“Personas que defienden el derecho al aborto y que prestan servicios esenciales están siendo objeto de estigmatización, intimidación, ataques y procesamientos injustos, de modo que el desempeño de su trabajo es cada vez más difícil y peligroso”, ha declarado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

El informe An unstoppable movement: A global call to recognize and protect those who defend the right to abortion (“Un movimiento imparable: Llamamiento global para reconocer y proteger a quienes defienden el derecho al aborto”), revela la cantidad de profesionales de la salud, activistas y acompañantes de todo el mundo que sufren abusos, detención, procesamiento y encarcelamiento por apoyar el derecho de las mujeres, las niñas y todas las personas que pueden quedarse embarazadas a acceder al aborto. Ese tipo de entorno es predominante, incluso en países con una legislación que permite parcialmente el aborto. Tiene un efecto inhibidor, silenciador y estigmatizador en todas las personas que defienden el acceso al aborto, ya que viven con un temor constante a ser atacadas o enjuiciadas por prestar servicios de aborto, con independencia de que éste sea legal o no. También está creando importantes obstáculos para las mujeres, las niñas y todas las personas que necesitan esos servicios, en particular para las personas más marginadas.

“El derecho al aborto no es una opinión. Es una cuestión de estándares internacionales y de normas jurídicas internacionales. Se trata de un derecho sustentado por multitud de derechos humanos, como el derecho a la integridad física y mental, el derecho a la salud y el derecho a no ser objeto de homicidio ilegítimo y arbitrario mediante la retirada de servicios seguros. Es fundamental para la dignidad de todas las mujeres y niñas, y de las personas que puedan quedarse embarazadas. Quienes defienden y hacen posible el ejercicio de ese derecho merecen nuestro respeto y protección. No obstante, en muchos Estados de todo el mundo insisten en las políticas de regulación excesiva y criminalización que generan un entorno hostil e incluso peligroso para las personas que defienden el derecho al aborto”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“El discurso, las políticas y las leyes antiabortistas ponen una diana en la espalda de las personas que se dedican profesionalmente a la salud y en las que ejercen el activismo. Los derechos de quienes defienden el derecho al aborto están siendo atacados, ya que estas personas son objeto de estigmatización, abusos, discriminación, criminalización, encarcelamiento e incluso homicidio. Sin embargo, sus derechos humanos a trabajar sin temor, a prestar servicios esenciales sin sufrir amenazas y a ejercer sus aptitudes profesionales sin discriminación deben ser respetados y protegidos.”

Aisladas y sin apoyo

Aunque siguen las reformas de leyes sobre el aborto progresistas, los retrocesos antiabortistas impiden el acceso a éste promoviendo la desinformación y discursos tóxicos, como campañas de difamación que invaden el discurso público y crean agitación contra el derecho al aborto y contra quienes lo defienden.

“Muchos proveedores de servicios de salud sexual y reproductiva, han llegado a sentir que sufrir este acoso y estos abusos es consustancial a su trabajo, pero no podemos permitir que esto se convierta en algo normal”, ha sostenido Sarah Shaw, directora de incidencia de MSI Reproductive Choices. “Basta ya. Es hora de reconocer como defensoras de los derechos humanos a las personas que prestan servicios de aborto, y de apoyar a quienes arriesgan su vida para que la opción del aborto sea posible.”

El informe, basado en cerca de 50 entrevistas con personas defensoras del derecho al aborto de todo el mundo, recoge relatos e información compartidos por organizaciones de primera línea y de base, y refleja las preocupaciones planteadas por organizaciones sanitarias mundiales, que el año pasado lanzaron un llamamiento para proteger a estas defensoras y defensores. Las personas entrevistadas, en particular el personal sanitario, explicaron que a menudo se sienten aisladas y sin apoyo. No se les reconoce su trabajo, y sufren la amenaza de la criminalización, el hostigamiento, la estigmatización, amenazas verbales y violencia, así como el aislamiento y el desgaste profesional en el lugar de trabajo. Algunos trabajadores y trabajadoras sanitarios han visto cómo se filtraban en Internet datos personales suyos, y otros no saben si llegaran a casa de manera segura. Por ejemplo:

• La profesora venezolana y defensora de los derechos humanos Vannesa Rosales fue criminalizada por ayudar a una mujer y a su hija de 13 años a acceder a un aborto.


• En Polonia, Justyna Wydrzyńska, integrante de Aborto Sin Fronteras y de Abortion Dream Team, fue condenada este año por ayudar a una mujer a acceder a medicación abortiva, que es una manera de interrumpir sin riesgos un embarazo.


• En Ghana, una persona que defiende los derechos sexuales y reproductivos afirmó que los proveedores de estos servicios han sufrido violencia física y humillación pública por parte de miembros de la ciudadanía, por educar a la población sobre métodos anticonceptivos.

“Continúa sin reducirse en lo más mínimo la violencia contra profesionales de la salud sexual y reproductiva que están en primera línea; ya es hora de que se escuchen las voces, las experiencias y las preocupaciones de nuestros defensores y defensoras que están en la vanguardia”, ha declarado Álvaro Bermejo, director general de la Federación Internacional de Planificación de la Familia.

“Mientras autoridades antiabortistas de todo el mundo siguen fomentando la estigmatización, el miedo y los discursos de odio contra quienes buscan o prestan estos servicios, nosotros, como defensores y defensoras institucionales de los derechos sexuales y reproductivos, nos comprometemos a estar a la altura de los defensores y defensoras que están en primera línea.”

Personal sanitario en conflicto

La penalización del aborto es el factor que más contribuye a los 35 millones de abortos peligrosos que se estima que se practican cada año. Eso significa que el personal sanitario se ve constantemente atrapado en el conflicto entre el deber moral y profesional de proporcionar el mejor cuidado posible y el hecho de poder ser considerado responsable penal si no cumple leyes nocivas.

“El aborto es atención médica esencial. No obstante, como profesionales de la atención de la salud afrontamos de manera habitual discriminación y violencia simplemente por hacer nuestro trabajo”, ha afirmado la doctora Anne-Beatrice Kihara, presidenta de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO).

“Las actitudes y leyes restrictivas sobre el aborto causan daño. Crean entornos hostiles que alimentan el estigma relacionado con el aborto y que tratan como delincuentes tanto a quienes prestan servicios de aborto como a quienes intentan recibirlos. Todas y todos tenemos colegas que, desgraciadamente, han tenido que luchar contra el estigma, el bloqueo de su carrera, la intimidación, agresiones físicas, encarcelamiento y que, en los casos más extremos, han sido objeto de asesinato.”

Las comadronas también corren peligro, aunque sean profesionales de la salud fiables a quienes las mujeres se dirigen para recibir ayuda cuando se quedan embarazadas, en comunidades, clínicas y hospitales.

“El deber de una comadrona incluye respaldar el acceso a servicios de aborto y defender el derecho a tomar decisiones sobre salud reproductiva libremente”, ha dicho Sally Pairman, directora ejecutiva de la Confederación Internacional de Matronas. “Las comadronas no deben sufrir riesgos indebidos, violencia, abusos o daños personales por hacer su trabajo. Las autoridades estatales y sanitarias tienen el deber de garantizar la protección de todos los trabajadores y trabajadoras sanitarios, incluidas las comadronas.”

Reconocer el trabajo de las defensoras de los derechos humanos

“Las personas que defienden el derecho al aborto están garantizando y facilitando el acceso de servicios esenciales. Que tengan que hacerlo haciendo frente a la hostilidad es inaceptable. Es imperativo que estas personas cuenten con la protección de los Estados y las autoridades, para que puedan desempeñar su trabajo sin sufrir represalias”, ha declarado Agnès Callamard.

“En el marco de nuestra campaña global, Amnistía Internacional pide a los Estados de todo el mundo que cumplan con su obligación de proteger el derecho a un aborto sin riesgos y legal para todas las personas, y de respetar y proteger el derecho de todas aquellas que defienden el derecho al aborto.”

Asimismo, Amnistía Internacional insta a los Estados a reconocer que el papel de las defensoras de los derechos humanos que trabajan sobre el acceso al aborto sin riesgos es legítimo y fundamental para la promoción y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos; y a garantizar que las defensoras de los derechos humanos que trabajan sobre el acceso al aborto sin riesgos no sufran criminalización, intimidación ni ataques, y a hacer rendir cuentas ante la justicia a quienes las ataquen.

Es hora de que las defensoras de los derechos humanos estén protegidas y cuenten con un respaldo total en sus lugares de trabajo, como puede atestiguar Guillermo Ortiz, médico obstetra de El Salvador y activista de Ipas.

“Creo que es importante que quienes ejercen la medicina hagan que el aborto sea accesible en países con leyes restrictivas. Somos quienes proporcionamos cuidados a las mujeres más pobres, a aquellas que tienen más probabilidades de sufrir daños. Estamos en primera línea de la atención a la salud, y debemos formar parte del movimiento en favor de un acceso al aborto sin riesgos. El aborto es atención de la salud.”

FIN