EN FOCO
En este espacio van a encontrar entrevistas a voces relevantes alrededor del proceso judicial, los reclamos activos y las obligaciones del Estado en materia de derechos LGBTI+.
ENTREVISTA: LUCIANA SÁNCHEZ
"Él quería limpiar su espacio de la 'peste lesbiana'"
El próximo lunes 18 de mayo comienza el juicio oral y público por el crimen de Barracas. Luciana Sánchez, abogada de Sofía Castro Riglos, única sobreviviente del ataque, explica qué se juega en esta causa y qué deudas tiene la Justicia con todas las personas LGBTI+.
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11 de mayo de 2026 一 Para Luciana Sánchez el juicio es inédito: "Este es el primer caso donde alguna vez se va a hablar de esto", plantea. "Esto" es el acoso sistemático que enfrentan las lesbianas y la violencia estructural que precede a hechos como el de Barracas.
Lo que la querella busca probar va más allá del hecho concreto: que Justo Fernando Barrientos actuó motivado por prejuicios sociales hacia las lesbianas. "Se trata de probar que al cometer este ataque tuvo en cuenta razones discriminatorias, prejuicios como que son violentas, que odian a los varones, que son agresivas. En un contexto de exacerbación de discursos de odio específicamente contra la diversidad sexual, las mató porque eran lesbianas", argumenta Sánchez, que representa a la única sobreviviente, Sofía Castro Riglos, tanto a título personal como en su carácter de querellante por Andrea Amarante, que era su pareja. Pamela Fabiana Cobbas y Mercedes Roxana Figueroa también murieron en el ataque.
En ese marco, la querella viene reclamando que el tribunal incorpore como prueba la historia de discriminación que venían atravesando Sofía y Andrea: su paso por distintos paradores de la Ciudad de Buenos Aires, donde afirma que sistemáticamente las querían separar por ser pareja lesbiana, les sacaban la puerta de la habitación, las insultaban e incluso las agredían sexualmente.
En ese marco, la querella viene reclamando que el tribunal incorpore como prueba la historia de discriminación que venían atravesando Sofía y Andrea. Eran personas que venían de una situación de calle: habían sido expulsadas de sus familias, de sus provincias, de sus entornos. Habían pasado por paradores de la Ciudad de Buenos Aires donde aseguraban sufrir acoso sistemático: su abogada asegura que las querían separar por ser pareja lesbiana, que les sacaban la puerta de la habitación, las insultaban. “Ese acoso incluyó también distintos tipos de agresiones sexuales, que denunciaron. Cosas que pasaban por ser lesbianas. Este es el primer caso donde alguna vez se va a hablar de esto", insiste Sánchez.
Sánchez enmarca el ataque en un momento de particular hostilidad hacia la comunidad LGBTI+. "En un contexto de exacerbación de discursos de odio contra la diversidad sexual, y en función del caso Lucio, específicamente contra las parejas de lesbianas, que era muy influyente", señala Sánchez. Para la abogada, es claro que el acusado actuó en un clima social donde los discursos que deshumanizan y patologizan a las lesbianas encontraban respaldo en las más altas esferas del poder. "Los discursos sociales de las altas autoridades no influyen solamente a los miembros de su propio partido, influyen socialmente", afirma Sánchez. "Esta persona sintió que en ese momento estaba habilitado a llevar a cabo una acción clásica de limpieza social."
Deudas de la causa judicial
Sánchez denuncia que desde el inicio la investigación estuvo marcada por omisiones graves. Señala que hay protocolos específicos que deben aplicarse desde el inicio de la escena cuando se sospecha que una muerte pudo estar motivada por razones de género (ya sea femicidio u otros crímenes de prejuicio) y que en este caso no se activaron. "No solo no se aplicó el protocolo para casos de violencia de género sino que el juez de instrucción trató el hecho como un incendio sin víctimas. Como si se hubiera quemado un lugar."
Fueron los vecinos quienes identificaron al sospechoso, a las víctimas y su orientación sexual. El lugar fue devuelto a la dueña del hotel el mismo día del ataque sin resguardar las pertenencias de las cuatro mujeres, que fueron tiradas a la basura. No hubo allanamiento a la habitación de Barrientos y se perdió la oportunidad de recolectar prueba adicional. "El juez nunca tuvo en cuenta ni que las pibas vivían ahí ni que habían sido atacadas, ni quién las había atacado", plantea Sánchez. "Hizo como que ellas nunca hubieran existido."
La abogada buscará probar que la secuencia del ataque tuvo tres momentos: primero Barrientos arrojó alguna clase de combustible directamente sobre las mujeres mientras descansaban. "No trató de quemar el lugar, las quemó a ellas", remarca. Luego, cuando intentaron escapar, las atacó físicamente para impedirles salir. Y en un tercer tramo fue a buscarlas hasta el baño. "Ellas habían ido a las duchas para tratar de apagarse, meterse abajo del agua, y él entró a uno de los baños donde estaba una de ellas, la sacó, le pegó y la volvió a tirar al fuego", reconstruye. Marca que la supervivencia de Sofía es una mezcla de milagro y casualidad: “Porque lo que él quería era matarlas, limpiar su espacio de la 'peste lesbiana'."
Que haya justicia implica que el crimen sea nombrado por lo que fue. Este juicio es la oportunidad de que la Justicia esté a la altura y reconozca que la violencia contra las lesbianas y las personas LGBTI+ no es un hecho aislado, no es un accidente, no es inevitable sino el resultado de un clima social que habilita que todavía haya identidades en riesgo por su mera existencia.
ENTREVISTA: Samanta Pedrozo
"El ataque contra ellas fue un ataque contra toda la comunidad"
El próximo lunes 18 de mayo comienza el juicio oral y público por el crimen de Barracas. La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) es parte acusadora en la causa judicial en representación de la comunidad.
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14 de mayo de 2026 一 La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans tuvo que pelear para ser querellante en la causa que juzga el ataque contra Pamela Fabiana Cobbas, Andrea Amarante, Mercedes Roxana Figueroa y Sofía Castro Riglos ocurrido en mayo de 2024 en un hotel familiar donde compartían una pequeña habitación.
Es que en los procesos penales, la legitimación para ser querellante está atada a vínculos directos con las víctimas: ser familiar, ser pareja. Una organización colectiva como la FALGBT no cumplía, en principio, esos requisitos. El juez de instrucción rechazó su ingreso con el argumento de que las víctimas ya tenían representación particular. La Cámara Nacional de Apelaciones confirmó ese rechazo. Fue recién ante la Cámara de Casación Penal, la máxima instancia en materia penal antes de la Corte Suprema, que se hizo lugar al planteo de la organización: este crimen no afectó solo a Pamela, Roxana, Andrea y Sofía, sino a todo el colectivo al que pertenecían. Eran lesbianas, un hecho que consideran ineludible a la hora de juzgar este crimen. Citaron jurisprudencia de tribunales internacionales que ya habían reconocido la participación de organizaciones en representación de colectivos afectados por crímenes de odio.
Samanta Pedrozo es la abogada que va a representar este punto de vista: "No estamos acá para acusar particularmente", explica Pedrozo. Su punto es el contexto: "Las víctimas pertenecían a un colectivo, a una comunidad: eran mujeres, eran lesbianas, tenían una forma de vida puntual. Y el ataque contra ellas implica un temor, una alerta y un prejuicio para toda la comunidad." El crimen de Barracas sucedió al comienzo de un año en el que el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBTI+ registró 140 casos.
Para la abogada, el caso no puede leerse por fuera del momento político en que ocurrió. "Este triple lesbicidio existe en un contexto político, social y cultural en el que tenemos un gobierno que baja discursos de odio, que incita la violencia contra las mujeres, contra las diversidades", señala. Ve el crimen de Barracas como la expresión más brutal de una violencia que ya estaba habilitada.
Lo que la FALGBT busca en este juicio va más allá de una condena: "Buscamos que se genere un precedente y que se obtenga un fallo ejemplar que sirva para que la sociedad tome conocimiento de la problemática y que la justicia también aprenda de una vez por todas a abordar los casos de manera contextual y no de manera particular", plantea Pedrozo. Y agrega: "Estamos para decirle a la justicia que es momento de cambiar esa visión y que a su vez se convierta en una herramienta para que las diversidades y las mujeres podamos estar más tranquiles en una sociedad que está lamentablemente impulsada por el odio.”