Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei -hace casi 8 meses-, al menos 9 protestas en la Ciudad de Buenos Aires fueron reprimidas de manera excesiva y abusiva por las fuerzas de seguridad contra personas que ejercen el derecho a manifestarse pacíficamente, restringiendo el ejercicio de la libertad de expresión.
Esto se da en el marco de la implementación de una serie de normas aprobadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación que vulneran el derecho a la libertad de expresión, de reunión, de asociación, al derecho a la protesta pacífica y que desconocen los estándares internacionales sobre uso de la fuerza. Principalmente, el llamado “protocolo anti-piquetes", que considera a la protesta social como un delito, y el reglamento para el uso de armas menos letales.
Ante los fuertes ataques al ejercicio de derechos en el espacio cívico, Amnistía Internacional (AI) envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a Relatorías Especiales de Naciones Unidas. Además, relevó información pública que compartió en la comunicación remitida.
“El derecho a expresarnos libremente es uno de los principios fundacionales de la democracia. Desde el 10 de diciembre de 2023 se vienen desplegando numerosas estrategias que tienen como objetivo restringir e impedir la protesta, y que envían un mensaje amenazante a quien decide reclamar a las autoridades. Ello se da en el marco de una narrativa de gobierno violenta y polarizante, que ataca al que piensa diferente. Las autoridades deben respetar el disenso y garantizar su libre expresión en las calles, en las redes sociales y en todos los canales disponibles”, señaló Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
Principales problemas identificados en el contexto de protestas sociales
En todas las manifestaciones relevadas puede observarse el uso abusivo de la fuerza con el objeto de limitar el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica. Los agentes de seguridad recurren al uso de la fuerza como primera respuesta estatal, generando y/o aumentando situaciones de violencia que luego son más complejas de controlar. Esta conducta deja como saldo numerosas personas heridas, en muchos casos con lesiones en la zona facial y ocular.
En definitiva, la intervención estatal ha desalentado y limitado el ejercicio de un derecho reconocido por la Constitución Nacional y numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos.
📌 El relevamiento realizado por Amnistía Internacional analizó, entre otros puntos:
📌 El uso abusivo de la fuerza
📌 El uso indiscriminado de gases lacrimógenos y balas de goma (que ha provocado heridas en la cara y ojos)
📌 Los ataques a la prensa, que son un actor clave para documentar los posibles abusos la criminalización de la protesta y detenciones arbitrarias.
📌 Los pronunciamientos públicos de autoridades que fomentan y convalidan la violencia y la represión
En consecuencia, Amnistía Internacional le solicitó a la CIDH y a Naciones Unidas que exhorte al Estado argentino a respetar y proteger la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica, tal como establecen los estándares internacionales a los que el país se ha comprometido a respetar; y a abstenerse de utilizar la persecución penal, desalentando el disenso y los reclamos sociales en el futuro.
Información complementaria: narrativas violentas y peligrosas para lidiar con el disenso
El gobierno de Javier Milei se ha caracterizado por una retórica regresiva en materia de derechos humanos. Desde que inició su administración, Milei ha dirigido discursos que estigmatizan a la oposición partidista, periodistas, al movimiento feminista, las comunidades LGBTIQ++, ambientalistas, organizaciones civiles, las personas trabajadoras de la administración pública y a los derechos humanos en general. Estos mensajes son multiplicados por integrantes y simpatizantes del gobierno, especialmente en X (antes Twitter), TikTok y el entorno digital en general.
El uso de una narrativa de confrontación violenta y dogmática inherente a las prácticas autoritarias es una receta perfecta para silenciar y censurar a quienes piensan diferente. Así, se limita gravemente la libertad de expresión.
Ante estas alertas, hace unos días, la organización también envió una carta a la CIDH por el recrudecimiento de los ataques a cerca de 30 periodistas recibieron hostigamiento en redes socio digitales y medios de comunicación.
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