Como secretario de Culto, Sánchez ha tenido declaraciones contrarias al ejercicio de derechos humanos conquistados en Argentina durante los últimos cuarenta años de democracia:
- Una de las leyes atacadas es la ley de divorcio vincular sancionada en 1987. En declaraciones públicas, el funcionario expresó la idea de que los hijos de padres y madres divorciados “sufren trastornos de ansiedad” y tienen “rendimientos inferiores a los niños de “familias consolidadas”.
- En segundo lugar, cargó contra la ley de matrimonio igualitario de 2010 al que erróneamente denominó como de “matrimonio homosexual”.
- En tercer lugar, desinformó sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo de 2020 pues dijo, erróneamente, que “promueve el aborto” y que avala la “matanza de criaturas”. Es menester señalar que nada de eso sucede, sino que, por el contrario, lo que hace la legislación es garantizar el acceso al aborto en el sistema de salud. Esto ha contribuido a reducir la mortalidad materna por aborto en un 53%
- Del mismo modo, se refirió a la Educación Sexual Integral (ESI) como “leyes para que la ideología de género se haga obligatoria en las escuelas, para pervertir a nuestros hijos, para hacer daño a nuestra sociedad”. Es de suma gravedad que el secretario desconozca el impacto positivo que ha generado su implementación. Está comprobado que niños y niñas que denunciaron abusos pudieron contarlo por primera vez después de una clase de ESI.
Por último, cabe subrayar el carácter democrático y plural de todas estas leyes que fueron votadas por parlamentarios de una amplia diversidad de partidos políticos.
Declaraciones ofensivas antes de ser secretario de Culto
Como es de público conocimiento y antes de la asunción en el cargo, Sánchez tuvo declaraciones de un evidente carácter ofensivo y discriminatorio hacia las principales religiones y cultos que se profesan en nuestro país.
Sus manifestaciones han estado caracterizadas por diferentes grados de antisemitismo (como cuando planteó la existencia de un “sionismo internacional”) y de islamofobia (al haber hablado de “hordas islámicas”), además de haber esgrimido referencias insultantes hacia el ex arzobispo de Buenos Aires y actual jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco.
La ausencia de una cabal e integral retractación pública sobre estas palabras de odio hacia las tres grandes religiones monoteístas generaron desde un inicio serias dudas sobre la posibilidad de que ejerza de manera adecuada y legítima su cargo, que aborda las relaciones del Estado nacional con todas las organizaciones religiosas que funcionen en el país para garantizar la libertad de culto.
Amnistía Internacional considera que la Cancillería debe instruir a Francisco Sánchez a abstenerse de emitir pronunciamientos carentes de toda evidencia científica, que atacan derechos consolidados, desinforman a la sociedad, y además son violentos y discriminatorios.
