En toda Europa, el derecho de reunión pacífica está sufriendo una fuerte embestida a medida que los Estados deslegitiman, estigmatizan, criminalizan y reprimen cada vez más a quienes se manifiestan pacíficamente, imponiendo restricciones injustificadas y punitivas y recurriendo a medios cada vez más represivos para acallar la disidencia; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.

En Under-protected and over-restricted: The state of the right to protest in 21 countries in Europe, Amnistía Internacional pone de manifiesto un patrón en todo el continente de leyes represivas, uso excesivo o innecesario de la fuerza, detención arbitraria y enjuiciamiento, restricciones injustificadas o discriminatorias, y uso creciente de tecnologías de vigilancia invasivas, cuyo resultado es un retroceso sistemático del derecho a protestar.

“La investigación de Amnistía dibuja el panorama profundamente alarmante de una ofensiva en toda Europa contra el derecho de protesta. En todo el continente, las autoridades están vilipendiando, obstaculizando, disuadiendo y castigando ilegalmente a quienes protestan de manera pacífica”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“A lo largo de la historia, la protesta pacífica ha tenido un papel decisivo para lograr el reconocimiento de muchos derechos y libertades que hoy damos por hechos. Sin embargo, en toda Europa, leyes y políticas represivas combinadas con prácticas injustificadas y tecnologías de vigilancia abusivas están creando un entorno tóxico que representa un verdadero peligro para la protesta y quienes protestan pacíficamente. Cualquiera de ellas, por sí sola y en un solo país, ya sería preocupante. Pero que haya decenas de estas tácticas represivas a escala continental es simplemente terrorífico.”

Actuación policial, impunidad y vigilancia 

El informe documenta el uso generalizado de fuerza excesiva o innecesaria por la policía contra manifestantes pacíficos, incluido el uso de armas de letalidad reducida. Se denunciaron casos con resultado de lesiones graves y en ocasiones permanentes, como fracturas de dientes o huesos (Alemania, Francia, Grecia, Italia), pérdida de una mano (Francia), pérdida de un testículo (España) y luxaciones, lesiones oculares y traumatismo craneal grave (España). En algunos países, el uso de la fuerza fue equiparable a tortura u otros malos tratos, y, en Alemania, Bélgica, Eslovenia, Finlandia, Francia, Italia, Polonia, Serbia y Suiza, agentes encargados de hacer cumplir la ley emplearon fuerza excesiva contra menores.

La investigación incluye casos de impunidad policial y ausencia de rendición de cuentas en numerosos países, entre ellos Alemania, Austria, Bélgica, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Italia, Portugal, Reino Unido, Serbia, Suiza y Turquía.

Cada vez más, los Estados utilizan nuevas tecnologías y herramientas de vigilancia para vigilar selectiva y masivamente a manifestantes. Esto incluye actividades de rastreo y seguimiento así como recopilar, analizar y almacenar datos. Varios Estados han ampliado la vigilancia a través de la legislación sin introducir garantías adecuadas, por lo que estas prácticas están abiertas a abusos generalizados.

Ha habido un marcado aumento del uso de la tecnología de reconocimiento facial en Europa. Los servicios encargados de hacer cumplir la ley de 11 de los países examinados la utilizan actualmente, y 6 más tienen previsto introducirla. El uso de la tecnología de reconocimiento facial para identificar manifestantes constituye vigilancia masiva e indiscriminada, y no hay garantías que puedan prevenir el daño que causa. Amnistía Internacional ha pedido la prohibición total de esta tecnología.

Demonización de la protesta

El informe señala que las autoridades muestran una tendencia alarmante a la estigmatización con el fin de deslegitimar la protesta y a quienes protestan. Autoridades de 21 países comparten un discurso nocivo que califica de “terroristas”, “delincuentes”, “agentes extranjeros”, “anarquistas” y “extremistas” a las personas que se manifiestan. Esta retórica negativa se ha utilizado con frecuencia para justificar la aprobación de leyes aún más restrictivas.

Cada vez más, los actos pacíficos de desobediencia civil se plantean como una amenaza para el orden público o la seguridad nacional, lo que sirve a las autoridades de falso pretexto para imponer restricciones y soslayar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

El uso de una retórica demonizadora por parte de figuras políticas de alto nivel ha sido particularmente frecuente en respuesta a las protestas en solidaridad con el pueblo palestino. En Reino Unido, las manifestaciones fueron calificadas de “marchas de odio” por el ministro del Interior y de “dominio de la turba” por el primer ministro. En Eslovenia, el entonces primer ministro dijo a quienes se manifestaban en 2021 que se marcharan “al lugar de donde venían” y, en 2023, las autoridades animaron a sus seguidores de Twitter (X) a tomar fotografías de manifestantes porque podían ser “terroristas”.

Las autoridades de otros lugares, como Alemania, España, Italia y Turquía, no sólo han tachado de “ecoterroristas” o “delincuentes” a los activistas por el clima sino que además han actuado en su contra utilizando disposiciones legales sobre terrorismo y legislación destinada a combatir la delincuencia organizada y proteger la seguridad nacional.

Criminalización y legislación contra la protesta

Estados de toda Europa están incumpliendo sus obligaciones jurídicas internacionales de respetar, proteger y facilitar las reuniones pacíficas, eliminar obstáculos para la protesta y evitar intromisiones indeseadas en el ejercicio del derecho de reunión pacífica.

Aunque la totalidad de los 21 países examinados en el informe han ratificado los principales instrumentos de derechos humanos que protegen el derecho de reunión pacífica, muchos no han incorporado las disposiciones regionales e internacionales a su legislación nacional. Esto, sumado a la aprobación de leyes represivas, restricciones arrolladoras y requisitos onerosos, crea un entorno cada vez más hostil para la protesta.

En años recientes, algunos gobiernos europeos han impuesto restricciones arrolladoras sobre la protesta. La investigación de Amnistía Internacional revela que los motivos aducidos por las autoridades para imponer tales restricciones eran a menudo espurios, y que los gobiernos usaron con frecuencia la “seguridad nacional” y el “orden público” como pretextos para reprimir la disidencia pacífica.

Los falsos argumentos de la “seguridad nacional” y el “orden público” utilizados los últimos meses para prohibir o restringir gravemente las manifestaciones de solidaridad con el pueblo palestino en toda la región no sólo incumplen los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, sino que además se basan en estereotipos y prejuicios raciales. En varios de los países examinados se ha actuado contra las manifestaciones de solidaridad con el pueblo palestino prohibiendo y vetando determinados símbolos y cánticos. La policía suele hacer cumplir tales prohibiciones ejerciendo la violencia.

En muchos de los países examinados, quienes organizan una protesta tienen la obligación de notificar a las autoridades sus planes de manifestarse, y si incumplen esa obligación se enfrentan a faltas administrativas o a cargos. El requisito de notificación es una injerencia en los derechos de las personas y los Estados suelen utilizarlo de un modo injustificado e inaceptable con arreglo al derecho internacional. En cuatro países —Bélgica, Luxemburgo, Suecia y Suiza—, quienes organizan una protesta tienen la obligación de solicitar autorización para manifestarse.

El hecho de no notificar con antelación una protesta (o, en su caso, no pedir permiso para celebrarla) se ha utilizado para calificarla de reunión “ilegal” y así poder ordenar su disolución, detener a quienes participan en ella e imponer sanciones penales a organizadores y participantes.

En algunos países, la legislación obliga a los organizadores a mantener la seguridad y el orden durante la reunión, a cubrir total o parcialmente los gastos de servicios públicos como limpieza de las calles, seguridad y emergencias, e incluso a responder de los actos de participantes y asumir su coste.

En ocho países están totalmente prohibidas las protestas en determinados lugares, como las inmediaciones de sedes gubernamentales y parlamentarias y otros edificios públicos. Cuatro países establecen prohibiciones generales temporales, y varios países han impuesto restricciones relacionadas con el “contenido” de las protestas, con sanciones administrativas y penales para quien incumpla estas normas.

Actuación selectiva contra la desobediencia civil 

Pese a que la desobediencia civil pacífica —infringir la ley de forma premeditada por motivos de conciencia— está protegida por el derecho de reunión pacífica, los Estados la plantean cada vez más como una “amenaza” para el orden público o la seguridad nacional y responden a ella con métodos aún más duros, que incluyen la disolución innecesaria de reuniones por la policía, el uso excesivo de la fuerza, las detenciones basadas en legislación carente de claridad jurídica, y graves sanciones y cargos que pueden acarrear penas de prisión.

En Alemania, Italia y Reino Unido, existen disposiciones de carácter preventivo que permiten prohibir a personas acudir a lugares o participar en actividades —e incluso detenerlas— para impedir su participación en actos de desobediencia civil.

Efecto disuasorio y discriminación

La vigilancia masiva indiscriminada, la actuación policial de mano dura, los requisitos onerosos y el riesgo de sanciones penales generan miedo y disuaden de participar en reuniones.

Este “efecto disuasorio” afecta de manera desproporcionada a los miembros de grupos racializados y marginados, que ya corren más peligro de sufrir violencia, desigualdad y discriminación racial o de otra índole por parte de funcionarios públicos y que han de superar mayores obstáculos para participar y, por tanto, tienen más probabilidades de sufrir restricciones y represión.

En varios países, la (supuesta) identidad de quienes organizaban y participaban en las protestas, así como las causas por las que se movilizaban, influyeron en las restricciones impuestas por las autoridades. Muchos países parecen diferenciar de forma discriminatoria los distintos movimientos, grupos y causas de protesta. Por ejemplo, las restricciones impuestas a las protestas organizadas por o en solidaridad con grupos racializados, personas LGBTI o personas refugiadas, migrantes o solicitantes de asilo se justificaron con argumentos basados en estereotipos raciales y de género que reflejaban racismo institucional, homofobia, transfobia y otras formas de discriminación.

En Alemania, las manifestaciones previstas con motivo del Día de la Nakba en Berlín en 2022 y 2023 se prohibieron con carácter preventivo en función de estereotipos dañinos y discriminatorios sobre los posibles participantes, a quienes la policía describía como “propensos a la violencia”. En Polonia y Turquía, las personas LGBTI soportan mayores niveles de restricción discriminatoria y hostigamiento por parte de las autoridades desde hace muchos años.

“El derecho a protestar podría terminar 'muriendo desangrado' en Europa, cuando la gente que sale a la calle se enfrenta a una avalancha de restricciones cada vez más represivas, sanciones penales, violencia del Estado, discriminación y vigilancia generalizada. Sin embargo, a pesar de estos ataques, la gente sigue protestando para proteger derechos duramente conquistados y garantizar nuevos derechos”, ha manifestado Catrinel Motoc, directora de campañas de la Oficina Regional para Europa de Amnistía Internacional.

“En lugar de restringir la protesta pacífica y castigar a quienes salen a la calle, los Estados de toda Europa deberían reconsiderar totalmente su enfoque. La protesta debe ser facilitada y no silenciada, y la represiva red de leyes promulgadas debe ser reformada para que éstas se ajusten a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.”

Información complementaria

Los países examinados son Alemania, Austria, Bélgica, Chequia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.

El proyecto forma parte de la campaña global de Amnistía Internacional Protejamos la Protesta, destinada a defender el derecho de protesta en todo el mundo.