Las autoridades de Qatar deben anular la condena del ciudadano británico-mexicano Manuel Guerrero Aviña, condenado a seis meses de prisión condicional y a una multa tras un juicio manifiestamente injusto ante el Tribunal Penal de Al Sadd de la capital, Doha, han declarado hoy Amnistía Internacional, FairSquare y Na
Las autoridades de Qatar recluyeron a Guerrero Aviña sin cargos durante más de seis semanas, lo interrogaron sobre sus relaciones sexuales y lo sometieron a malos tratos por su orientación sexual y su condición de seropositivo.
Miembros de las fuerzas de seguridad vestidos de civil arrestaron a Guerrero Aviña, que llevaba siete años viviendo en Doha y trabajaba para Qatar Airways, el 4 de febrero, poco después de que accediera a conocer a otro hombre a través de Grindr, una aplicación de citas gay. Su familia dijo a Amnistía Internacional que creía que el perfil en línea de la persona con la que accedió a verse era falso y que había sido creado por agentes del orden para engañarlo. Las autoridades lo acusaron posteriormente de posesión de drogas y otros delitos de drogas, cargos que él niega.
“Las autoridades de Qatar deben anular la escandalosa condena de Guerrero Aviña y ordenar su libertad inmediata. Hay serios temores de que Guerrero Aviña haya sido blanco de ataques por su orientación sexual y de que haya sido obligado a proporcionar a las autoridades información que éstas podrían utilizar para llevar a cabo una represión más amplia de las personas LGBTI en Qatar”, ha declarado Aya Majzoub, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“El trato de Guerrero Aviña bajo custodia y su juicio injusto fue absolutamente horrible. En lugar de condenar a personas tras procedimientos injustos, las autoridades de Qatar deben poner fin urgentemente a la discriminación y la persecución de personas por su orientación sexual e identidad de género, y derogar todas las leyes que discriminan a las personas LGBTI”.
Según su familia, agentes de seguridad interrogaron a Guerrero Aviña sin asistencia letrada y lo obligaron a poner sus huellas dactilares en una supuesta confesión en árabe —lengua que no entiende— sin proporcionarle un intérprete ni una traducción del documento bajo amenaza de malos tratos físicos si no firmaba. Amnistía Internacional revisó este documento, que decía que, durante su interrogatorio el 5 de febrero a las 5:07 a.m., Guerrero Aviña había confesado haber consumido y poseído drogas. Seis horas después de firmar esta “confesión”, Guerrero Aviña dijo al Ministerio Público en una vista judicial que negaba todos los cargos relacionados con drogas. Guerrero Aviña también dijo a su familia que, durante sus interrogatorios, agentes de seguridad lo habían amenazado con azotarlo si no desbloqueaba su teléfono para identificar a otras personas LGBTI, incluidas sus parejas sexuales anteriores.
Guerrero Aviña solicitó repetidamente un abogado durante el tiempo que permaneció detenido, pero no tuvo la oportunidad de recibir asesoramiento jurídico hasta el 15 de marzo. Las autoridades también le negaron el acceso a los documentos relacionados con su caso durante más de dos meses después de su detención, y solo le concedieron acceso al expediente del caso a él y a sus abogados unos días antes de la primera sesión de su juicio. Por tanto, se le negó el tiempo y las facilidades adecuadas para preparar y presentar su defensa, así como para impugnar los argumentos y pruebas presentados ante el tribunal en condiciones de igualdad respecto a la fiscalía, lo que violó su derecho de defensa.
Guerrero Aviña dijo a su familia que, durante la segunda semana de detención, había sido sometido a reclusión en régimen de aislamiento, se le había negado el acceso a comida y agua durante 15 horas al día, y que se había visto obligado a mendigar comida. Las autoridades se negaron a proporcionarle su medicamento esencial para el VIH durante un mes después de su arresto y no le permitieron acceder a un examen médico adecuado para reevaluar sus necesidades de medicación.
Guerrero Aviña fue puesto en libertad provisional el 18 de marzo sometido a una prohibición de viajar. Esta restricción de sus movimientos puso en peligro su salud y su vida, ya que los medicamentos específicos contra el VIH que estaba tomando antes de su arresto no están disponibles en Qatar.
Deborah Gold, directora ejecutiva de National AIDS Trust, organización benéfica de derechos relacionados con el VIH con sede en Reino Unido, dijo:
“A lo largo de todo este proceso de arresto, detención y juicio, Manuel no ha podido tener acceso ininterrumpido a medicamentos vitales ni a pruebas y evaluaciones adecuadas. Nos preocupa enormemente que no tenga acceso a la atención médica y el tratamiento continuos, que es su derecho humano, mientras esté en Qatar. Instamos al gobierno británico a que haga todo lo posible para garantizar la salud, los derechos y el bienestar de Manuel”.
El 22 de abril, Guerrero Aviña compareció ante el tribunal para su primera vista por cargos relacionados con drogas en virtud de la ley N°. 9 de 1987 sobre Control y Regulación de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas Peligrosas.
Según el expediente, las autoridades informaron a Guerrero Aviña en el momento de su detención de que habían encontrado rastros de residuos de metanfetamina de cristal y otro material relacionado con las drogas. Éste sostiene firmemente que las drogas y los artículos relacionados no eran suyos y que fueron colocados por agentes del orden.
Un funcionario de Qatar dijo a Amnistía Internacional el 24 de marzo, en respuesta a la solicitud de información de la organización sobre el caso, que: “El Sr. Aviña fue arrestado por posesión de sustancias ilegales en su persona y en su apartamento […] Una prueba de drogas más tarde dio positivo”, y que “el arresto del Sr. Aviña y la investigación posterior están relacionados únicamente con la posesión de sustancias ilegales con la intención de suministrar”.
Según la familia de Guerrero Aviña, el informe de su arresto indica que fue detenido basándose en información de una fuente secreta recibida por la Dirección General de Control de Drogas, y que no se encontró nada ilegal en su persona. Todas las pruebas se recogieron durante un registro de su alojamiento el 4 de febrero.
Las autoridades de Qatar están utilizando este caso para estigmatizar y criminalizar a las personas LGBTI. Hasta ahora, las autoridades se han basado en el cuestionable resultado manuscrito de un análisis de orina para enjuiciar a Guerrero Aviña por cargos relacionados con drogas aunque éste ha negado enérgicamente haber consumido o poseído drogas ilícitas y a pesar de que esto no serviría de ninguna manera como prueba de su posesión. Según las normas internacionales, la realización de análisis de drogas sin consentimiento constituye una violación del derecho a la privacidad y no debe utilizarse como prueba para el enjuiciamiento.
James Lynch, codirector de FairSquare, que trabaja sobre los derechos humanos en el Golfo, pidió al gobierno británico que expusiera sus motivos de preocupación sobre la imparcialidad del juicio de Guerrero Aviña ante las autoridades de Qatar:
“Este caso es una parodia de la justicia desde el momento en que Manuel fue detenido en el vestíbulo de su apartamento. Tras su condena, el gobierno británico tiene la responsabilidad de hacer gestiones urgentes ante el gobierno de Qatar sobre el proceso, enormemente injusto y discriminatorio, al que ha sido sometido su ciudadano. También debe presionar a las autoridades de Qatar para que pongan fin a la persecución de personas por su orientación sexual o identidad de género”.
Información complementaria
El Código Penal de Qatar tipifica como delito una serie de actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo en virtud de sus artículos 285 y 296. Las personas declaradas culpables pueden estar hasta siete años en prisión.
Según Human Rights Watch, se sabe que la policía de varios países de Oriente Medio y el Norte de África ha utilizado perfiles falsos en aplicaciones de citas LGBTQI para engañar y arrestar a personas. En 2022, activistas informaron de que los funcionarios de seguridad habían arrestado, torturado y maltratado arbitrariamente a seis personas en Qatar por su orientación sexual. Human Rights Watch también documentó seis casos de palizas graves y repetidas, y cinco casos de acoso sexual bajo custodia policial entre 2019 y 2022 basados únicamente en la expresión de género de las personas. En algunos casos, las fuerzas de seguridad ordenaron que las mujeres transgénero detenidas asistieran a sesiones de terapia de conversión en un centro de “atención médica conductual” patrocinado por el gobierno como condición para ser excarceladas. Las investigaciones de los medios de comunicación también han documentado el uso de aplicaciones de citas LGBT para arrestar a personas en Qatar.
