“Las autoridades jordanas deben poner en libertad de inmediato al destacado periodista Ahmad Hassan al Zoubi, detenido el 2 de julio de 2024 por las fuerzas de seguridad en virtud de una sentencia judicial dictada hace un año que lo había condenado a un año de prisión por una publicación en Facebook en la que criticaba a las autoridades”, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
Según documentos judiciales que ha estudiado Amnistía Internacional, el 22 de junio de 2023, el tribunal de primera instancia condenó inicialmente a Ahmad Hassan al Zoubi a dos meses de prisión y una multa por una publicación en Facebook en la que criticaba la respuesta de las autoridades a las huelgas de transporte en la gobernación meridional de Maan. Al Zoubi fue declarado culpable en virtud del artículo 150 del Código Penal y del artículo 15 de la anterior Ley de Ciberdelitos del país de “incitar al conflicto”.
“Nadie debería ser encarcelado simplemente por criticar a las autoridades en las redes sociales. La detención de Ahmad Hassan al Zoubi es parte de la represión generalizada y continua de la disidencia en Jordania que, en los últimos meses, se ha dirigido contra cientos de personas. Además de su detención arbitraria y de su declaración de culpabilidad, se enfrentó a un juicio injusto por cargos que no son delitos reconocibles en el derecho internacional”, declaró Aya Majzoub, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Las autoridades jordanas deben poner en libertad inmediata e incondicional a Ahmad Hassan al Zoubi y anular su declaración de culpabilidad. Las autoridades deben reformar asimismo las disposiciones imprecisas y excesivamente amplias de leyes como la nueva Ley de Ciberdelitos, que se utiliza para criminalizar la libertad de expresión”.
Tras el recurso de la fiscalía contra la pena impuesta a Ahmad Hassan al Zoubi, el 27 de julio de 2023, un tribunal de apelaciones aumentó la condena a un año de prisión y una multa de 200 dinares jordanos (unos 282 dólares estadounidenses). Sin embargo, Ahmad Hassan al Zoubi no había sido detenido hasta ahora.
El abogado de Ahmad Hassan al Zoubi declaró que la fiscalía se basó únicamente en su publicación en Facebook para condenarlo por “incitar al conflicto” y se refirió a la sección de comentarios del post público, en la que otras personas expresaron sentimientos incitadores. El Tribunal de Apelación dictó su sentencia sin fijar vistas judiciales ni permitir que Al Zoubi y su abogado presentaran una defensa. Según la ley jordana, los delitos menores solo pueden recurrirse una vez ante el Tribunal de Apelación. Sin embargo, la ley permite solicitudes especiales de recurso ante el Tribunal de Casación con carácter excepcional. El ministro de Justicia rechazó tres solicitudes del abogado de Al Zoubi para recurrir ante el Tribunal de Casación y obtener una sentencia definitiva.
Información complementaria
Ahmad Hassan al Zoubi es un destacado periodista, dramaturgo y escritor satírico que ha escrito para diversos medios de comunicación jordanos y regionales. También es el fundador de Sawaleif, sitio web de noticias jordano. Su detención se produce como parte de una constante de represión por las autoridades jordanas del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica mediante el uso de disposiciones penales poco precisas y demasiado amplias de la Ley de Prevención del Delito, el Código Penal de 1960 y la Ley de Ciberdelitos recientemente reformada.
El 12 de agosto de 2023, el rey aprobó una reforma de la Ley de Ciberdelitos que reprime aún más el derecho de las personas a expresar libremente sus opiniones en Internet con la introducción de penas de prisión más severas de un mínimo de 3 meses y multas de hasta 32.000 dinares jordanos (45.115 dólares estadounidenses). La redacción de la ley reformada incumple los requisitos del derecho internacional, que exige que los textos legales se formulen con la precisión suficiente para que las personas regulen su conducta en consecuencia.
Desde la reforma de la Ley de Ciberdelitos, Amnistía Internacional ha documentado una intensificación de la represión de la libertad de expresión. Desde el 7 de octubre, se han presentado cargos en virtud de la Ley de Ciberdelitos contra decenas de personas por publicaciones en las redes sociales en las que simplemente expresaban sentimientos propalestinos, criticaban el acuerdo de paz de las autoridades con Israel o convocaban protestas pacíficas y huelgas públicas, acusándolas en aplicación de disposiciones como “incitar al conflicto” y “socavar la unidad nacional”, que no son delitos reconocibles en virtud del derecho internacional.
