En respuesta a la detención hoy de la destacada activista tailandesa en favor de los derechos humanos Panusaya “Rung” Sithijirawattanakul por presunta sedición y delitos informáticos, Ming Yu Hah, directora regional adjunta de Campañas de Amnistía Internacional, ha declarado:

“Mientras se reanuda el movimiento de protesta en Tailandia, las autoridades tailandesas siguen abusando de su poder para detener y castigar a quienes se manifiestan pacíficamente. Durante muchos años, las autoridades de Tailandia han intentado silenciar sistemáticamente las voces de activistas y personas que defienden los derechos humanos. La detención hoy de Panusaya es tan sólo el ejemplo más reciente de la larga campaña de represión llevada a cabo por el gobierno.

Panusaya es estudiante y una desatacada lideresa de las protestas que ha sido atacada reiteradamente por las autoridades. Ha hecho oír su voz en los llamamientos encabezados por jóvenes para defender la libertad de expresión y de reunión pacífica en Tailandia. Su detención muestra que el gobierno no tiene intención de poner fin a su difamación de quienes defienden los derechos humanos y quienes piden reformas políticas.

Presentar cargos arbitrarios contra Panusaya en virtud de la imprecisa Ley de Delitos Informáticos y del excesivamente vago delito de sedición es una vergüenza, y un flagrante abuso de poder. Las autoridades tailandesas deben retirar de inmediato estos cargos. Estas leyes permiten la criminalización de libertad expresión y deben ser modificadas o derogadas.

El apoyo constante a las protestas en Bangkok muestra que la población tailandesa valora su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. El gobierno de Tailandia debe permitir que se escuche la voz de la gente en reuniones pacíficas.

Amnistía Internacional pide a las autoridades que retiren de inmediato todos los cargos contra todas las personas que se manifiestan pacíficamente, que pongan en libertad a las que permanecen detenidas y que inicien un diálogo significativo con quienes se manifiestan.”

Información complementaria

La activista tailandesa en favor de los derechos Panusaya “Rung” Sithijirawattanakul ha sido detenida hoy por la División para la Supresión de la Delincuencia Tecnológica de Tailandia y ha sido acusada de sedición y delitos informáticos en virtud de la sección 116 del Código Penal y de la Ley de Delitos Informáticos. Más tarde ha recibido la libertad bajo fianza de 35.000 bahts (aprox. 1.050 dólares estadounidenses).

Esta activista se enfrenta a múltiples cargos penales por su activismo pacífico y, si es declarada culpable, puede ser condenada a cadena perpetua.

Panusaya ha hecho campaña incansablemente para promover la justicia social, la igualdad, la democracia y los derechos humanos. Las autoridades la han detenido en numerosas ocasiones y han negado a otros y otras manifestantes estudiantiles el derecho a la libertad bajo fianza. Panusaya permaneció detenida del 15 al 30 de octubre de 2020, y de marzo a mayo de 2021; durante ese tiempo contrajo la COVID-19.

Panusaya participó en las históricas manifestaciones encabezadas por jóvenes en las que decenas de miles de personas, en su mayoría estudiantes, pidieron el año pasado reformas sociales y políticas. Su detención de hoy se ha producido en el marco de los esfuerzos que desde hace años realizan las autoridades tailandesas para silenciar las críticas y reprimir la libertad de expresión.

En marzo de 2021, las autoridades tailandesas presentaron un proyecto de ley para regular a los grupos sin ánimo de lucro en el contexto de sus esfuerzos por aprobar leyes represivas que amordacen aún más a los grupos de la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales (ONG). En la iteración más reciente, la ley conferiría al gobierno facultades para prohibir arbitrariamente grupos, invadir la privacidad de las organizaciones y vulnerar el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.

En respuesta a las decenas de miles de manifestantes que tomaron las calles para exigir reformas democráticas en 2020 y 2021 en Bangkok, la capital, y en provincias de todo el país, la policía ha empleado frecuentemente fuerza ilegítima, excesiva e innecesaria para dispersar a quienes protestaban pacíficamente y ha iniciado procedimientos penales contra cientos de manifestantes.

Según Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos, entre julio de 2020 y septiembre de 2021 han sido acusadas al menos 1.341 personas (182 de ellas menores de edad) de cargos penales —como sedición, difamación de la familia real, delitos informáticos, violación de la Ley de Reuniones Públicas— en 1.040 causas por participar en protestas.