las 9 horas.

 

 JORNADA 10 

PERITOS, MÉDICAS Y UN VECINO: LO QUE DEJÓ LA DÉCIMA AUDIENCIA POR LA MASACRE DE BARRACAS

Declaró un químico que analizó elementos secuestrados tras el incendio, médicas que atendieron al acusado y un habitante más del hotel de la calle Olavarría que aportó cuál era la visión de los hechos entre los vecinos. 

Cuatro testigos declararon en la audiencia del 7 de agosto del juicio por la masacre de Barracas. Justo Fernando Barrientos está acusado del homicidio agravado por violencia de género y por odio a la orientación sexual de Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante, y de la tentativa de homicidio agravado contra Sofía Castro Riglos. Es la décima jornada ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°5, que ya anticipó que el juicio continuará al menos hasta septiembre. 

La primera en declarar fue la médica que atendió a Barrientos esa misma noche de mayo de 2024 en el Hospital Argerich. Al ser cirujana, su contacto fue breve porque el paciente no requería ninguna atención quirúrgica. Declaró que no tuvo diálogo con él porque no respondía a las preguntas, y que solo recordaba el olor a quemado que tenía. Cuando el tribunal le exhibió un documento firmado por ella misma asegurando que estaba alcoholizado, dijo ahora sí recordarlo: aseguró que no había realizado pruebas pero que tenía olor a alcohol y estaba segura de que era aliento etílico. También declaró Erika Leiva, médica de la Policía de la Ciudad, que le realizó el examen médico legal a Barrientos ese mismo día, más tarde. No consignó aliento etílico ni estado de ebriedad. Tampoco lo notaron los policías que ya declararon en las primeras audiencias de este juicio. 

El segundo testigo fue el perito químico Julián Lotito, que analizó las muestras recolectadas en la escena: el balde blanco con signos de combustión y parte de la ropa quemada de las víctimas, hallada en el baño. Aseguró que en tres de los textiles se detectaron hidrocarburos en distintas proporciones. El perito fue insistente en aclarar que no puede determinar con certeza a qué sustancia específica corresponden esos hidrocarburos, porque el proceso de combustión y el paso del tiempo hacen que se pierdan compuestos.

El tercer testigo fue un último vecino del hotel de Olavarría, que vivía en la planta baja del edificio. Dijo que no había tenido trato con las víctimas ni con Barrientos y que la noche del hecho fue sacado del lugar por bomberos y personal policial. Contó que se enteró de lo sucedido por comentarios de otros residentes del hotel que decían que uno había comprado nafta y “quemado a unas lesbianas”.

Sobre el testimonio de Sofía 

La audiencia cerró con un extenso intercambio al respecto de la posibilidad de incorporar al juicio las declaraciones previas de la única sobreviviente, dada su imposibilidad de declarar en este juicio. Sofía Castro Riglos sufre consecuencias psicológicas después del ataque en el que murieron su pareja y dos amigas, quienes también eran pareja. Ella misma estuvo internada casi un mes. 

La fiscalía y las querellas habían coincidido en el pedido pero encontraron la negativa de la defensa, que aduce que aquellos testimonios no fueron tomados bajo juramento ni ha tenido posibilidad de hacer preguntas. El tribunal dispuso entonces que el cuerpo médico forense evalúe, primero a través del equipo médico tratante, si Castro Riglos está en condiciones de ser directamente entrevistada o prestar declaración. 

El defensor oficial, Ricardo Richiello, presentó una reserva contra la medida: remarcó que ninguna de las partes había pedido que Castro Riglos declarara, ya que lo que se discutía era la incorporación por lectura de sus testimonios previos, no su comparecencia. También argumentó en contra de la posible evaluación la abogada de Castro Riglos, Luciana Sánchez; dijo que la mera entrevista con el cuerpo médico forense resulta revictimizante y que sería dañino para su proceso de recuperación. "Sofía Castro Riglos no está mejor ahora en relación a cómo estaba durante la instrucción, sino que está mucho peor”, aseguró. 

El juicio comenzó el 18 de mayo y está previsto que continúe al menos hasta septiembre. La próxima audiencia pública se fijó para el viernes 14 de agosto. 

 

 JORNADA 9 

PERITOS Y BOMBEROS COINCIDEN EN QUE EL INCENDIO DE BARRACAS FUE INTENCIONAL

El juicio por el crimen de Barracas se reinició tras la feria judicial de invierno ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°5. Justo Fernando Barrientos está acusado de matar a Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante, y de intentar matar a Sofía Castro Riglos, en un ataque incendiario ocurrido en la madrugada del 5 al 6 de mayo de 2024 en una pensión de Olavarría al 1600. La acusación sostiene que actuó con violencia de género y por prejuicio hacia la orientación sexual de las víctimas.

Esta novena jornada giró en torno a una pregunta central: cómo se originó el fuego que causó la masacre. Declararon dos peritos especializados en incendios, un bombero que participó del operativo la noche del ataque y una perito fotográfica de la policía científica.

El punto de origen y las marcas del fuego

El subinspector Emanuel Mora, de la Subdirección de Siniestros de la Policía Federal, fue el primero en declarar. Explicó que, a partir del análisis de los patrones de quemadura, el punto de origen del fuego se ubicó en una de las camas de la habitación, y que las marcas relevadas resultaban compatibles con la presencia de un líquido acelerante más que con una simple propagación por radiación de calor. Consultado por las querellas sobre el mecanismo posible, Mora explicó que existían distintas hipótesis técnicas -que la sustancia hubiera sido encendida antes de arrojarse, o arrojada y encendida después- pero que no podía determinar la secuencia con la evidencia disponible.

Sí pudo analizar que Andrea Amarante y Pamela Cobbas estaban probablemente sentadas al momento de comenzar el incendio, en función de las pocas zonas de sus cuerpos que no presentaban lesiones térmicas. En el caso de Amarante, los glúteos; en el de Cobbas, la parte trasera de las piernas.

El segundo testigo, Víctor Castro Vidriales, de la Policía de la Ciudad, trabajó en la escena una vez controlado el incendio. Declaró que el pasillo que comunicaba la habitación de las víctimas con los espacios comunes tenía "fragancia a alcohol".

De ese mismo pasillo se secuestró un tacho de pintura usado como balde, en el que el personal también notó olor a alcohol. El fiscal Juan Manuel Fernández Buzzi le había preguntado qué debería verse en un recipiente si el líquido inflamable hubiera sido encendido y arrojado.

—Tendría que tener por lo menos restos de un tiznamiento leve. Por lo menos algo tiene que haber en el recipiente.

Minutos después, Luciana Sánchez, abogada querellante en representación de Sofía Castro Riglos y de Andrea Amarante, le pidió observar una fotografía del mismo balde incorporada como prueba.

—¿Qué es eso negro que tiene adentro?

—Me había olvidado eso. Tiene un tiznamiento.

—¿Tiene tiznamiento?

—Sí. Tiznamiento leve, muy leve. Tengo también marcas de derretimiento en la manija.

—¿Hay marcas de derretimiento en la manija?

—Sí. 

El rescate y la escena en el momento del hecho

El teniente Ariel Demonte, de la estación de Bomberos N°3 de Barracas, relató el operativo de la noche del ataque. Contó que su dotación llegó al lugar minutos después del alerta y que, al ingresar, rescataron a varias mujeres con quemaduras que intentaban salir de la habitación y de uno de los baños. Declaró también que, luego se halló a un hombre -Barrientos- en el baño de la terraza del edificio, con una herida de arma blanca autoinfligida en el cuello. Demonte también señaló que en el lugar se percibía un fuerte olor a alcohol, particularmente en la zona del pasillo.

Pedrozo, abogada de la querella de la FALGBT, consultó si a esa persona le había sentido algún olor particular. Dijo que sí. "El mismo olor que había en todo ese pasillo". Aseguró también que cuando lo trasladaban hasta la planta baja "se escuchaba decir 'las quisiste matar'".

El fiscal preguntó si había podido establecer contacto con las víctimas después del rescate:

—¿Le dijeron algo?

—Solo gritos y alaridos de dolor.

Lo que dejó la jornada

La última testigo de la jornada, Gisela Gamarra, perito fotográfica de la Superintendencia de Policía Científica, describió el relevamiento realizado en la escena, incluido el hallazgo en uno de los baños de una toalla húmeda con manchas compatibles con sangre y el filo de una cuchilla, ambos hallazgos aún sujetos a la pericia correspondiente.

El conjunto de las declaraciones técnicas coincidió en un punto: todas las pericias apuntan a que el fuego tuvo un origen intencional y concentrado, sin que hasta el momento se haya podido establecer con precisión el mecanismo exacto de cómo se produjo. Ese dato, sostenido tanto por los peritos en incendios como por el relato del personal de bomberos que intervino esa noche, fue remarcado por las querellas como un eje central de la prueba acumulada hasta ahora en el juicio.

Un dato llama la atención al repasar el conjunto de pericias relevadas hasta ahora: se analizó la habitación donde se originó el fuego, los baños del primer piso, el pasillo y hasta el baño de la terraza donde fue hallado Barrientos, pero en ningún momento se mencionó una pericia sobre la habitación del propio acusado. Nunca fue allanada. Se trata de una omisión de la etapa de instrucción que deja al juicio sin evidencia que podría haber resultado relevante.

 

 JORNADA 8 

“NO ERA UN HECHO AISLADO”: UN EQUIPO ESPECIALIZADO YA HABÍA IDENTIFICADO VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA ANDREA Y SOFÍA EN UN PARADOR

Tres profesionales del Centro de Justicia de la Mujer declararon sobre los pedidos de ayuda que Andrea Amarante y Sofía Castro Riglos habían hecho en 2022 cuando vivían en forma transitoria en centros de inclusión social. Situaciones de acoso y hostigamiento meses antes del ataque en la pensión de Barracas.

El miércoles 15 de julio se realizó la octava audiencia del juicio oral y público por el crimen de Barracas, en el que se juzga a Justo Fernando Barrientos por el homicidio agravado de Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante, y por la tentativa de homicidio agravado contra Sofía Castro Riglos, única sobreviviente del ataque incendiario ocurrido en una pensión de Olavarría al 1600 en mayo de 2024. Con la mayoría de las partes conectadas de forma virtual, declararon de manera simultánea la abogada Carla López, el abogado Leandro Seijo, coordinador de la oficina de violencia doméstica y género, y la licenciada en trabajo social Karina Molina, los tres del Centro de Justicia de la Mujer, dependiente del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

El interrogatorio estuvo a cargo de la querellante Luciana Sánchez, quien representa a Sofía Castro Riglos y, en su nombre, también a Andrea Amarante. Para la querella, este testimonio sirvió para probar algo puntual: “La situación de vulnerabilidad social en la que se encontraban Sofía y Andrea no era algo del momento del hecho, sino una situación crónica”. También que sufrir violencia por ser una pareja lesbiana no era una novedad para ellas sino una situación que ya habían atravesado de manera reiterada.

UNA VIOLENCIA REPETIDA

Los tres profesionales reconstruyeron un patrón: fueron citados por un informe del 22 de diciembre de 2022 pero esa no era la primera vez que Andrea y Sofía llegaban al Centro de Justicia de la Mujer, un espacio gratuito de atención y asesoramiento para mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ en situación de violencia por motivos de género. 

Andrea y Sofía ya habían concurrido el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de ese año, ocasiones en las que se elaboró un informe de riesgo primero y una actualización de riesgo después. Denunciaban a un varón del centro de inclusión estatal en el que estaban alojadas: relataron insultos, empujones, un episodio en el que dos hombres (que suponían relacionados) interceptaron a Andrea en el Parque Lezama con amenazas, y un hecho que inquietó a Sofía: su ropa interior que había dejado secándose apareció cortada.

Seijo detalló que, según lo que Andrea y Sofía relataron en esos encuentros, el hostigamiento incluía insultos que él citó textualmente: “Les decían 'mira las trolas' y 'mirá qué lindo culo, te voy a atender'”, especificó. En el último informe del 22 de diciembre se sumaron relatos de golpes en las puertas, golpes en las ventanas de la habitación que compartían, como parte de la misma conducta hostil.

Explicaron que habían dicho que evitaban moverse solas por el lugar. Igual a lo que otros reconstruirían después sobre cómo era la vida en la pensión de Barracas antes del ataque fatal. Una continuidad que la querellante Sánchez insiste en señalar que no se trata de una casualidad.

“SIEMPRE SE PRESENTARON COMO PAREJA”

Consultada por Sánchez sobre el trabajo del Centro de Justicia, López lo definió así: “Pertenece al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde asesoramos y orientamos a mujeres y al colectivo LGBTIQ+ en situación de violencia por motivos de género”. Agregó que es “un centro abierto y gratuito a la comunidad”, que atiende de manera espontánea o con cita previa, y que aborda “todos los tipos y modalidades de violencias enumerados en la ley 26.485”.

Sobre si Andrea y Sofía habían sido citadas o habían acudido por su cuenta, López coincidió con lo que ya había dicho Seijo: “lo mismo que mi colega, que acudieron en forma espontánea, en forma de pareja”.

Andrea y Sofía habían reportado consecuencias de sus denuncias: se les había prohibido el reingreso al centro de inclusión de Tacuarí, donde habían estado alojándose y se planteaba la reubicación en otro dispositivo. Los testigos dijeron desconocer el motivo institucional de esa restricción, y aclararon que ellas la vivieron como una prohibición y censura, no como una medida destinada a protegerlas a ellas.

Los tres profesionales insistieron en que Andrea y Sofía mostraban su vínculo abiertamente. Y que eso traía consecuencias: “Se trataba de una violencia por su orientación sexual”, marcó Seijo, que además hizo foco en la dependencia habitacional de Andrea y Sofía como un factor que agravaba lo que llamó “asimetría de poder” frente a quienes las hostigaban: “Básicamente no tenían otro lugar donde ir. O por lo menos así nos lo referían”. Molina agregó que este tipo de situaciones no era una excepción para el equipo: “Habitualmente en el centro de justicia solemos atender al colectivo LGBTIQ+ en similares situaciones de violencia por motivos de género.”

CONOCER A LAS VÍCTIMAS

Sánchez fue quien pidió al Tribunal la convocatoria de estos tres testigos para poder mostrar la vulnerabilidad de Sofía y Andrea. Aseguró que el testimonio también sirvió para mostrar que ellas “se presentaban públicamente como pareja” y que “identificaban que sufrían agresiones por ser una pareja lesbiana”. 

Sánchez remarcó que fue “un equipo especializado” el que calificó como violencia de género “distintas situaciones, insultos, hechos de intimidación como pararse en el sector de la habitación de ellas o golpear sus puertas y ventanas, o cortarles la ropa interior tendida”. Aclaró que, si bien en este juicio se juzga a Barrientos y los profesionales del centro se referían a otras personas como presuntas agresoras, “entendemos desde la querella que es relevante que un equipo especializado haya valorado estas situaciones que ellas vivieron antes, como violencia de género”, porque son “las mismas situaciones que escuchamos de los vecinos del hotel donde vivían las 4 juntas y donde fueron asesinadas”. 

Para la querellante, el valor de este testimonio está en el marco que ofrecen estos expertos: “Lejos de naturalizar la violencia hacia ellas, que es lo que se hace habitualmente, caracterizaron los insultos y las intimidaciones como violencia de género”. Desde su experiencia recibiendo habitualmente denuncias de mujeres y personas LGBTIQ+ por situaciones de este tipo señalaron que las caracterizan como violencia “cuando encuentran asimetrías de poder”. Esas asimetrías, señaló Sánchez, condicionaron a Sofía y Andrea en 2022, quienes tenían “dependencia de los lugares de la ciudad como paradores y centros de inclusión para habitar y falta de recursos propios para poder protegerse”.

Sánchez insistió en que se trata de “un testimonio importante porque son personas que tuvieron contacto con Andrea y con Sofía fuera del hotel donde sucedieron los hechos: es muy importante poder saber quiénes son las víctimas a través de estos otros testimonios”. Para la querella, la conclusión es clara: “la violencia que sostenemos que vivieron en la pensión donde fueron asesinadas y Sofía se salvó de milagro, no era un hecho aislado”.

El juicio tendrá su próxima audiencia el miércoles 5 de agosto, después de la feria judicial.

 

JORNADA 7

"SE LAS HABÍA JURADO QUE LAS IBA A PRENDER FUEGO": VECINOS DEL HOTEL DESCRIBIERON CÓMO ERA LA CONVIVENCIA ANTES DEL ATAQUE

Declararon los últimos habitantes de la pensión de Olavarría donde ocurrió el incendio. Las partes buscan establecer cómo era el vínculo entre el acusado y las víctimas antes del ataque. 

El miércoles 1 de julio se realizó la séptima audiencia del juicio oral y público por el crimen de Barracas. Declararon un empleado del Hospital Argerich que participó de la atención del acusado, dos efectivos de la división homicidios de la Policía de la Ciudad y dos vecinos del hotel de Olavarría 1621 donde ocurrió el ataque incendiario.  

Ernesto Rafael Pardo, de 67 años, lleva entre 14 y 15 años viviendo en el hotel de Olavarría 1621. Dijo haber conocido a Justo Fernando Barrientos como vecino solamente, que mantenían conversaciones casuales sobre fútbol, boxeo y política. Sobre las víctimas dijo que las veía poco por su rutina laboral pero que el acusado le había dicho: “Hay unas chicas ahí que son medio raras”. Consultado sobre su propia percepción, Pardo describió a las víctimas como “grandotas, así, toscas. No eran femeninas desde el punto de vista mío” y agregó: “Después me enteré que eran lesbianas, cuando pasó la desgracia”. Describió al acusado como “no agresivo” y dijo que de las víctimas se decía que eran conflictivas, pero no pudo citar ningún evento puntual: “Se corría ese runrún”, explicó. 

Horacio Roberto Ferreira tiene 73 años y vive en la planta baja del mismo edificio del barrio de Barracas. Dijo que la madrugada del incendio se enteró de lo que estaba pasando recién cuando fueron a buscarlo para evacuar y pudo preguntar en la vereda qué era lo que había pasado. Insistió en que conocía los hechos a través de otro vecino: “Me contó Miguel que las minas le cagaban la vida [a Barrientos] y se las había jurado que las iba a prender fuego… y las prendió fuego”, aseguró. Se refería a Miguel Mazza, vecino del mismo piso que Barrientos y las víctimas, quien falleció semanas antes del comienzo de este juicio. Su esposa se encuentra internada en una residencia geriátrica y tampoco podrá ser interrogada. 

La declaración de los vecinos es clave para establecer el clima de convivencia previo al ataque en el que murieron Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante y al que logró sobrevivir Sofía Castro Riglos. Las versiones entre los distintos habitantes de la pensión han tenido diferencias.

Ferreira aseguró que no hubo problemas mientras solamente vivía una pareja (la de Cobas y Figueroa) a las que describió como “buenitas” y “mansitas”. “Cuando vinieron las peruanas empezó el quilombo”, aseguró en referencia a la segunda pareja, aunque ambas eran argentinas. 

“¿Cómo pudo identificar que eran peruanas?”, consultó Carolina Cymerman, abogada querellante. “Porque eran chorras”, respondió Ferreira que también aseguró no haber escuchado nunca expresiones discriminatorias de Barrientos hacia ellas. Insistió en enmarcar el crimen como un conflicto entre vecinos y relató los incidentes que había escuchado de boca del vecino fallecido. 

—Es lo que contó Miguel. Las minas lo tenían pelotudo [al acusado] y se las había jurado. 

—¿A las cuatro?

—Sí, estaban las 4. Fue y les tiró la molotov. No tuvieron tiempo a disparar. 

El juicio tendrá su próxima jornada el miércoles 15 de julio, antes de la feria judicial. 

 

 JORNADA 6 

VIVIR CON MIEDO: LOS TESTIMONIOS QUE RECONSTRUYEN EL HOSTIGAMIENTO PREVIO EN EL JUICIO POR EL CRIMEN DE BARRACAS

Dos integrantes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad que asistieron a Sofía Castro Riglos horas después del ataque, y un amigo cercano de Andrea Amarante reconstruyeron el hostigamiento y el miedo que las víctimas describían antes de ser atacadas.

Después de tres jornadas reservadas, en las que declararon casi exclusivamente vecinos del hotel de la calle Olavarría 1621, la sexta audiencia del juicio oral y público por el crimen de Barracas este lunes 29 de junio volvió a ser pública y televisada por streaming, como ocurre cuando no rige ninguna restricción del tribunal.

Rocío Sureda y Magalí Sosa, del Área de Diversidad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, declararon en la audiencia porque estuvieron entre las primeras personas que tomaron contacto con Sofía Castro Riglos, horas después del ataque. Se habían enterado del ataque por Crónica TV: la noticia ya consignaba que las víctimas eran lesbianas entonces decidieron presentarse en el Hospital Penna para ofrecer asistencia.

Sureda relató que encontraron a Sofía sola, acostada, con quemaduras en un brazo y la cara. Apenas la vieron, Sofía les dijo que necesitaba hablar: pidió una manta, porque tenía frío, y compañía. Les contó que un hombre las molestaba y que le tenían miedo, que no transitaba sola por los espacios comunes del hotel y que incluso tendía la ropa por la ventana en vez de en la terraza común para no cruzarse con él. 

Consultada por el querellante Pablo Rovatti por precisiones, respondió: “Precisamente porque eran pareja y a él le molestaba. Por eso cuando decía 'mi compañera' le pregunté si eran compañera de cuarto o pareja”. Sofía le confirmó que eran pareja. “Daba por sentado que Andrea iba a vivir. Decía 'cuando salgamos'”, recordó. Andrea falleció el 12 de mayo de 2024, seis días después del ataque. 

“ANTES HAY UN DISCURSO QUE LEGITIMA”

Sosa, de la misma Defensoría, coincidió en el relato de las condiciones previas que hizo la sobreviviente en esa primera entrevista después del ataque: “Nos contó que había vivido situaciones de hostigamiento por parte de un hombre que estaba siempre en los lugares comunes, que la miraba”, y dijo también: “Ella no circulaba sola en espacios comunes por el miedo a este hombre, iba acompañada al baño”. 

Sosa es psicóloga y mencionó 14 años de experiencia con grupos marginados, entre ellos población LGBTI+. En este sentido interrogó Carolina Cymerman, también querellante: 

—¿En base a qué determina que el hostigamiento era relacionado con el hecho de que eran lesbianas?

—Básicamente y principalmente a que vivimos en una sociedad heteropatriarcal y machista. Las mujeres lesbianas y bisexuales viven micromachismos y discursos de odio naturalizados. Las palabras machistas se transforman en actos de violencia legitimados. Porque antes hay un discurso que legitima. 

Y remarcó su convicción profesional de que este es el trasfondo del crimen: “Un acto de estas características es el producto del machismo y de discriminación por orientación sexual que en este caso lamentablemente llega al extremo”, concluyó Sosa. 

"BUSCABA VIVIR TRANQUILA"

Leonardo Enrique Ibáñez era amigo de Andrea Amarante desde 2015 y, a través de ella, también conocía a su pareja, Sofía Castro Riglos, única sobreviviente del ataque. En su declaración ante el tribunal aseguró que hablaban por teléfono dos o tres veces por semana y se veían al menos una vez por mes. Explicó que Andrea no ocultaba su orientación sexual, aunque tampoco la exhibía: "si pasaban y le preguntaban, lo iba a decir", explicó, y agregó que si alguien la miraba mal o le hacía un comentario, ella respondía, "poniéndolo en su lugar". Él mismo dijo haber notado ciertas miradas que se dirigían a ella cuando estaban juntos en la calle. 

Según contó, Andrea le había escrito por WhatsApp contando que la convivencia en el hotel era difícil, que un hombre las molestaba y acosaba, que no las dejaba ir al baño tranquilas y aparecía de noche cuando iban. Dijo que tenía pensado mudarse para encontrar tranquilidad, tanto para ella como para Sofía. 

Recordó que Andrea era sobreviviente de Cromañón y que solía trabajar como auxiliar de enfermería sin “suerte” en la continuidad laboral. Y que estaba “muy metida” con Sofía, con quien él sigue en diálogo, más de dos años después del ataque: “Está más o menos, no se le puede pedir que esté bien después de todo lo que pasó”, declaró. Él mismo dijo estar afectado: “Lo que le pasó a Andrea no lo puedo digerir yo, no lo puedo aceptar. Es como que no caigo todavía”. Y la recordó así: "buena persona, nunca tuvo un mal pensamiento hacia nadie, buscaba vivir tranquila".

 

 JORNADA 2 

"Nadie quería hablar": los primeros testimonios del juicio por el crimen de Barracas

Dos policías de la Ciudad que intervinieron en el momento del ataque declararon en la segunda audiencia del juicio por el crimen de Barracas. Describieron una escena de caos, humo y vecinos en la vereda, aunque señalaron que la mayoría era reticente a brindar información. Coincidieron en que Justo Fernando Barrientos estaba lúcido al momento de la detención. 

El viernes 22 de mayo se realizó la segunda audiencia del juicio oral y público por el crimen de Barracas. Declararon los dos primeros testigos: los policías de la Ciudad de Buenos Aires Julio César Alacore y Jeremías Ezequiel Retamar que intervinieron en la madrugada del 5 al 6 de mayo de 2024 en los primeros minutos posteriores al ataque con fuego por  el que murieron Andrea Amarante, Mercedes Roxana Figueroa, Pamela Cobbas y en el que resultó herida la única sobreviviente, Sofía Castro Riglos. 

Ambos describieron una escena de caos, humo y vecinos en la vereda y detallaron cómo fue la primera asistencia tanto a las víctimas como al único acusado, Justo Fernando Barrientos. 

“Nadie quería hablar, nadie quiere involucrarse”

Julio César Alacore, inspector de la Policía de la Ciudad, fue el primero en declarar. Recordó haber visto la habitación en llamas y a las cuatro mujeres entre el pasillo y el baño que se encontraba en el exterior de la habitación. "Estaban con ropa media quemada, otra ya desnuda. Afectadas por el fuego", recordó. Pamela murió ese mismo día, Mercedes dos días más tarde, Andrea el sábado 18 de mayo. Sofìa recién obtuvo el alta el 3 de junio, casi un mes más tarde. 

Declaró que mientras Barrientos era atendido en la vereda por una herida en el cuello, dos vecinos del hotel (padre e hijo) se acercaron y le dijeron que esa persona había estado molestando a las mujeres todo el día y que había abusado o intentado abusar de ellas. “El padre declaró haber visto cómo, cuando bajó al ver el incendio, esa persona le pegaba a una de las mujeres en el pasillo y la volvía a tirar hacia donde había fuego”, recordó. 

Consultado sobre otras declaraciones de vecinos dijo no haber obtenido más información: "Consulté a más personas pero nadie quería hablar. Porque después los llaman a declarar y nadie quiere involucrarse."

El segundo testigo, Jeremías Ezequiel Retamar, entonces oficial de la comisaría cercana, recordó que estaba sobre la avenida Montes de Oca de Barracas cuando un vecino se acercó a pedir ayuda y advertir del incendio. Dijo que quedó ocupado de que los evacuados no reingresaran y que él mismo nunca entró al hotel. Luego acompañó a Barrientos en el traslado al Hospital Argerich, donde permaneció de consigna. Lo recordó callado pero lúcido y él mismo dio su nombre y DNI a los médicos, quienes le dieron al policía la impresión de que su condición de salud no revestía gravedad. No recordó haber percibido aliento a alcohol ni signos de intoxicación. 

Relató también que algunos vecinos le refirieron que había un conflicto previo entre ese hombre y las mujeres, aunque no pudo especificar de qué tipo. 

Lesbianas: lo que no se nombra 

Terminada la audiencia Luciana Sánchez, abogada querellante en representación de la sobreviviente, puso el foco en un punto que es central para su planteo: el prejuicio por orientación sexual. “La dificultad de estos casos tiene que ver con que la palabra ‘lesbiana’ está tan cargada de connotaciones negativas que cuando les preguntas a los testigos si escucharon algo, alguna referencia, en general tienden a negarlo porque no quieren reproducir ni la palabra, ni la violencia, ni quedar como que ellos mismos están diciendo algo malo de las víctimas”, señala Sánchez. Espera que esto sea valorado en la prueba. 

El primero de los policías mencionó que le habían referido insultos contra las víctimas pero no especificó de qué tipo. La abogada querellante por la FALGBT, Samanta Pedrozo, hizo una pregunta específica: "¿Tomó conocimiento del vínculo entre las víctimas?”. Alacore respondió: “Eran amigas. Después me dijeron que había una relación entre dos, una relación amorosa."

Mensaje disciplinador

Vanesa Calderón, coordinadora del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ (una articulación de la FALGBT, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires), observa el juicio en la segunda fila. Marca que este proceso va más allá de las víctimas directas: “Representa una instancia clave para el reconocimiento judicial de estos hechos como crímenes de odio y lesbicidio, y para la consolidación de estándares que permitan su adecuada investigación, juzgamiento y sanción", señala e insiste: "Es importante para nuestra comunidad porque también hay una afectación colectiva, un mensaje disciplinador". 

Calderón enmarca el crimen en un contexto más amplio: "El incremento exponencial de los crímenes de odio registrado en los últimos dos años no puede comprenderse sin analizar el rol central que han tenido los discursos de odio promovidos desde las más altas esferas del poder político. Estos discursos no constituyen meras expresiones retóricas ni opiniones aisladas, sino que operan como dispositivos de legitimación de la violencia, habilitando prácticas de agresión, exclusión y persecución contra la comunidad LGBTI+”. Y advierte que ese pasaje del discurso a la violencia material es corto. “Cuando desde el Estado se habilita simbólicamente la discriminación, sectores de la sociedad se sienten autorizados a ejercer la violencia de manera directa, convencidos de que sus actos serán tolerados, minimizados o invisibilizados”, asegura. 

La lectura del fiscal

Al salir de la sala, el fiscal Juan Manuel Fernández Buzzi señaló que ambos policías coincidieron en que Barrientos estaba lúcido y no parecía estar alcoholizado ni intoxicado al momento de los hechos, que había estado en silencio en esos primeros momentos pero que él mismo había dado su nombre completo y DNI a los médicos que lo atendieron en el lugar y después en el Argerich.

En esta oportunidad Barrientos había solicitado a través de su defensor seguir las testimoniales desde una sala contigua, ajeno a la mirada de las querellas, la prensa y demás asistentes en la pequeña sala del tribunal 5. 

La próxima audiencia

El lunes 8 de junio estará citada Florencia Cobbas, hija de Pamela Fabiana Cobbas, junto a algunos de los vecinos del hotel. De acuerdo a lo resuelto en la primera audiencia según el tipo de testimonio, la próxima será una audiencia sin televisación ni transmisión online. 

 JORNADA 1 

Comenzó el juicio por el crimen de Barracas: el acusado se negó a declarar

Se juzga el homicidio de Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante y el intento de acabar con la vida de Sofía Castro Riglos, única sobreviviente. Las partes acusadoras marcan que la identidad lesbiana de las víctimas fue clave en el ataque. 

18 de mayo de 2026 ー Silencio. El único acusado por la masacre de Barracas eligió no hacer declaraciones en la primera de las audiencias del juicio oral y público por la muerte de Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante  y por la tentativa de homicidio que dejó gravemente herida a Sofía Castro Riglos, única sobreviviente.

Afuera del tribunal, activistas autoconvocadas, organizaciones de lesbianas y asociaciones LGBTIQ+ que vienen acompañando el reclamo de justicia desde 2024 se hicieron presentes con un acto de apoyo, discursos y lecturas. Adentro, en una sala pequeña pero colmada, una única allegada a las víctimas llegó sobre el cierre de puertas. 

El tribunal y las partes

El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°5 de la Capital Federal, presidido por Adrián Pérez Lance e integrado por Cinthia Oberlander y Juan Manuel Grangeat. La defensa de Barrientos recae en el Defensor Público Oficial Ricardo Richiello. Las partes acusadoras son cuatro: la fiscalía, a cargo de Juan Manuel Fernández Buzzi, y las tres querellas: Luciana Sánchez, que representa a Sofía Castro Riglos y actúa también como querellante por Andrea Amarante; Esteban Galli y Carolina Cymerman, del Ministerio Público de la Defensa, en representación de allegados de las otras dos víctimas fatales; y Samanta Pedrozo, abogada de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), que se presenta junto a las referentes María Rachid y Flavia Massenzio, como querella colectiva.

Cuatro acusaciones, un mismo hecho

La audiencia comenzó con la lectura de los cuatro requerimientos de elevación a juicio. El fiscal Fernández Buzzi describió un contexto previo de discriminación por odio hacia la orientación sexual de las víctimas y violencia de género. La calificación de la fiscalía es homicidio agravado por odio a la orientación sexual, con alevosía,  mediando violencia de género y por uso de un medio idóneo para crear peligro común.

El segundo requerimiento, presentado por la querella del Ministerio Público de la Defensa, incorporó declaraciones de testigos que también fueron afectados por el fuego aquel 6 de mayo de 2024. La calificación legal incluye los agravantes por odio de género y orientación sexual, con alevosía y ensañamiento, y por medio idóneo para crear peligro común.

La FALGBT, a través de Samanta Pedrozo, enmarcó el caso en un contexto estructural de violencia sistemática: amenazas e intentos de agresión sexual hacia las víctimas por su visibilidad como mujeres lesbianas. Luciana Sánchez, en representación de Sofía Castro Riglos y por quien era su pareja, Andrea, planteó que el ataque no fue un hecho aislado sino parte de un patrón de agresión psicológica y física constante, con conductas discriminatorias e intentos de abuso. Su calificación es homicidio agravado por prejuicio hacia la orientación sexual y expresión de género por ser lesbianas, y por violencia de género.

Barrientos no declaró

Tras la lectura de los cuatro requerimientos, el tribunal le dio la palabra a Justo Fernando Barrientos. "No voy a declarar", dijo. Cuando le consultaron por su último domicilio, no precisó el número de la calle Olavarría en el barrio de Barracas: allí, en el hotel familiar ubicado en el 1621, ocurrió el ataque. Respondió que era vendedor ambulante de bebidas y garrapiñadas en canchas de fútbol, antes había sido empleado gastronómico. Siguió la audiencia atento, mirando a cada abogado que tomaba la palabra. En una sala muy fría nunca se sacó la campera con la que fue trasladado desde el penal de Ezeiza donde cumple la prisión preventiva. Dijo que toma medicación para dormir, que tiene dos hijos adultos con los que no está en contacto hace años y seis hermanos con los que no habla desde la detención. En la sala no lo acompañaba nadie.

Oral y público

La publicidad de los juicios penales es la regla. Además, hubo pedidos explícitos para que las audiencias se transmitieran de manera online por la relevancia pública del caso. Frente a ello, y considerando las objeciones de la defensa oficial y precedentes judiciales, la semana pasada el tribunal anticipó limitaciones a la transmisión al debate: solo se mostrarían en vivo la audiencia de apertura, alegatos y veredicto. 

Sin embargo, tras un pedido explícito de la abogada Luciana Sánchez, el tribunal resolvió hacer lugar parcialmente, aunque anticipó que se preservarán aproximadamente 20 de los 50 testimonios, que son en su mayoría los que corresponden a vecinos del hotel de calle Olavarría. Una vez agotado ese grupo de testigos, el debate será completamente público y televisado. La resolución será revisada antes de cada jornada en función de las personas citadas y pesa una restricción especial sobre testigos técnicos o expertos, quienes no pueden presenciar las audiencias hasta que declaren.  

La próxima audiencia será este viernes 22, en la que declararán dos policías de la Ciudad de Buenos Aires, y será pública y televisable.