Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei se adoptaron medidas que atentan contra los derechos de las mujeres y diversidades. En junio de 2024 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos disolvió la Subsecretaría de Protección de la Violencia de Género sin dar información sobre la evaluación realizada en cuanto al impacto social que tendrá la falta de un organismo dedicado a prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Es la primera vez en treinta y siete años que las políticas para atención y prevención de la violencia de género carecen de institucionalidad en la Argentina. Esto sucede en un contexto en que se registra un femicidio cada 32 horas, conforme los datos de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Además, pese a que en Argentina cada hora cinco niñas y adolescentes menores de 20 años se convierten en madres, el Ministerio de Salud desmanteló el Plan de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) que ha contribuido a bajar la tasa de fecundidad adolescente en un 49% en los últimos 4 años.
“La maternidad temprana repercute en la interrupción de las trayectorias escolares de niñas y adolescentes, en la precarización laboral y en la reproducción de la pobreza. Además, trae aparejados riesgos de complicaciones de la salud durante el embarazo para la adolescente y su hijo o hija”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
A este panorama se suma la falta de insumos esenciales para el acceso a la salud sexual y reproductiva, lo que pone en riesgo la vida y la salud de niñas, mujeres y personas gestantes, ante las barreras en el acceso a prácticas sensibles al paso del tiempo, como la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE) y el acceso a métodos anticonceptivos.
Principales ejes de la carta
Desmantelamiento de las políticas públicas sobre violencia de género
Preocupa la continuidad de ciertas políticas públicas que han sido cruciales para la atención, prevención, sanción y erradicación de las violencias de género. Solo por dar un ejemplo, la línea telefónica 144 que históricamente ha brindado atención, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia de género las 24 horas, los 365 días del año quedó reducida a 2 trabajadoras. Cabe destacar que entre 2019 y 2023, recibió más de 1.200.000 llamadas y realizó más de 93.000 intervenciones.
Actualmente, hay siete mil víctimas de violencia de género en situación de riesgo alto sin respuesta y a la espera de recibir la prestación financiera del Programa Acompañar.
Esta decisión es adoptada en un contexto en que las autoridades manifiestan que la “violencia no tiene género” en total desconocimiento de las violencias que sufren las mujeres y diversidades.
Desfinanciamiento de las políticas de salud sexual y reproductiva
El retroceso en políticas de género se ve agravado por la falta de insumos esenciales, tales como Misoprostol, Mifepristona, anticonceptivos orales y del DIU, para garantizar el acceso a la IVE/ILE y a métodos anticonceptivos para la planificación familiar.
Conforme información suministrada por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, como mínimo hasta octubre habrá un faltante de stock de medicamentos esenciales recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar el acceso seguro y en condiciones de calidad al aborto.
El Estado argentino debe adoptar medidas, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos disponibles, para lograr progresivamente y por todos los medios apropiados la plena efectividad del derecho a la salud integral, incluida la sexual y reproductiva, según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por ende, cualquier medida regresiva en la materia podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado.
Asimismo, Amnistía Internacional expresa su preocupación respecto al impacto que el rediseño del plan de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia y los recortes presupuestarios puedan tener en la continuidad de esta política pública que pone en el centro de la política pública los derechos de las o niñas, niños y adolescentes y busca combatir la profunda desigualdad a lo largo y ancho de nuestro país.
