Tras el examen público de su historial en materia de derechos humanos, Arabia Saudita debe tomar el informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU como referencia de las medidas mínimas que deben adoptar sus autoridades para cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos; así lo ha afirmado Amnistía Internacional.
El informe incluía 354 recomendaciones de 135 Estados miembros de la ONU, muchas de las cuales instaban al país a adoptar medidas sustantivas para garantizar reformas en relación con la protección de los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, la abolición de la pena de muerte, la protección de los derechos de trabajadores y trabajadoras migrantes y la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, entre otros asuntos.
“El hecho de que tantos Estados miembros de la ONU aprovecharan esta oportunidad para poner a Arabia Saudí frente a su largo historial de abusos contra los derechos humanos y presionar a sus autoridades en favor de cambios demuestra que, sin una reforma genuina en materia de derechos humanos, todo el dinero que inviertan en lavar su imagen, a través del deporte o por otros medios, no servirá para ocultar la vertiginosa escalada de la represión en el país”, ha manifestado Dana Ahmed, investigadora de Amnistía Internacional sobre Oriente Medio.
“Las autoridades saudíes deben interpretar las recomendaciones del examen como una llamada de atención para que pongan fin a sus violaciones de derechos humanos más atroces, como la represión implacable de la libertad de expresión, la imposición de la pena de muerte a personas que eran menores en el momento de la comisión del delito, y la tortura y otros malos tratos a migrantes. En lugar de confiar en las promesas de cambio de Arabia Saudí, la comunidad internacional debería ejercer su influencia colectiva para garantizar reformas fundamentales en materia de derechos humanos en el país.”
El EPU es un proceso por el cual todos los Estados miembros de la ONU se someten cada pocos años a un examen de su historial de derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Arabia Saudí se somete ahora a su cuarto examen; el tercero tuvo lugar en 2018. La semana pasada en Ginebra, una delegación gubernamental oyó las recomendaciones y respondió a preguntas de los Estados sobre una diversidad de asuntos relacionados con los derechos humanos. Arabia Saudí aceptará o tomará nota de las recomendaciones, y el Consejo de Derechos Humanos aprobará el informe con los resultados del examen en junio.
Desde su examen anterior en 2018, Arabia Saudí no ha aplicado muchas de las recomendaciones que aceptó entonces, como adecuar sus leyes antiterroristas y contra la ciberdelincuencia a las normas internacionales, garantizar y proteger los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, liberar a los defensores y defensoras de los derechos humanos y a todas las personas encarceladas por ejercer sus derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, garantizar el debido proceso y juicios justos, y proteger a los trabajadores y trabajadoras de todo tipo de abusos.
Información complementaria
En su documento de información para el Examen Periódico Universal de la ONU, Amnistía Internacional expresaba su preocupación ante la creciente represión de la libertad de expresión y el mayor uso de leyes antiterroristas y contra la ciberdelincuencia para silenciar la disidencia; el enjuiciamiento de defensoras de los derechos humanos; las continuas violaciones del debido proceso y los juicios injustos ante el Tribunal Penal Especializado; el número creciente de ejecuciones; la codificación de la discriminación contra las mujeres a través de una nueva Ley sobre el Estatuto Personal; la práctica continua de la detención arbitraria y deportación forzosa de trabajadores y trabajadoras migrantes; el desalojo forzoso de miles de residentes como parte de un plan de desarrollo urbanístico de la ciudad de Yeda; y las violaciones de derechos humanos cometidas por la coalición militar liderada por Arabia Saudí en Yemen.
Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción la introducción de algunas reformas en materia de derechos de las mujeres, incluida la eliminación de las graves restricciones impuestas a los derechos de las mujeres a través del sistema de tutela masculina, pero lamenta que, si bien estas reformas han tenido cierto impacto positivo en los derechos de las mujeres y en su libertad de circulación, no han eliminado por completo el sistema de tutela masculina de conformidad con las recomendaciones aceptadas.
