Desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania, quienes viven bajo la ocupación de Rusia se han arriesgado a sufrir brutales represalias por tratar de continuar con la enseñanza ucraniana, y algunos progenitores han optado por ocultar a sus hijos e hijas para evitar que los lleven a instituciones de “reeducación”, los den en adopción en Rusia o los obliguen a matricularse escuelas que funcionan con el plan de estudios ruso, según indica una nueva investigación realizada por Amnistía Internacional.

“Amnistía Internacional ha realizado su investigación con 23 profesionales de la enseñanza y 16 familias con hijos e hijas en edad escolar que vivían o siguen viviendo bajo la ocupación rusa, y ha documentado cómo la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania ha provocado una interrupción significativa y generalizada de la enseñanza en Ucrania. En los territorios ocupados por Rusia, la intimidación y la coacción son una realidad cotidiana para las familias, los niños y niñas y el personal docente. Nadie está a salvo bajo la interminable campaña de terror de Rusia en Ucrania”, ha declarado Anna Wright, investigadora de Amnistía Internacional a la vista de los resultados.

En el momento cumbre de su ofensiva, las fuerzas rusas llegaron a ocupar aproximadamente una cuarta parte del territorio ucraniano, y actualmente continúan controlando una quinta parte, aproximadamente. Arriesgándose a sufrir represalias, a los pocos meses de la ocupación, algunos docentes y progenitores intentaron organizar la escolarización del alumnado con arreglo al plan de estudios ucraniano.

En palabras de un funcionario regional de educación, el personal docente, los padres y las madres se convirtieron en “guerrilleros que hacían hoyos en sus jardines para esconder ordenadores portátiles y teléfonos móviles o se escondían en desvanes y viejos cobertizos para captar la señal telefónica”

Uliyana*, bibliotecaria escolar, dijo a Amnistía Internacional que se citaba en secreto con el alumnado para darles libros, pese a la presencia en las calles de su pueblo de patrullas del ejército que realizaban frecuentes registros arbitrarios.

Algunos padres y madres optaron por no escolarizar a sus hijos e hijas para proteger su seguridad. Polina*, que tiene dos hijos, nos dijo que éstos apenas habían salido de casa durante los nueve meses de la ocupación rusa por miedo a que se los llevaran a Rusia.

Kseniya*, madre de un chico de 15 años, Kyrylo*, que vive en un pueblo ocupado de la región de Jersón, contó a Amnistía Internacional que, en la primavera de 2022, un profesor fue al domicilio familiar y preguntó a Kyrylo si asistiría a la escuela cuando ésta reabriera en septiembre. Kseniya dijo que Kyrylo no iría a clase. A comienzos de septiembre, unos hombres con uniforme militar ruso fueron a su casa y les dijeron: “Si mañana no vienes a clase, la semana próxima vendrá a buscarte un autobús que te llevará a un orfanato en Rusia”. Kyrylo volvió a la escuela, que ahora estaba decorada con símbolos oficiales rusos y en cuyas puertas había apostado personal armado, al igual que en el interior.

Un miembro del personal docente de la comunidad ocupada de Berdiansk, en la región de Zaporiyia, que se fue de los territorios ocupados en julio de 2022 pero continúa dando clases online a niños y niñas que siguen en la comunidad, dijo a Amnistía Internacional que al alumnado se le obliga a aprender y cantar el himno nacional ruso. A quienes se niegan se les amenaza con separarlos de sus padres y llevarlos a orfanatos rusos para su “reeducación”.

En ese mismo centro de enseñanza se hizo llegar a todo el alumnado una nota —a la que tuvo acceso el equipo de investigación de Amnistía Internacional— con el siguiente texto: “Miren a su alrededor. Verán que Ucrania ha destruido Járkov, Mariúpol y otras ciudades. Si no quieren que Ucrania los mate, dígannos todo lo que vean y sepan sobre esto.”

Hanna* y Olena*, maestras de una comunidad de la región de Járkov ocupada entre marzo y septiembre de 2022, recibieron notas de la dirección de sus respectivas escuelas que intentaban convencerlas de que volvieran al trabajo e impartieran el plan de estudios ruso cuando los centros volvieran a abrir en septiembre de 2022. Ambas se negaron y se escondieron.

Olena tuvo que abandonar su apartamento e irse a vivir con unos vecinos, y Hanna siguió viviendo en secreto en su casa, a costa de no inscribirse para recibir ayuda humanitaria (paquetes de comida), distribuida por las autoridades de ocupación rusas. Cuando Amnistía Internacional la entrevistó, admitió que había sido muy difícil sobrevivir durante ocho meses de ocupación sin ingresos ni ayuda.

Los testimonios de familias de los territorios ocupados por Rusia hablan de colegios que han vuelto a abrir sus puertas sin personal docente suficiente o cualificado, e informan de que se deja al alumnado solo en las clases leyendo los libros de texto, lo cual indica que la calidad del aprendizaje y la disciplina se han resentido.

“La única forma de ayudar a la recuperación de Ucrania y contribuir a que el presente y el futuro de sus niños y niñas sea menos doloroso es que Rusia termine con la guerra en este país, que es un acto de agresión con arreglo al derecho internacional”, ha afirmado Anna Wright.

“Entretanto, las autoridades de ocupación deben dejar inmediatamente de intimidar a la población local, coaccionar al personal docente para que lleve a cabo actividades docentes inadecuadas y otras prácticas abusivas. Durante la guerra o la ocupación, el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos siguen siendo vinculante para todas las partes. Una de sus obligaciones es el derecho de los niños y niñas a acceder a una educación de calidad, y debe respetarse plenamente.”

Amnistía Internacional viene documentando crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional humanitario desde el comienzo de la invasión en gran escala de Ucrania por Rusia. Aquí encontrarán todos los materiales publicados por la organización hasta la fecha.

* Los nombres se han modificado por motivos de seguridad.