EN FOCO
En este espacio van a encontrar entrevistas a voces relevantes alrededor del proceso judicial, los reclamos activos y las obligaciones del Estado en materia de derechos LGBTI+.
REDES Y SOSTÉN
En la calle y en el tribunal: el acompañamiento militante al caso Barracas
Organizaciones y espacios militantes sostienen desde la madrugada del 5 al 6 de mayo de 2024 el pedido de justicia por Pamela, Roxana y Andrea, y de reparación para Sofía. El juicio avanza y las organizaciones reclaman que no se pierda de vista la orientación sexual de las víctimas.
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15 de junio de 2026 一 Las organizaciones y espacios militantes han sido claves en el caso de Barracas: han sostenido el reclamo desde aquella madrugada del 5 al 6 de mayo de 2024 y continúan en cada audiencia fuera del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°5, que ha decidido no televisar algunas de las audiencias por la naturaleza de los testimonios, principalmente de otros vecinos y vecinas del hotel de la calle Olavarría 1621 donde vivían Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa, Andrea Amarante y la sobreviviente Sofía Castro Riglos, además del único acusado, Justo Fernando Barrientos.
Yo No Fui: nombrar y reparar
La agrupación Yo No Fui se acercó a Sofía en los días posteriores, cuando ella todavía estaba internada en el Hospital del Quemado. Cuentan que fue el equipo interdisciplinario del Hospital Bonaparte (que atendía su salud mental) el que las convocó: “Cuando se trata de cuidados, muchas veces las instituciones no tienen las herramientas suficientes para cubrir algunos frentes fundamentales de lo que se requiere en el día a día. Es por eso que el equipo del Bonaparte nos llamó a nosotrxs y al Colectivo No Tan Distintes, porque sabían que íbamos a poder acompañar a Sofía en el día a día".
Sofía había perdido a su pareja, Andrea, y a sus compañeras. Había perdido también sus cosas y el lugar donde vivía. En el juicio ha quedado claro que la habitación fue devuelta directamente a la dueña del hotel. Sofía, primero fue apoyada por redes lésbicas autoconvocadas, y luego vivió el primer año y medio posterior en un espacio creado en torno a esta necesidad: Casa Andrea: una casa colectiva transfeminista y comunitaria, nombrada en homenaje a su pareja y a una militante con el mismo nombre. El acompañamiento incluyó también la gestión colectiva de un amparo habitacional que le garantiza a Sofía un alquiler pago que le permitió dejar ese espacio compartido.
El juicio penal es un desafío para el colectivo que se define antipunitivista: "Para nosotrxs la cárcel no repara, es parte del mismo engranaje de dolor y de castigo que recae sobre las personas más empobrecidas", señalan. Lo que sí considerarían reparador es que la justicia reconozca el carácter del ataque: "Nos parece importante que la justicia reconozca que esto fue un 'lesbicidio', debe reconocer el motivo por el cual fueron asesinadas estas compañeras."
La Coordinadora: organizar la resistencia
La Coordinadora Lesbicidios Nunca Más nació directamente de este juicio. Se conformó en mayo de 2026, tras una asamblea en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Reúne a organizaciones lésbicas y disidentes, feministas y transfeministas, espacios políticos y de derechos humanos e independientes. Para la Coordinadora, el caso se inscribe en un contexto de incremento de los crímenes de odio contra la comunidad LGBTI+. Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, en 2025 se registraron 227 crímenes de odio por orientación sexual o identidad de género, que incluyen desde agresiones físicas hasta homicidios, 13 de ellos contra lesbianas, la cifra más alta en diez años de registro.
Buscan sentar un precedente que hasta ahora no existe para la población lésbica en el país. "Nuestra expectativa es que este juicio lo construya, porque sin ese reconocimiento no hay política de prevención posible." Consideran que lo que se dirime en el tribunal trasciende la pena: "Si la justicia solo nombra el género, esa especificidad queda invisible, y con ella quedan invisibles todas las formas de violencia que la preceden y la hacen posible".
Recuerdan el asesinato de Pepa Gaitan ocurrido el 7 de marzo de 2010: la fecha se constituyó como Día de la visibilidad lésbica, pero el juicio no contempló su identidad como un factor en el crimen a manos del padrastro de su novia. “Se luchó en ese sentido pero no se logró ese pronunciamiento judicial”, recuerdan. Esperan que este caso sea diferente.
Ser visibles
"Los discursos que deshumanizan a las identidades lésbicas y las patologizan no son nuevos pero sí encuentran hoy una legitimación institucional que los amplifica”, marcan desde la Coordinadora. "Cuando esos discursos vienen desde los niveles más altos del poder político, como es el Gobierno de Javier Milei, el efecto no es sólo simbólico sino que crea las condiciones materiales para que la violencia se ejerza con menos inhibición."
A más de quince años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, los números marcan una violencia en aumento. "Como comunidades que hemos sido discriminadas y violentadas históricamente, hemos logrado fortalecernos en este clima político-social cada vez más hostil y generamos todos los días contrafuerzas vitales en defensa de la vida”, aseguran desde Yo No Fui.
ENTREVISTA: LUCIANA SÁNCHEZ
"Él quería limpiar su espacio de la 'peste lesbiana'"
El próximo lunes 18 de mayo comienza el juicio oral y público por el crimen de Barracas. Luciana Sánchez, abogada de Sofía Castro Riglos, única sobreviviente del ataque, explica qué se juega en esta causa y qué deudas tiene la Justicia con todas las personas LGBTI+.
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11 de mayo de 2026 一 Para Luciana Sánchez el juicio es inédito: "Este es el primer caso donde alguna vez se va a hablar de esto", plantea. "Esto" es el acoso sistemático que enfrentan las lesbianas y la violencia estructural que precede a hechos como el de Barracas.
Lo que la querella busca probar va más allá del hecho concreto: que Justo Fernando Barrientos actuó motivado por prejuicios sociales hacia las lesbianas. "Se trata de probar que al cometer este ataque tuvo en cuenta razones discriminatorias, prejuicios como que son violentas, que odian a los varones, que son agresivas. En un contexto de exacerbación de discursos de odio específicamente contra la diversidad sexual, las mató porque eran lesbianas", argumenta Sánchez, que representa a la única sobreviviente, Sofía Castro Riglos, tanto a título personal como en su carácter de querellante por Andrea Amarante, que era su pareja. Pamela Fabiana Cobbas y Mercedes Roxana Figueroa también murieron en el ataque.
En ese marco, la querella viene reclamando que el tribunal incorpore como prueba la historia de discriminación que venían atravesando Sofía y Andrea: su paso por distintos paradores de la Ciudad de Buenos Aires, donde afirma que sistemáticamente las querían separar por ser pareja lesbiana, les sacaban la puerta de la habitación, las insultaban e incluso las agredían sexualmente.
En ese marco, la querella viene reclamando que el tribunal incorpore como prueba la historia de discriminación que venían atravesando Sofía y Andrea. Eran personas que venían de una situación de calle: habían sido expulsadas de sus familias, de sus provincias, de sus entornos. Habían pasado por paradores de la Ciudad de Buenos Aires donde aseguraban sufrir acoso sistemático: su abogada asegura que las querían separar por ser pareja lesbiana, que les sacaban la puerta de la habitación, las insultaban. “Ese acoso incluyó también distintos tipos de agresiones sexuales, que denunciaron. Cosas que pasaban por ser lesbianas. Este es el primer caso donde alguna vez se va a hablar de esto", insiste Sánchez.
Sánchez enmarca el ataque en un momento de particular hostilidad hacia la comunidad LGBTI+. "En un contexto de exacerbación de discursos de odio contra la diversidad sexual, y en función del caso Lucio, específicamente contra las parejas de lesbianas, que era muy influyente", señala Sánchez. Para la abogada, es claro que el acusado actuó en un clima social donde los discursos que deshumanizan y patologizan a las lesbianas encontraban respaldo en las más altas esferas del poder. "Los discursos sociales de las altas autoridades no influyen solamente a los miembros de su propio partido, influyen socialmente", afirma Sánchez. "Esta persona sintió que en ese momento estaba habilitado a llevar a cabo una acción clásica de limpieza social."
Deudas de la causa judicial
Sánchez denuncia que desde el inicio la investigación estuvo marcada por omisiones graves. Señala que hay protocolos específicos que deben aplicarse desde el inicio de la escena cuando se sospecha que una muerte pudo estar motivada por razones de género (ya sea femicidio u otros crímenes de prejuicio) y que en este caso no se activaron. "No solo no se aplicó el protocolo para casos de violencia de género sino que el juez de instrucción trató el hecho como un incendio sin víctimas. Como si se hubiera quemado un lugar."
Fueron los vecinos quienes identificaron al sospechoso, a las víctimas y su orientación sexual. El lugar fue devuelto a la dueña del hotel el mismo día del ataque sin resguardar las pertenencias de las cuatro mujeres, que fueron tiradas a la basura. No hubo allanamiento a la habitación de Barrientos y se perdió la oportunidad de recolectar prueba adicional. "El juez nunca tuvo en cuenta ni que las pibas vivían ahí ni que habían sido atacadas, ni quién las había atacado", plantea Sánchez. "Hizo como que ellas nunca hubieran existido."
La abogada buscará probar que la secuencia del ataque tuvo tres momentos: primero Barrientos arrojó alguna clase de combustible directamente sobre las mujeres mientras descansaban. "No trató de quemar el lugar, las quemó a ellas", remarca. Luego, cuando intentaron escapar, las atacó físicamente para impedirles salir. Y en un tercer tramo fue a buscarlas hasta el baño. "Ellas habían ido a las duchas para tratar de apagarse, meterse abajo del agua, y él entró a uno de los baños donde estaba una de ellas, la sacó, le pegó y la volvió a tirar al fuego", reconstruye. Marca que la supervivencia de Sofía es una mezcla de milagro y casualidad: “Porque lo que él quería era matarlas, limpiar su espacio de la 'peste lesbiana'."
Que haya justicia implica que el crimen sea nombrado por lo que fue. Este juicio es la oportunidad de que la Justicia esté a la altura y reconozca que la violencia contra las lesbianas y las personas LGBTI+ no es un hecho aislado, no es un accidente, no es inevitable sino el resultado de un clima social que habilita que todavía haya identidades en riesgo por su mera existencia.
ENTREVISTA: Samanta Pedrozo
"El ataque contra ellas fue un ataque contra toda la comunidad"
El próximo lunes 18 de mayo comienza el juicio oral y público por el crimen de Barracas. La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) es parte acusadora en la causa judicial en representación de la comunidad.
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14 de mayo de 2026 一 La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans tuvo que pelear para ser querellante en la causa que juzga el ataque contra Pamela Fabiana Cobbas, Andrea Amarante, Mercedes Roxana Figueroa y Sofía Castro Riglos ocurrido en mayo de 2024 en un hotel familiar donde compartían una pequeña habitación.
Es que en los procesos penales, la legitimación para ser querellante está atada a vínculos directos con las víctimas: ser familiar, ser pareja. Una organización colectiva como la FALGBT no cumplía, en principio, esos requisitos. El juez de instrucción rechazó su ingreso con el argumento de que las víctimas ya tenían representación particular. La Cámara Nacional de Apelaciones confirmó ese rechazo. Fue recién ante la Cámara de Casación Penal, la máxima instancia en materia penal antes de la Corte Suprema, que se hizo lugar al planteo de la organización: este crimen no afectó solo a Pamela, Roxana, Andrea y Sofía, sino a todo el colectivo al que pertenecían. Eran lesbianas, un hecho que consideran ineludible a la hora de juzgar este crimen. Citaron jurisprudencia de tribunales internacionales que ya habían reconocido la participación de organizaciones en representación de colectivos afectados por crímenes de odio.
Samanta Pedrozo es la abogada que va a representar este punto de vista: "No estamos acá para acusar particularmente", explica Pedrozo. Su punto es el contexto: "Las víctimas pertenecían a un colectivo, a una comunidad: eran mujeres, eran lesbianas, tenían una forma de vida puntual. Y el ataque contra ellas implica un temor, una alerta y un prejuicio para toda la comunidad." El crimen de Barracas sucedió al comienzo de un año en el que el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBTI+ registró 140 casos.
Para la abogada, el caso no puede leerse por fuera del momento político en que ocurrió. "Este triple lesbicidio existe en un contexto político, social y cultural en el que tenemos un gobierno que baja discursos de odio, que incita la violencia contra las mujeres, contra las diversidades", señala. Ve el crimen de Barracas como la expresión más brutal de una violencia que ya estaba habilitada.
Lo que la FALGBT busca en este juicio va más allá de una condena: "Buscamos que se genere un precedente y que se obtenga un fallo ejemplar que sirva para que la sociedad tome conocimiento de la problemática y que la justicia también aprenda de una vez por todas a abordar los casos de manera contextual y no de manera particular", plantea Pedrozo. Y agrega: "Estamos para decirle a la justicia que es momento de cambiar esa visión y que a su vez se convierta en una herramienta para que las diversidades y las mujeres podamos estar más tranquiles en una sociedad que está lamentablemente impulsada por el odio.”