En 2021, los Estados ricos se confabularon con los gigantes empresariales para embaucar a la población con consignas vacías y falsas promesas de una recuperación justa de la pandemia de COVID-19 mientras a muchas personas de África se les negaban unas vacunas de las que podía depender su vida. Así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional en la presentación de su examen anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.
La COVID-19 debería haber sido una señal de alerta concluyente para encarar la desigualdad y la pobreza. En cambio, hemos visto cómo se ahondaba la desigualdad y aumentaba la inestabilidad en África, agravadas por las potencias mundiales, especialmente los países ricos, que no han garantizado que las grandes empresas farmacéuticas distribuyan de forma equitativa las vacunas entre los Estados.
Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral
El Informe 2021/22: La situación de los derechos humanos en el mundo concluye que estos Estados, junto con grandes empresas, en realidad han ahondado la desigualdad global, y la mayoría de los países africanos tienen dificultades para recuperarse de la COVID-19 debido a los elevados niveles de inequidad, pobreza y desempleo, agravados por una distribución de las vacunas desigual.
“La COVID-19 debería haber sido una señal de alerta concluyente para encarar la desigualdad y la pobreza. En cambio, hemos visto cómo se ahondaba la desigualdad y aumentaba la inestabilidad en África, agravadas por las potencias mundiales, especialmente los países ricos, que no han garantizado que las grandes empresas farmacéuticas distribuyan de forma equitativa las vacunas para asegurar el mismo nivel de recuperación de la pandemia de COVID-19”, ha afirmado Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.
“En el actual estado de cosas, la mayoría de los países africanos tardarán mucho tiempo en recuperarse de la COVID-19 debido a los elevados niveles de desigualdad y pobreza. Las secuelas de la COVID-19 han sido más nocivas para las comunidades más marginadas, entre ellas las que están en primera línea de la pobreza endémica, de Angola a Zambia, de Etiopía a Somalia, y de República Centroafricana a Sierra Leona.”
La codicia de las empresas y el nacionalismo interesado socavan la vacunación en África
Las múltiples olas de la pandemia azotaron África y tuvieron efectos devastadores para los derechos humanos. En países como Somalia, Sudáfrica, Zambia, Senegal y Sierra Leona, los esfuerzos de los gobiernos para controlar la situación se vieron obstaculizados por la desigualdad vacunal mundial creada por las empresas farmacéuticas y los países ricos. Al terminar el año, menos del 8% de los 1.200 millones de habitantes del continente habían recibido la pauta completa de vacunación.
Durante el año se registraron casi 9 millones de casos y más de 220.000 muertes. Sudáfrica siguió siendo el epicentro de la pandemia, en cuanto a casos y muertes comunicados.
Mientras tanto, países ricos como los Estados miembros de la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos acumularon más dosis de las que necesitaban, mientras miraban para otro lado cuando las grandes empresas farmacéuticas anteponían los beneficios a las personas negándose a compartir su tecnología y permitir una mayor distribución de las vacunas. En 2021, Pfizer, BioNTech y Moderna previeron unos exorbitantes beneficios de hasta 54.000 millones de dólares y, sin embargo, suministraron menos del 2% de sus vacunas a países de bajos ingresos. La distribución de vacunas sigue adoleciendo de una lentitud penosa en todo el continente, lo que despierta el temor a que la pobreza aumente y la recuperación económica se haga esperar.
Los países ricos y poderosos usaron el dinero y su influencia política para adquirir cientos de millones de dosis, dejando fuera del mercado a los países pobres.
Samira Daoud, directora de Amnistía Internacional para África Occidental y Central
“Los países ricos y poderosos usaron el dinero y su influencia política para adquirir cientos de millones de dosis, dejando fuera del mercado a los países pobres”, ha afirmado Samira Daoud, directora de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.
“El resultado fue una distribución no equitativa de estas vacunas tan necesarias, lo que implicó que la mayoría de las personas de los países de bajos ingresos fueran las últimas en ser inoculadas, como si la situación económica o la nacionalidad fueran los criterios que han de cumplirse para recibir la vacuna.”
La pandemia pone al descubierto las deficientes estructuras de atención de la salud y la desigualdad, mientras la violencia de género sigue aumentando en todo el continente africano
Las devastadoras consecuencias de la connivencia entre los gigantes empresariales y los gobiernos occidentales se vieron agravadas por el desmoronamiento de los sistemas de salud y del apoyo económico y social bajo el peso de decenios de abandono. El resultado fue el aumento de la pobreza, la desigualdad y la inseguridad alimentaria. En ningún lugar se notó esto con más claridad y crueldad que en África, razón por la cual Amnistía Internacional presenta hoy su informe desde Sudáfrica.
Con menos del 8% de la población del continente vacunado con la pauta completa al finalizar 2021, África tiene la tasa de vacunación más baja del mundo, amenazada por suministros insuficientes del Mecanismo COVAX, el Fondo Africano para la Adquisición de Vacunas y a través de donaciones bilaterales.
Con demasiada frecuencia, los suministros fueron insuficientes, o sus tiempos de llegada imprevisibles, lo que dificultó que los gobiernos generasen confianza entre la población y estructurasen un desarrollo efectivo de las campañas. En países como República Democrática del Congo, Malawi y Sudán del Sur, las entregas de vacunas llegaron con fechas de caducidad muy cortas, lo que obligó a las autoridades a destruir suministros o a devolver la mayor parte de los recibidos para su reasignación a otros países.
La pandemia de COVID-19 también puso de relieve la falta crónica de inversión de la región en el sector de la salud desde hace muchos decenios. Los sistemas de atención de la salud, ya inadecuados en la mayoría de los países, se vieron sometidos a graves presiones, especialmente durante la tercera ola de la pandemia. En Somalia, un único hospital de la capital, Mogadiscio, se ocupó de todos los casos relacionados con la COVID-19 en las regiones del centro y el sur durante gran parte del año. Las denuncias de corrupción, incluso en relación con fondos contra la COVID-19, debilitaron aún más el sector de la salud en muchos países, entre ellos Camerún y Sudáfrica.
La pandemia también ha hecho que muchas personas de todo el continente africano queden excluidas en materia de educación, por ejemplo en Uganda, lo que dará lugar a que la consolidación de la desigualdad continúe. En Sudáfrica, alrededor de 750.000 niños y niñas habían abandonado las escuelas en mayo, más de tres veces la cifra anterior a la pandemia.
La discriminación y la desigualdad por motivos de género continuaron arraigadas en los países africanos. Entre los principales motivos de preocupación documentados en la región se contaban el aumento de la violencia de género, el acceso limitado a información y servicios de salud sexual y reproductiva, la persistencia del matrimonio precoz y forzado, y la exclusión de las niñas embarazadas de las escuelas.
Los conflictos continúan en toda África ante la débil respuesta regional e internacional
El fracaso global a la hora de dar una respuesta global a la pandemia reflejó el fracaso global y de la Unión Africana a la hora de abordar las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de conflictos en el continente africano.
El fracaso global a la hora de dar una respuesta global a la pandemia reflejó el fracaso global y de la Unión Africana a la hora de abordar las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de conflictos en el continente africano.
Amnistía Internacional
Los abusos contra los derechos humanos cometidos en los conflictos en el continente persistieron en 2021, en parte por la inacción del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana. Su falta de respuesta ante las atrocidades fue evidente sobre todo en relación con los conflictos de Etiopía y Mozambique. A pesar de los terribles relatos de violaciones de derechos humanos que surgían sin cesar de los conflictos en estos dos países, el Consejo de Paz y Seguridad guardó un inquietante silencio.
Estallaron o persistieron conflictos nuevos o no resueltos en Malí, Burkina Faso, Níger, República Centroafricana, Nigeria, Camerún, Etiopía, Sudán del Sur y Mozambique, en los que las partes beligerantes violaron el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. A su paso, la población civil se convirtió en un daño colateral; millones de personas se vieron desplazadas; miles murieron; cientos sufrieron violencia sexual, y unos sistemas económicos y de salud ya frágiles llegaron al límite.
En el conflicto del norte de Etiopía, las fuerzas gubernamentales etíopes junto con las Fuerzas de Defensa de Eritrea y la policía y las milicias de Amhara siguieron combatiendo contra las fuerzas de Tigré en un conflicto que comenzó en noviembre de 2020 y afectaba a millones de personas. Durante el conflicto, miembros de las Fuerzas de Defensa de Eritrea y fuerzas de seguridad y milicias etíopes cometieron violaciones graves de derechos humanos, como violencia sexual contra las mujeres, homicidios ilegítimos y desplazamiento forzado. Las fuerzas de Tigré también fueron responsables de violaciones graves de derechos humanos, como homicidios ilegítimos, violación y otros actos de violencia sexual que constituían crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Se negó la ayuda humanitaria a millones de personas en Tigré, lo que dio hizo que muchas soportaran condiciones que ponían en peligro su vida. Personas detenidas en Tigré occidental fueron sometidas a tortura, ejecución extrajudicial, hambre y negación de atención médica.
En Mozambique, la población civil continuó atrapada entre tres fuerzas armadas en el conflicto de Cabo Delgado, en el que más de 3.000 personas han muerto desde que comenzó el conflicto en octubre de 2017. Casi un millón de personas (principalmente mujeres, niños y niñas y personas mayores) se vieron internamente desplazadas como consecuencia de la guerra.
En República Centroafricana, todas las partes en el conflicto cometieron ataques ilegítimos que incluyeron homicidios y otros abusos y violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, que en algunos casos constituyen crímenes de guerra. Según la ONU, miembros de la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC) atacaron y saquearon centros de salud en la prefectura de Mbomou en enero.
En Malí, Níger y Burkina Faso, cientos de civiles murieron a manos de distintos grupos armados.
Gobiernos que se ocultan tras la seguridad para reprimir la disidencia
La tendencia global a amordazar las voces independientes y críticas cobró fuerza en 2021 en la totalidad del África subsahariana, cuando los gobiernos desplegaron un abanico creciente de herramientas y tácticas.
Las medidas para contener la propagación de la COVID-19 brindaron un pretexto adicional para la represión de la disidencia pacífica en toda la región, y el primer impulso de muchos gobiernos fue prohibir las protestas aduciendo preocupaciones relativas a la salud y la seguridad, por ejemplo en Camerún, Chad, Costa de Marfil, Lesoto y Zimbabue.
Amnistía Internacional
Las medidas para contener la propagación de la COVID-19 brindaron un pretexto adicional para la represión de la disidencia pacífica en toda la región, y el primer impulso de muchos gobiernos fue prohibir las protestas aduciendo preocupaciones relativas a la salud y la seguridad, por ejemplo en Camerún, Chad, Costa de Marfil, Lesoto y Zimbabue.
Mientras tanto, en países como Esuatini y Sudán del Sur se detuvo a quienes organizaban las protestas y se alteró el funcionamiento de Internet para hacer fracasar protestas previstas. Las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva para disolver las protestas de cientos de miles de personas que desafiaron las prohibiciones. En más de 12 países, entre ellos Angola, Benín, Senegal, Chad, Esuatini, Guinea, Nigeria, Sierra Leona y Sudán, muchas personas murieron cuando las fuerzas de seguridad dispararon munición real. En Esuatini, la dispersión violenta de protestas en favor de la democracia causó la muerte de 80 personas y heridas a más de 200 durante cinco meses. En Sudán, al menos 53 personas murieron cuando las fuerzas de seguridad usaron munición real para dispersar protestas contra el golpe de Estado militar de octubre.
En Chad se detuvo al menos a 700 personas que protestaban contra el proceso electoral y después contra el establecimiento del gobierno de transición. En República Democrática del Congo, continuaron privados de libertad tres activistas detenidos en Kivu Septentrional por organizar una sentada pacífica para protestar por la mala gestión en una administración de salud local. En Esuatini, al menos 1.000 manifestantes en favor de la democracia, 38 de ellos menores de edad, fueron detenidos arbitrariamente.
“En lugar de generar espacios para un diálogo y un debate imprescindibles sobre la mejor forma de afrontar los desafíos de 2021, muchos Estados redoblaron sus esfuerzos para acallar las voces críticas.”
Los derechos humanos ganan contra todo pronóstico
Sin embargo, no todo fue negativo en 2021. En el África subsahariana se registraron algunas victorias clave en materia de derechos humanos después de un persistente trabajo de campaña por las libertades.
En 2022, si los gobiernos parecen decididos a hacerlo mal, no nos quedan muchas opciones. Debemos luchar contra todos y cada uno de sus intentos de acallar nuestras voces y alzarnos contra cada una de sus traiciones.
Amnistía Internacional
Después de meses de incesantes protestas de la población de Esuatini en favor de la democracia, el rey Mswati cedió a las peticiones de diálogo con manifestantes en favor de la democracia para negociar el futuro del país. Esto ofrece nuevas esperanzas para un país donde las reformas políticas no estaban abiertas a negociaciones con el monarca.
En Sudán, vimos el poder popular en toda su plenitud cuando la población civil salió a las calles en octubre para rechazar un golpe militar de soldados y retrocesos en logros en materia de derechos humanos durante el periodo de transición.
En Costa de Marfil y Guinea se puso en libertad a decenas de miembros o simpatizantes de partidos de oposición y miembros de organizaciones de la sociedad civil que fueron detenidos arbitrariamente por el solo hecho de haber ejercido su libertad de expresión o de reunión pacífica.
Reclamar nuestras libertades
En 2022, si los gobiernos parecen decididos a hacerlo mal, no nos quedan muchas opciones. Debemos luchar contra todos y cada uno de sus intentos de acallar nuestras voces y alzarnos contra cada una de sus traiciones. Por este motivo, lanzaremos en las próximas semanas una campaña global de solidaridad con los movimientos populares con el propósito de exigir respeto al derecho a la protesta. Debemos construir y potenciar la solidaridad global aun cuando nuestros líderes no lo hagan.
