Ante el anuncio efectuado hoy de la formación de un nuevo gobierno provisional en Bangladesh tras la renuncia de la primera ministra, Sheikh Hasina, en el marco de protestas masivas, Smriti Singh, directora regional de Amnistía Internacional para Asia Meridional, ha declarado:

“La primera tarea de un gobierno provisional debe ser garantizar la protección del derecho de las personas a la vida, el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, y encontrar formas de reducir cualquier posible aumento de la violencia. Cualquier medida que se proponga para salir de este capítulo mortal en la historia de Bangladesh debe basarse en los principios de justicia, rendición de cuentas y no repetición”.

“Las violaciones de derechos humanos cometidas en las tres últimas semanas, que han causado la muerte de más de 300 personas, con miles de personas heridas y detenidas arbitrariamente, deben ser investigadas de manera independiente, imparcial y transparente. También pedimos una vez más que se lleve a cabo con prontitud una investigación independiente e imparcial sobre las muertes y lesiones derivadas de las protestas. Los responsables deben rendir cuentas y las víctimas de la violencia deben recibir una reparación completa del Estado, que incluya indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición”.

“Es un momento oportuno para que cualquier nuevo gobierno provisional en Bangladesh muestre solidaridad con su pueblo, proteja a las personas más vulnerables y no repita los errores del pasado.”

Información complementaria:

Los manifestantes estudiantiles pidieron a la población de Bangladesh que se uniera a una “Larga Marcha a Dacca” el lunes 5 de agosto de 2024. Mientras miles de personas marchaban hacia la capital, la primera ministra, Sheikh Hasina, renunció y huyó del país y el ejército anunció medidas para establecer un gobierno provisional.

El domingo 4 de agosto, en uno de los peores días de enfrentamientos violentos desde el inicio de las protestas a principios del mes pasado, se informó de la muerte de 99 personas, mientras casas de representantes públicos, oficinas de la Liga Awami, lugares religiosos de la comunidad minoritaria hindú y comisarías de policía sufrían ataques en varios distritos.

Anteriormente, Amnistía Internacional había pedido que se pusiera fin a la violencia y había publicado una serie de vídeos de verificación en los que se documentaban pruebas del uso ilegítimo de la fuerza, tanto letal como menos letal, contra manifestantes estudiantiles.