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PRINCIPALES EJES DE LA CARTA
En primer lugar, la pandemia COVID-19 ha visibilizado numerosos casos de violencia institucional y uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad en todo el país frente a lo cual Amnistía Internacional ha relevado más de 30 casos en todo el país que incluyeron situaciones de malos tratos, tratos degradantes, amenazas, uso excesivo de la fuerza e, incluso, el asesinato por parte de miembros de diferentes fuerzas de seguridad. Sin embargo, muchos otros casos que se siguieron registrando a lo largo de 2021 ilustran prácticas abusivas, fuertemente arraigadas y extendidas por parte de las fuerzas de seguridad de todo el país.
Desde la institución consideramos que, dada la repetición de estos hechos, es necesaria, una profunda reforma a partir de medidas integrales y definitivas, coordinadas entre todas las jurisdicciones del país y con el involucramiento de todos los niveles del Estado. En este sentido, el debate de una ley contra la violencia institucional en la agenda parlamentaria de este año es un paso en esa dirección.
Por otro lado, los incendios que arrasaron la provincia de Corrientes este verano, alcanzando la zona de los Esteros del Iberá, dejó en evidencia no solo el agravamiento de la crisis climática sino también sus efectos que, año tras año, se sienten con mayor magnitud en la Argentina y el mundo. En este sentido, una Ley de protección de los Humedales consensuado con la sociedad civil sería un importante avance para dar respuesta a la grave crisis climática y de incendios que amenaza con agravarse.
A su vez, el año pasado el Congreso de la Nación omitió dar tratamiento a la prórroga de la ley de Emergencia territorial (Ley 26.160) que vencía en noviembre de ese año. Si bien la norma, indispensable para para la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, fue finalmente aprobada mediante Decreto 805/2021 del Poder Ejecutivo, el Congreso tiene aún la oportunidad de respaldarla.
Por otro lado, desde 2018 Amnistía Internacional se ha propuesto visibilizar la violencia de género online, como otra de las manifestaciones de la violencia contra la mujer y personas LGBTI+. La falta de acción de los Estados y las empresas para garantizar el respeto por los derechos humanos y hacer frente a la violencia y el abuso online empuja a quienes la padecen hacia una cultura de silencio. En este sentido, deben adecuarse las leyes para combatir la violencia de género en su dimensión online y que, de esta forma, se garantice la supervisión del diseño, el desarrollo y la implementación de los sistemas algorítmicos con perspectiva de género para que las empresas sean legalmente responsables.
Finalmente, subsisten dos deudas institucionales que consideramos de alta y urgente prioridad y en las que el Congreso juega un rol central. Por un lado, desde hace 12 años el Congreso de la Nación no designa a una persona a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, organismo que sigue vacante y que es central en la defensa de los derechos humanos y el control de los actos de gobierno. Asimismo, resulta preocupante no solo la demora para completar la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco, el pasado 1 de noviembre, sino también que el máximo tribunal del país carezca de perspectiva de género a la hora de emitir sus fallos e impartir justicia. Desde el 15 de diciembre pasado se encuentra vencido el plazo para el envío del pliego al Senado para ocupar el cargo vacante. A nadie parece preocuparle.
Por todo ello, desde Amnistía Internacional enviamos esta carta al presidente Fernández, también remitida a la Presidencia de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, con la expectativa de que sean incluidas para su abordaje y aprobación en las sesiones ordinarias que inician el 1 de marzo.
