Grecia debe anular con urgencia las normas jurídicas que hacen que las personas solicitantes de asilo que acuden al Centro de Acceso Controlado y Cerrado de la isla de Samos, financiado por la UE, sean privadas de su libertad de forma sistemática e ilegal; así lo afirma Amnistía Internacional en un informe publicado hoy. La organización también pide a la UE que exija responsabilidades a Grecia por las violaciones de derechos humanos cometidas en el centro y que se asegure de que este sistema no sirve de modelo para el Pacto de Migración y Asilo recientemente adoptado.

El informe, Samos: “We Feel in Prison on the Island”, Unlawful Detention and Sub-standard Conditions in an EU-Funded Refugee Centre, revela el uso indiscriminado de las órdenes de “restricción de libertad”, que permiten la detención ilegal y arbitraria de las personas residentes en el centro.

Grecia es, desde hace tiempo, un campo de pruebas para las políticas migratorias de la UE basadas en la exclusión racializada de personas en movimiento en las fronteras de la región. Los resultados de Samos demuestran que este modelo es punitivo, caro y propicio para cometer abusos.

Deprose Muchena, director general de Impacto Regional en Derechos Humanos de Amnistía Internacional

“Las autoridades griegas, con el pretexto de identificar e inscribir en registro a las personas que llegan, en la práctica detienen a todas, incluidas las que están en situación de vulnerabilidad, lo que supone una violación de sus derechos. Esto está sucediendo en un centro financiado por la UE que se supone que cumple las normas europeas.”

“Una pesadilla distópica” financiada por la UE

Cuando el campamento de personas refugiadas de Moria, en la isla griega de Lesbos, fue arrasado por incendios en 2020, la Comisión Europea destinó 276 millones de euros de los fondos de la UE a nuevos centros “polivalentes”, prometiendo “mejores condiciones”. Estos sitios fueron diseñados como centros de recepción y detención previa a la devolución. El de Samos fue el primero que se inauguró, en 2021.

Debido al aumento de las llegadas, entre junio de 2023 y enero de 2024 se sufrieron condiciones de hacinamiento en el centro, con un pico de 4.850 residentes en octubre de 2023. Esto llevó a alojar a personas en zonas no residenciales, como cocinas y aulas, y en contenedores, en condiciones inadecuadas. Si bien el centro tenía cabida originalmente para 2.040 personas, las autoridades elevaron ese número a 3.650 en septiembre de 2023, sin ninguna intervención aparente para ampliar la capacidad de alojamiento.

El aumento de las llegadas agravó problemas de larga data en la prestación de servicios básicos, como la escasez de agua y la falta de personal médico permanente. La continuidad de los servicios médicos también está en entredicho, ya que los contratos del personal sanitario que actualmente presta sus servicios en el centro expiraron el 30 de junio, pero la implementación del nuevo proyecto financiado por la UE para la prestación de asistencia médica, “Hippocrates”, gestionado por la Organización Internacional para las Migraciones, sigue pendiente. La incertidumbre prolongada y continua en torno a la prestación de servicios de salud adecuados en el campo plantea serios motivos de preocupación sobre la capacidad de Grecia para garantizar a las personas solicitantes de asilo igualdad de acceso a los servicios de salud.

“La UE prometió que estos centros cumplirían las ‘normas europeas’. En cambio, encontramos una pesadilla distópica: un campo con fuertes medidas de seguridad y sin infraestructuras básicas. Cámaras de seguridad y alambrada de espino rodean el centro, creando un entorno “carcelario”. No había suficiente agua ni atención médica adecuada, e incluso faltaban camas. Y la gente no podía abandonar el centro durante semanas, en algunos casos durante muchos meses”, dijo Deprose Muchena.

Detención sistemática, arbitraria e ilegal

Las personas que residen en el centro son sistemáticamente sometidas a órdenes de “restricción de la libertad” que les impiden salir del centro en un plazo de hasta 25 días a partir de su entrada. Estas restricciones exceden las “restricciones de la libertad de circulación” legítimas y equivalen a detención ilegal. Se aplican automáticamente a quienes llegan sin tener en cuenta las circunstancias personales, en incumplimiento del derecho y las normas internacionales, que establecen que la detención únicamente por motivos de inmigración solo se permite en las circunstancias más excepcionales.

Amnistía Internacional pudo comprobar que la aplicación de estas medidas también presenta graves deficiencias, ya que las detenciones superaban el límite establecido de 25 días, a menudo sin una decisión por escrito o en virtud de una decisión retroactiva.

Además, especialmente en épocas de hacinamiento, las personas residentes en el centro se han enfrentado a condiciones de vida indignas que podrían violar la prohibición de malos tratos.

Tenemos problemas de salud mental. Yo hui de la guerra. Nos fuimos de Siria para tener un futuro mejor […] no [para estar] aquí en [condiciones] inseguras, antihigiénicas, difíciles en todos los aspectos. Dejé a mi familia en casa y ahora me siento castigado aquí.

Nabil*, un hombre de Siria que vive en el centro

Aunque las restricciones de las órdenes de libertad son aparentemente “neutrales desde el punto de vista racial” y se aplican a todos los recién llegados a los centros, afectan casi exclusivamente a las personas solicitantes de asilo racializadas. Grecia debe garantizar que sus políticas migratorias no causan discriminación racial, que es contraria al derecho internacional.

El apoyo de la Comisión Europea a la creación y el funcionamiento del centro añade peso a sus responsabilidades por cualquier violación de derechos resultante. Como todos los nuevos centros financiados por la UE, el de Samos está diseñado con arreglo a los principios que sustentan el Pacto sobre Migración y Asilo de la UE, conjunto de reformas a la legislación sobre asilo de la UE recientemente adoptadas. Amnistía Internacional expresó sistemáticamente su preocupación por el hecho de que el Pacto debilitaría el acceso al asilo y aumentaría el riesgo de violaciones de derechos humanos y de detención de facto, especialmente a través de las restricciones de circulación impuestas a las personas migrantes mientras se someten a procedimientos de selección y de asilo y retorno en la frontera.

“Samos proporciona una ventana al futuro del Pacto y una oportunidad crítica para que la UE y sus Estados miembros cambien de rumbo. Deben derogarse urgentemente las normas griegas de asilo sobre ‘restricciones de la libertad’ y, a tal fin, la Comisión Europea debe avanzar en sus procedimientos de infracción contra Grecia para garantizar el cumplimiento de la legislación de la UE”, ha manifestado Deprose Muchena.

“La UE debe actuar con urgencia para garantizar que el uso de medidas restrictivas durante los procedimientos de migración no da lugar a detenciones ilegales generalizadas y otros abusos, como estamos viendo en Samos. De no hacerlo, no sólo socavaría radicalmente las normas de derechos fundamentales de la UE sino que también agravaría drásticamente el trauma y sufrimiento humano en las fronteras.”

Información complementaria

La investigación se llevó a cabo entre diciembre de 2023 y julio de 2024 y se basa en reuniones, entrevistas e intercambios con residentes del centro y representantes de las autoridades griegas, organizaciones de la sociedad civil y organismos de la ONU. Va acompañada de obras de arte que representan los sentimientos y experiencias vitales de personas residentes del centro y fueron realizadas en talleres organizados en colaboración con Samos Volunteers. Aquí pueden visitar la galería online.