Al negar y restringir el acceso al aborto a millones de personas tras la revocación de la sentencia Roe v. Wade en 2022 con la sentencia Dobbs, Estados Unidos incumple sus obligaciones contraídas en virtud de las normas internacionales de derechos humanos de garantizar que las personas embarazadas tengan acceso al aborto, según un nuevo informe publicado hoy por Amnistía Internacional.
El informe, titulado Abortion in the USA: The Human Rights Crisis in the Aftermath of Dobbs, contiene historias de personas de todo el país a quienes han perjudicado las leyes y prácticas restrictivas de su estado, y pone rostro humano a la multitud de formas en que la denegación del derecho humano al aborto perjudica a las personas.
Además de las prohibiciones y restricciones del aborto en 21 estados, las barreras para la atención médica de urgencia y los esfuerzos para criminalizar los abortos que amenazan tanto a las personas embarazadas como al personal médico han desembocado en la actual crisis de derechos humanos. La difusión de información falsa y la estigmatización del aborto, además de la prestación de atención no cualificada por parte de los llamados centros de embarazos en crisis —a menudo gestionados por activistas que se oponen al aborto— también están contribuyendo a la crisis, según el informe.
“Estas barreras y prohibiciones del aborto crean una situación en la que el acceso de una persona a servicios de aborto depende del lugar donde viva y de los recursos de que disponga”, ha manifestado Jasmeet Sidhu, investigadora principal de Amnistía Internacional Estados Unidos.
Estas barreras y prohibiciones del aborto crean
una situación en la que el acceso de una persona
a servicios de aborto depende del lugar donde viva
y de los recursos de que disponga.
Jasmeet Sidhu, investigadora principal de Amnistía Internacional Estados Unidos.
“El acceso a la atención reproductiva, incluidos los abortos, no debe depender del estado en el que viva una persona ni de la capacidad que tenga o no para viajar a otro estado. El panorama actual hace que algunas personas no puedan acceder a servicios de aborto: no es así como se supone que funcionan los derechos humanos”.
La doctora Amna Dermish es una obstetra de Texas especializada en planificación familiar compleja. En el informe dijo:“Durante mucho tiempo sentí que, cada día que podía presentarme en esta clínica y ver a pacientes, ganaba. Y entonces, sentí que Dobbs me arrebataba eso. Todavía no lo he superado. Fue horrible. Tuve ataques de pánico todos los días. Ninguna persona que preste servicios médicos debería estar nunca en esa situación. Y, lo que es más importante, ninguna paciente debería estar nunca en una situación en la que la persona que le presta atención médica pueda brindársela y sea frenada por el gobierno”.
Durante mucho tiempo sentí que, cada día que podía presentarme en esta clínica y ver a pacientes, ganaba. Y entonces, sentí que Dobbs me arrebataba eso. Todavía no lo he superado. Fue horrible.
Amna Dermish es una obstetra de Texas especializada en planificación familiar compleja.
Lo que pasamos fue una tortura que nadie más debería tener que enfrentar jamás.
Mujer anónima en Tennessee con complicaciones obstétricas que no pudo abortar en Tennessee.
Una discriminación desgarradora
El informe arroja luz sobre el daño y la discriminación generalizados que sufren personas de todo Estados Unidos; incluye entrevistas en profundidad de personas embarazadas, familias, activistas, especialistas en salud pública y profesionales de la salud en estados con prohibiciones del aborto. Las desgarradoras historias ponen de manifiesto que todos los embarazos son diferentes y que cada persona embarazada debe tener derecho a decidir si aborta o no sin la injerencia del gobierno.
Entre los ejemplos del informe hay casos de personas que viajaron cientos de kilómetros para abortar y de otras que no podían permitirse viajar, por lo que se vieron obligadas a llevar a término su embarazo contra su voluntad. También hay casos de personas que se vieron obligadas a llevar a término su embarazo a pesar de situaciones de violación infantil, anomalías fetales graves y riesgos para la salud de la persona embarazada.
“Fue de lo más desagradable tener que explicarle al médico que [mi hija adolescente] había sido violada, y luego que él tuviera que decirte que no puede hacer nada para ayudar”, dijo una madre de Mississippi que tuvo que viajar más de 7 horas hasta una clínica de aborto en Illinois y pagar 1.595 dólares por el aborto de su hija y casi 500 de hotel.
Fue de lo más desagradable tener que explicarle al médico que [mi hija adolescente] había sido violada, y luego que él tuviera que decirte que no puede hacer nada para ayudar.
madre de Mississippi que tuvo que viajar más de 7 horas hasta una clínica de aborto en Illinois.
Algunas personas embarazadas evitaron ver a un médico después de un aborto espontáneo por temor a ser criminalizadas erróneamente. Otras no pudieron encontrar profesional médico o tratamiento debido a la ausencia de atención de urgencia y al temor de los proveedores de servicios médicos de ser criminalizados a su vez por brindar la atención necesaria a una paciente.
Taylor, de Texas, contó que estaba explorando su atención médica a través de búsquedas “aleatorias” en Internet. “Incluso hacer las búsquedas me ponía nerviosa. Me acordaba del caso de una mujer de Texas que había sido arrestada y encarcelada por tomar píldoras abortivas…Tenía miedo de llamar a mi médico por si tenía que hacer un informe obligatorio”, dijo.
Jasmeet Sidhu, de Amnistía Internacional, afirmó: “Algunas de estas leyes son completamente confusas y casi imposibles de entender. El panorama actual es un ataque a los derechos de las personas embarazadas, crea miedo y estigma, pone a los y las profesionales de la salud en situaciones terribles y, en última instancia, contribuye a que las personas embarazadas no reciban la atención que necesitan. Estamos en una crisis sin precedentes”.
El panorama actual es un ataque a los derechos
de las personas embarazadas, crea miedo y estigma, pone a los y las profesionales de la salud
en situaciones terribles y, en última instancia, contribuyea que las personas embarazadas
no reciban la atención que necesitan.
Jasmeet Sidhu, investigadora principal de Amnistía Internacional Estados Unidos.
Impacto desproporcionado en comunidades marginadas
Las prohibiciones del aborto y otras políticas restrictivas de los estados tienen un impacto desproporcionado en las comunidades más marginadas, que ya se enfrentan a formas múltiples e interrelacionadas de discriminación. El informe incluye numerosas historias de personas embarazadas negras, indígenas, indocumentadas, LGBTQI+, discapacitadas, del medio rural y de ingresos bajos.
“Después de Dobbs, la demanda de doulas [negras] aumentó definitivamente porque se está obligando a las personas a dar a luz”, dijo D’Andra Willia, del Centro Afiya. “Hemos visto muchos traumas recientemente en nuestra comunidad debido al COVID y a que había personas forzadas a quedarse en casa con su abusador, y a complicaciones de salud, problemas económicos y, además, obligadas a dar a luz mientras muchas están lidiando aún con el posparto y otros problemas. Es difícil”.
Hemos visto muchos traumas recientemente en nuestra comunidad debido al COVID y a que había personas forzadas a quedarse en casa con su abusador,
y a complicaciones de salud, problemas económicos y, además, obligadas a dar a luz mientras muchas están lidiando aún con el posparto y otros problemas.
D’Andra Willia, del Centro Afiya.
Una mujer latina de Texas, embarazada de gemelos que se enteró a las 12 semanas de que uno de ellos había sido diagnosticado de una enfermedad mortal en el útero que podría poner en peligro la vida del otro, dijo que tuvo que viajar fuera del estado para salvar al feto viable. “Fue la experiencia más traumática de mi vida, y estas leyes ilógicas y peligrosas hicieron que fuera mucho peor, innecesariamente”.
“Estas prohibiciones van a hacer mucho más complicado, tabú y más difícil acceder a una atención médica adecuada”, dijo.
El informe incluye una sólida lista de recomendaciones para los gobiernos estatales y el federal —incluidas la protección federal del derecho al aborto y medidas para garantizar la igualdad de acceso al aborto farmacológico y a servicios de atención médica urgente—, e insta a Estados Unidos a ratificar los tratados internacionales de derechos humanos que garantizan que las personas embarazadas tengan acceso a la atención que necesitan.
“Todas las personas, en todas partes, deben ser libres para ejercer su autonomía corporal y tomar sus propias decisiones sobre su salud reproductiva”, concluyó Jasmeet Sidhu. “Si bien trabajamos para lograr el objetivo a largo plazo de garantizar la protección federal del derecho al aborto, un paso importante que pueden dar las personas en algunos estados este otoño es votar a favor de iniciativas electorales que protegen el derecho al aborto en su estado”.
Si bien trabajamos para lograr el objetivo a largo plazo de garantizar la protección federal del derecho
al aborto, un paso importante que pueden dar
las personas en algunos estados este otoño es votar
a favor de iniciativas electorales que protegen
el derecho al aborto en su estado.
Jasmeet Sidhu, investigadora principal de Amnistía Internacional Estados Unidos.
