“Las personas de Guinea Ecuatorial que cumplan 40 este año nacieron y crecieron en un país en el que los derechos humanos se violaron de manera constante y sistemática. La gente lleva demasiado tiempo viviendo en un clima de temor a causa de la impunidad por los abusos y violaciones de derechos humanos tales como el encarcelamiento, por cargos falsos, de defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y políticos de oposición”, manifestó Marta Colomer, encargada de campañas sénior de Amnistía Internacional para África Occidental.
“Hubieron destellos de esperanza, como la ley de 2006 que prohibía la tortura, o el reciente anuncio del presidente Nguema de un proyecto de ley para abolir la pena de muerte. Sin embargo, a menos que el gobierno tome medidas significativas para hacer cumplir la ley, respetar plenamente los derechos humanos y poner fin a la represión, el número de víctimas de violaciones de derechos humanos en Guinea Ecuatorial seguirá creciendo. Esta situación debe terminar.”
El 14 de abril de 2019, el presidente Nguema anunció su intención de presentar al Parlamento un proyecto de ley para abolir la pena de muerte en Guinea Ecuatorial, donde las últimas ejecuciones registradas tuvieron lugar en enero de 2014.
El presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ocupó el poder el 3 de agosto de 1979, tras un golpe de Estado contra el presidente Francisco Masie Nguema. Desde entonces presidió un alarmante declive de la situación de los derechos humanos, que incluyó tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y persecución de activistas políticos y de defensores y defensoras de los derechos humanos, actos bien documentados todos ellos por Amnistía Internacional a lo largo de los años.
Presos torturados colgados cabeza abajo por los pies
En septiembre de 2006, el Parlamento aprobó una ley que prohibía la tortura y que entró en vigor en noviembre de ese año, pero la policía sigue torturando de forma habitual a las personas detenidas para obtener confesiones. Muchos de estos casos afectan a miembros de la oposición y a activistas políticos. Uno de ellos es Joaquín Elo Ayeto, activista y miembro del partido de oposición Convergencia para la Democracia Social que actualmente se encuentra recluido. Fue detenido el 25 de febrero de este año en su casa de Malabo y llevado a la Comisaría Central de Policía. Mientras estaba en la comisaría lo golpearon con brutalidad y lo colgaron de las manos. La policía quería que confesara una presunta conspiración para matar al presidente.
Algunos casos atroces de tortura documentados por Amnistía Internacional tuvieron lugar entre 1988 y 2009. Entre ellos se encuentran los de 10 miembros del partido político Unión Popular detenidos y torturados en las comisarías de policía de Bata y Malabo en febrero y marzo de 2009.
Un detenido dijo al juez de instrucción que, en una ocasión, lo habían atado al suelo y le habían ofrecido dinero para que “confesara”. En otra ocasión, la policía le llenó la boca de papel, lo metió en un saco, lo ató, lo colgó y lo golpeó. Aunque el detenido dio los nombres de quienes presuntamente lo habían torturado, no se realizó ninguna investigación, y no se llevó a nadie ante la justicia.
Amnistía Internacional también documentó la tortura de 15 presos que fueron puestos en libertad después de que sus condenas se redujeran en una vista de clemencia en agosto de 1988. Entre ellos se encontraba el preso de conciencia Primo José Esono Mikali, a quien le ataron los brazos y las piernas juntos a la espalda, provocándole un doloroso arqueo de la espalda. Lo colgaron del techo con una cuerda, y perdió temporalmente el uso de las extremidades.
Los demás presos fueron sometidos a formas similares de tortura, a veces con una pesada piedra colocada sobre la espalda arqueada. Los presos describieron asimismo cómo los colgaban por los pies y les sumergían la cabeza en un cubo de agua sucia, hasta semiasfixiarlos, y también los torturaban con descargas eléctricas.
También se torturó a miembros del grupo étnico bubi, población indígena de la isla de Bioko, en la parte más septentrional de Guinea Ecuatorial. En 1998, muchos bubis fueron torturados para hacerlos confesar tras haberlos detenido después de que lanzaron varios ataques contra cuarteles militares en los que murieron tres soldados y varios civiles.
Amnistía Internacional documentó casos de personas que fueron interrogadas mientras estaban colgadas del techo con los pies y las manos atados juntos. A algunas también las torturaron en el momento de su detención como represalia por los ataques. A muchas otras las golpearon con rifles y les dieron patadas y puñetazos, y a algunas les cortaron trozos de oreja con cuchillas y bayonetas.
Las mujeres bubis también fueron humilladas públicamente en el patio de la comisaría de policía de Malabo. A algunas las obligaron a nadar desnudas en el lodo delante de
otras personas detenidas, y a otras las sometieron a abusos sexuales. Según los informes, al menos seis personas detenidas murieron tras haber sido torturadas.
Ejecuciones extrajudiciales
Las ejecuciones durante el gobierno del presidente Nguema comenzaron un mes después del golpe de Estado que lo llevó al poder y han continuado; según los informes, los soldados y la policía llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales.
Se dictaron condenas a muerte contra siete hombres, entre ellos el ex presidente Masie Nguema el 29 de septiembre de 1979. Menos de cinco horas después, todos ellos fueron ejecutados por fusilamiento.
El 14 de mayo de 2012, un soldado disparó a quemarropa a un detenido, Blas Engó, en el exterior de la prisión de Bata cuando éste trataba de escapar junto con otros 46 durante la noche. Ese mismo mes, un militar mató por disparos en Bata a Oumar Koné, ciudadano maliense, por negarse a pagar un soborno en un control de carreteras.
En enero de 2014 fueron ejecutados nueve hombres declarados culpables de asesinato, 13 días antes de que se dictara una moratoria temporal de la pena de muerte.
Ataques contra la infancia
No se hizó una excepción ni siquiera con los menores de edad.
El 5 de febrero de 2015, decenas de niños y niñas formaron parte de los 300 jóvenes detenidos arbitrariamente y golpeados tras las protestas durante la Copa Africana de Naciones en Malabo. La mayoría fueron detenidos en sus casas por la noche, o en calles alejadas del estadio de fútbol.
Fueron conducidos a la Comisaría Central de Policía de Malabo, donde recibieron entre 20 y 30 latigazos cada uno y fueron recluidos en celdas saturadas y mal ventiladas ocupadas por presuntos delincuentes adultos. A algunos detenidos los pusieron en libertad cuando sus familias pagaron sobornos a la policía. El 13 de febrero, los detenidos comparecieron ante el tribunal y quedaron todos en libertad sin cargos.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Más recientemente, en febrero de 2019, Amnistía Internacional destacó la falta de respeto y de cumplimiento por parte de las autoridades de los compromisos que habían formulado respecto a garantizar el derecho de los defensores y defensoras de los derechos humanos, los activistas y los periodistas a trabajar en un entorno libre de intimidación, acoso, violencia y detenciones arbitrarias.
El 5 de julio, las autoridades emitieron un decreto en el que pedían la disolución del Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo (CEID). Los 40 años del presidente Nguema en el poder se caracterizaron también por la falta de independencia del
poder judicial. Durante todos esos años, muchos detractores del gobierno y defensores y defensoras de los derechos humanos se enfrentaron a juicios injustos.
Ciento doce personas fueron declaradas culpables durante un juicio colectivo que tuvo lugar en la ciudad de Bata por un presunto intento de golpe de Estado en diciembre de 2017. La declaración de culpabilidad estuvo llena de irregularidades procesales y de decisiones en contra de la defensa.
A pesar de una resolución judicial que pedía su liberación inmediata desde abril de este año, Bertin Koovi, opositor político y activista de Benín, continúa bajo custodia de la policía en la ciudad de Bata.
“Durante décadas, la represión de la disidencia ejercida por el presidente Nguema tuvo un efecto devastador y escalofriante en los defensores y defensoras de los derechos humanos, los periodistas y los activistas políticos. Estas personas sufrieron ataques persistentes exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación”, manifestó Marta Colomer. “Ya es hora de que el presidente Nguema cierre este atroz capítulo del historial de derechos humanos de su gobierno y encabece una nueva era en la que los derechos humanos se respeten, protejan, promuevan y realicen de manera completa y efectiva.”
