En respuesta a la noticia de que la Sala de Apelación del Tribunal Penal Especializado de Arabia Saudí ha anulado la condena a muerte impuesta al profesor de 55 años jubilado Mohammad bin Nasser al Ghamdi, Dana Ahmed, investigadora de Amnistía Internacional sobre Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:

“El ‘delito’ de Mohammed bin Nasser al Ghamdi fue expresar sus opiniones en las redes sociales. Nunca debería haber sido procesado, y mucho menos condenado a muerte. Aunque la anulación de su condena a muerte supone un gran alivio para él y su familia, ahora el tribunal debe poner fin a su larga y dolorosa experiencia, anulando su declaración de culpabilidad y ordenando su excarcelación inmediata e incondicional.”

“Si las autoridades saudíes se toman en serio su compromiso expreso de hacer reformas en materia de derechos humanos, también deben poner en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas que se hallan recluidas por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y tomar medidas efectivas para poner fin a la represión de la disidencia y al uso generalizado de la pena de muerte.”

Información complementaria

Según fuentes bien informadas, la Sala de Apelación aún no ha impuesto una nueva condena a Mohammad bin Nasser al Ghamdi, que está a la espera de conocer la suerte que correrá. El Tribunal Penal Especializado lo había declarado culpable y condenado a muerte el 9 de julio de 2023 por cargos falsos de terrorismo únicamente por sus publicaciones en Twitter (ahora X) y YouTube.

El 29 de mayo de 2024, el Tribunal Penal Especializado condenó al hermano de Mohammad al Ghamdi, Asaad bin Nasser al Ghamdi, a 20 años de prisión por publicar críticas al gobierno en las redes sociales. Su otro hermano, Saeed bin Nasser al Ghamdi, ulema y crítico del gobierno, vive en el exilio autoimpuesto en Reino Unido.
Amnistía Internacional ha documentado actos de represalia contra familiares de disidentes, activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos en el exilio, incluidos los casos de 40 familiares de activistas que también se encontraron sometidos a la prohibición de viajar —sin orden oficial ni ninguna otra forma de notificación—, lo que en la práctica supone la separación forzosa de familias.

En los últimos dos años, Amnistía Internacional ha documentado una escalada de la represión en Arabia Saudí contra personas que expresaron sus opiniones en las redes sociales. El Tribunal Penal Especializado, conocido tribunal antiterrorista del país, ha impuesto penas de prisión de hasta 45 años amparándose en disposiciones imprecisas de la legislación antiterrorista y sobre delitos informáticos.