Ante la noticia del asesinato del activista y defensor de la paz Randall Echanis en su domicilio de Quezon City, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Filipinas, Butch Olano, declaró:

“Persisten los homicidios, incluso en medio de una pandemia mortal. Las autoridades deben investigar el asesinato a sangre fría de Randall Echanis, alias “Randy”, y las personas responsables deben comparecer ante la justicia.

Echanis había participado en negociaciones de paz entre el gobierno y el Frente Democrático Nacional de Filipinas. Su muerte es una más que se suma a los ataques crecientes contra activistas políticos en el país. Desde sus inicios, este gobierno ha dejado a un lado la seguridad pública y el respeto a la vida humana y los derechos humanos. Su legado de muerte tiene que acabar ya.”

Información complementaria

El 10 de agosto de 2020, el activista y defensor de la paz Randall Echanis fue asesinado junto a un vecino en su domicilio de Quezon City. Según la información publicada, Echanis presentaba heridas de arma blanca, presuntamente causadas por unos hombres sin identificar que fueron vistos saliendo de su casa.

Echanis presidía el partido Anakpawis Party-list y era vicesecretario general de la agrupación campesina Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP). Fue asesor político del Frente Democrático Nacional de Filipinas (NDFP) —coalición de grupos que mantienen una insurgencia continuada en algunas partes del país— durante sus negociaciones de paz con el gobierno filipino. El NDFP llevaba tiempo celebrando negociaciones de paz con el gobierno de Filipinas cuando el presidente Rodrigo Duterte las canceló.

Echanis estaba entre los varios centenares de personas que el Departamento de Justicia de Filipinas solicitó que fueran declaradas “terroristas” por un tribunal en 2018. Su nombre, entre otros, fue eliminado finalmente de la lista, en la que al principio figuraba Victoria Tauli-Corpuz, entonces relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Randy Malayao, otro asesor del NDFP y defensor de la paz, murió por disparos de individuos aún sin identificar en enero de 2019 en la provincia de Nueva Vizcaya. Varios más, tachados de “rojos”, comunistas o terroristas, han sido igualmente asesinados desde que Duterte empezó a gobernar.