El informe, titulado Abortion in America: The U.S. Human Rights Crisis in the Aftermath of Dobbs, contiene historias de mujeres y personas gestantes cuyos derechos humanos se han visto perjudicados a lo largo y ancho de tal país, por las leyes estaduales y prácticas restrictivas que impiden que mujeres y niñas puedan acceder a servicios de aborto.
Además de las prohibiciones y restricciones del derecho al aborto en 21 estados, existen otras barreras que impiden el acceso igualitario a abortos seguros. Entre ellas, se destacan la falta de atención médica adecuada y los diversos esfuerzos por criminalizar la práctica, que ponen en peligro tanto a las mujeres que buscan un aborto como al personal de salud. Sumado a ello, los discursos de desinformación y estigmatización en torno al aborto, junto con las acciones de los grupos antiabortistas para obstruir el acceso, han desembocado en una real crisis de derechos humanos.
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“Durante mucho tiempo sentí que, cada día que podía presentarme en esta clínica y ver a pacientes, ganaba. Pero luego, sentí que el fallo Dobbs me arrebataba eso. Todavía no lo he superado. Fue horrible. Tuve ataques de pánico todos los días. Ninguna persona que preste servicios médicos debería estar nunca en esa situación. Y, lo que es más importante, ninguna paciente debería estar nunca en una situación en la que la persona que le presta atención médica pueda brindársela y sea frenada por el gobierno”, expresó la obstetra Amna Dermish en el informe de Amnistía Internacional.
Una discriminación desgarradora
El informe narra el daño y la discriminación; incluye entrevistas en profundidad de embarazadas, familias, activistas, especialistas en salud pública y profesionales de la salud en estados con prohibiciones del aborto. Las historias ponen de manifiesto que todos los embarazos son diferentes y que cada persona debe tener derecho a decidir si aborta o no sin la injerencia del gobierno.
“Fue de lo más angustiante tener que explicarle al médico que [mi hija adolescente] había sido abusada sexualmente, y luego escuchar que él no podía hacer nada para ayudarla,”, dijo una madre de Mississippi que tuvo que viajar más de 7 horas hasta una clínica de aborto en Illinois y pagar 1.595 dólares por el aborto de su hija y casi 500 de hotel.
Además de quienes viajaron cientos de kilómetros, el informe incluye ejemplos de casos que no podían pagar un viaje, por lo que se vieron obligadas a llevar a término su embarazo contra su voluntad. También hay casos de quienes se vieron forzadas a continuar con el embarazo a pesar de situaciones de abuso sexual infantil, anomalías fetales graves y riesgos para la salud.
“El acceso a la atención reproductiva, incluidos los abortos, no debe depender del Estado en el que viva una persona ni de la capacidad que tenga o no para viajar a otra región del país. El panorama actual hace que algunas mujeres no puedan acceder a servicios de interrupción del embarazo: no es así como se supone que funcionan los derechos humanos”, señalaron desde Amnistía Internacional Estados Unidos.
Además, se observó que algunas personas embarazadas evitaron asistir a una consulta médica después de un aborto espontáneo por temor a ser erróneamente criminalizadas. Otras no pudieron encontrar profesionales o tratamiento adecuado debido a la falta de atención de urgencia y al temor de los proveedores de servicios médicos a ser injustamente criminalizados.
Taylor, de Texas, relató que estaba buscando atención médica a través de búsquedas 'aleatorias' en Internet. 'Incluso hacer esas búsquedas me ponía nerviosa. Me acordaba del caso de una mujer en Texas que había sido arrestada y encarcelada por tomar pastillas abortivas... Tenía miedo de llamar a mi médico por temor a que tuviera que hacer un informe obligatorio', expresó en el informe.
Impacto desproporcionado y discriminación en comunidades marginadas
Estas políticas restrictivas tienen un impacto desproporcionado en las comunidades marginadas, que ya se enfrentan a formas múltiples e interrelacionadas de discriminación. El informe incluye numerosas historias de mujeres y personas gestantes negras, indígenas, indocumentadas, LGBTI+, con discapacidad, del medio rural y de ingresos bajos que atraviesan un embarazo o quieren acceder a abortos.
Una mujer latina de Texas, embarazada de gemelos, descubrió a las 12 semanas que uno de ellos había sido diagnosticado con una enfermedad mortal en el útero, lo que podría poner en peligro la vida del otro. Para salvar al feto viable, tuvo que viajar fuera del estado. "Fue la experiencia más traumática de mi vida, y estas leyes ilógicas y peligrosas lo hicieron innecesariamente peor”, comentó. “Estas prohibiciones van a hacer mucho más complicado, tabú y más difícil acceder a una atención médica adecuada”, agregó.
El informe incluye una sólida lista de recomendaciones e insta a Estados Unidos a ratificar los tratados internacionales de derechos humanos que garantizan que las mujeres y personas gestantes tengan acceso a la atención que necesitan en lo que respecta a sus derechos sexuales y reproductivos
“Todas las personas, en todas partes, deben ser libres para decidir ser madres o no, y cuándo. Sin embargo, discursos de odio y leyes restrictivas avanzan en diversas partes del mundo en contra de la libertad de las mujeres a tomar decisiones sobre sus propios cuerpos. Estos retrocesos encienden alarmas, también en Argentina, país con una ley de avanzada pero cuyo gobierno la ataca profundamente”, concluyó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Si bien desde Amnistía Internacional EE. UU. trabajan para lograr el objetivo a largo plazo de garantizar la protección federal del derecho al aborto, un paso importante que pueden dar las personas en sus Estados es votar a favor de las diferentes iniciativas electorales que protegen el derecho al aborto en su estado.
Acción de firmas: https://amnistia.org.ar/ciberaccion-detalle/?id=631
