“Desde Amnistía Internacional, insistimos en la urgencia de que se revierta el deterioro de la libertad de expresión y la tendencia al cierre del espacio cívico en Argentina y El Salvador. La fortaleza de las instituciones y del Estado de Derecho deben prevalecer”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Bajo el paradigma de la seguridad y de la lucha contra las pandillas, la administración del presidente Bukele comete violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas, miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos, criminalizando a las personas en situación de pobreza. Con ello, durante más de dos años, ha puesto de manifiesto su incapacidad para diseñar medidas integrales de largo plazo que aborden las causas subyacentes de la violencia y la criminalidad, y que no obliguen a la población a elegir innecesariamente entre seguridad y libertad.

Por otro lado, aludiendo a la defensa de la libertad, el presidente Javier Milei ha encabezado acciones de hostigamiento a través de una confrontación violenta que termina por silenciar e intimidar quienes piensan diferente, especialmente a personas periodistas, comunicadoras y líderes de la oposición. A la par, la respuesta del gobierno a la población que se manifiesta pacíficamente  para reclamar por sus derechos, deriva con frecuencia en detenciones arbitrarias y un uso abusivo de la fuerza.