Transcurridos más de 50 días desde la desaparición forzada de Daouda Diallo, secretario general del Colectivo contra la Impunidad y la Estigmatización de Comunidades (CISC, por sus siglas en francés), Amnistía Internacional hace un llamamiento hoy a las autoridades de Burkina Faso para que sea devuelto en condiciones de seguridad a la vida civil y para que cese el uso del reclutamiento como herramienta para silenciar a la disidencia.

El 1 de diciembre de 2023, Daouda Diallo fue secuestrado por agentes de seguridad cuando salía de la oficina de expedición de pasaportes de Uagadugú, capital de Burkina Faso, y trasladado a un lugar desconocido. Días después, se lo pudo ver con uniforme militar en la parte trasera de un camión del ejército en una  imagen compartida en las redes sociales. El gobierno no ha reconocido oficialmente su detención ni tampoco su paradero, pero su familia y abogados creen que se encuentra en primera línea del frente.

“Las autoridades militares deben liberar de inmediato a Daouda Diallo, y la desaparición forzada de activistas y defensores de los derechos humanos bajo la apariencia de reclutamiento debe cesar. Estas personas no deben estar sometidas a hostigamiento, intimidación ni violencia por parte del Estado”, ha afirmado Samira Daoud, directora regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.

“Amnistía Internacional insta a las autoridades militares a respetar, proteger, promover y hacer realidad los derechos humanos de toda la población de Burkina Faso. Las autoridades deben actuar con transparencia durante todo el proceso de reclutamiento. Amnistía internacional condena el uso indiscriminado del decreto de abril de 2023 sobre movilización nacional para reclutar a personas con una voz pública independiente en Burkina Faso.

“Amnistía Internacional insta asimismo a las autoridades militares pertinentes a permitir que las personas reclutadas puedan comunicarse de manera regular con sus familiares y allegados”.

Información complementaria

Cuando se produjo su desaparición forzada, Daouda Diallo había sido llamado a filas, junto con otras figuras destacadas de la sociedad civil y de los medios de comunicación, en virtud de un decreto que venía utilizándose cada vez más contra quienes eran críticos con el gobierno de transición del país.

Daouda Diallo es solo uno de los más de una decena de destacados activistas y periodistas críticos con el gobierno de transición de Burkina Faso que han sido llamados a filas recientemente en virtud del decreto de abril de 2023 “sobre movilización general y salvaguarda”, por el que se permite el reclutamiento militar de la mayoría de los burkineses en edad adulta. El proceso de reclutamiento no está claro y el número de personas reclutadas no es público, como tampoco lo son las opciones para impugnarlo. La mayoría de los casos conocidos afectan a activistas y defensores de los derechos humanos que han sido críticos con las políticas del gobierno.

El 6 de diciembre de 2023, en respuesta a la reclamación presentada por tres personas que habían recibido sendas órdenes de reclutamiento, un tribunal de Uagadugú resolvió que tal reclutamiento había sido ilegítimo y ordenó su suspensión. También ordenó al ejército que se abstuviera de ejecutar de inmediato las órdenes.

Pero nada se ha hecho a a este respecto. El 24 de diciembre de 2023, el exministro de Asuntos Exteriores Ablassé Ouedraogo fue arrestado en su domicilio tras regresar de un viaje al extranjero. En noviembre se lo llamó a filas junto con Daouda Diallo y varios miembros de la sociedad civil, activistas, defensores de los derechos humanos y periodistas.

La semana previa a estos reclutamientos estuvo marcada por tensiones entre el gobierno y varias organizaciones de la sociedad civil, activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos que pretendían conmemorar el noveno aniversario de la revolución de octubre de 2014. El 6 de diciembre, un tribunal ordenó la suspensión de la orden de reclutamiento del periodista Issiaka Lingani, además de las de Bassirou Badjo y Rasmane Zinaba, integrantes del movimiento ciudadano de base Le Balai Citoyen (La Escoba Ciudadana), argumentando en la sentencia que violaban sus derechos a la libertad de expresión y circulación y ponían en peligro su integridad física. De las 14 figuras públicas burkinesas llamadas a filas, ellos tres fueron los únicos que recibieron debidamente las órdenes de reclutamiento en noviembre.