El dato toma particular relevancia ya que son, justamente, los gobiernos de esos países quienes decidieron bloquear las iniciativas debatidas en la Organización Mundial del Comercio (OMC) que buscan sancionar una exención temporal de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra la COVID-19. Hoy, se reúnen los ministros y ministras de Asuntos Exteriores y Desarrollo de las naciones del G7 en Londres y el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Fuerte señal de la ciudadanía: vacunas para quien la necesite
La mayoría de la ciudadanía considera que, si bien habría que compensar de forma justa a las empresas farmacéuticas por el desarrollo de las vacunas, debe evitarse que mantengan un monopolio.
El mayor apoyo a la intervención del gobierno se da en Italia, donde el 82% de las personas encuestadas se declaraban a favor, seguido de Canadá, donde este porcentaje era del 76%.
A pesar de que el primer ministro Boris Johnson atribuyó el éxito de la vacunación en el Reino Unido a la “avaricia y el capitalismo”, el 74% de la población de ese país quiere que su gobierno impida los monopolios de las grandes farmacéuticas.
En Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden ha manifestado su “deseo y esperanza” de una puesta en común del know-how de las vacunas, el apoyo de la opinión pública a esta medida asciende al 69%, incluyendo al 89% de los y las votantes de Biden y al 65% de quienes votaron a Trump en 2020. En Japón, el 58% de la ciudadanía está a favor de una medida similar.
El apoyo también es mayoritario en los Estados miembros de la Unión Europea, con porcentajes que van del 70% en Alemania al 63% en Francia.
“La ciudadanía no quiere que las grandes empresas farmacéuticas tengan el monopolio de unas vacunas que se desarrollaron en gran medida gracias a fondos públicos. Estas vacunas son un bien público global que debería estar a disposición de todas las personas, en todo el mundo. Esto resulta una obviedad para la ciudadanía de los países del G7, pero sus dirigentes políticos aplican la política del avestruz y miran hacia otro lado mientras la gente muere a su alrededor”, sostuvo Heidi Chow, directora general de campañas y políticas de Global Justice Now.
Más de 100 países, liderados por India y Sudáfrica, defendieron en la OMC una exención temporal de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra la COVID-19, pero países como Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Canadá y la UE bloquearon esta propuesta.
Hasta la fecha, las empresas farmacéuticas se negaron a compartir el know-how de sus vacunas con el resto del mundo. Ninguna de las empresas que desarrollaron una vacuna efectiva contra la COVID-19 se unió al Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP) de la OMS, una iniciativa creada para facilitar la puesta en común de los avances en vacunas y tratamientos.
Es urgente vacunar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible
Según una encuesta realizada, dos tercios de los y las principales especialistas en epidemiología del mundo alertaron de que, si la propagación del virus continúa, podrían surgir cepas más resistentes que acabarían con la eficacia de las actuales vacunas en el plazo de un año. El Grupo Asesor Científico para Emergencias (SAGE), organismo independiente que ofrece asesoramiento sobre salud pública en el Reino Unido, ha defendido una exención de las patentes que permita hacer frente a los problemas de suministro.
Moderna, Pfizer/BioNtech, Johnson & Johnson, Novovax y Oxford/AstraZeneca recibieron miles de millones de fondos públicos y pedidos anticipados garantizados, entre ellos 12.000 millones de dólares tan sólo del gobierno estadounidense. Se estima que el 97% de la financiación para el desarrollo de la vacuna de Oxford/AstraZeneca es de origen público.
Este año, las empresas repartieron entre sus accionistas 26.000 millones de dólares en concepto de dividendos y recompra de acciones; esta cantidad bastaría para vacunar a al menos 1.300 millones de personas, el equivalente a la población de África.
