Hace un año, Anna Błuś viajó hasta su Polonia natal para votar en unas elecciones cuyo resultado esperaba que marcara el inicio de un cambio en la prohibición casi total del aborto en el país. ¿Qué salió mal?
Esa noche, al ver las encuestas a pie de urna en un abarrotado bar, me quedó claro que habían sido unas elecciones diferentes a todas las demás, con un récord de participación del 74% y una afluencia sin precedentes de mujeres y jóvenes a las urnas.
Una de las cosas que habían impulsado esa participación había sido la promesa de Donald Tusk y su Coalición Cívica de reformar la peligrosa y draconiana legislación sobre el aborto de Polonia, que sólo permite la interrupción del embarazo en casos de violación, incesto o peligro para la salud o la vida de la persona embarazada. El aborto ya estaba muy restringido en Polonia desde 1993, pero una sentencia de 2020 del desacreditado Tribunal Constitucional, que entró en vigor al año siguiente, eliminó uno de los supuestos legales que lo permitían —en caso de malformación del feto—, lo que supuso su casi total prohibición.
Donald Tusk prometió que, si resultaba elegido, a los 100 días de su llegada al poder el acceso a un aborto libre, legal y sin riesgos sería una realidad para toda la ciudadanía.
Y, sin embargo, esos 100 días ya han pasado hace tiempo, y un año después de que Tusk arrasara en las urnas, la posibilidad de que Polonia proporcione acceso a un aborto legal y sin riesgos a quien lo necesite parece tan lejana como siempre.
En julio de 2024, el Parlamento no aprobó una propuesta de ley presentada para intentar reparar el daño causado por los recortes de la legislación sobre el aborto durante el gobierno del PiS y por la sentencia de 2020 del Tribunal Constitucional, controlado por esta formación política.
El proyecto de ley, que también proponía acabar con la criminalización de la “ayuda para abortar”, fue rechazado por miembros de uno de los socios de gobierno del partido de Tusk, el Partido Popular Polaco (PSL), que votaron en contra junto con los miembros del PiS y otros conservadores.
Figuras políticas tanto del PSL como del centrista Polska 2050 se han mostrado partidarias de restablecer la legislación sobre el aborto “consensuada” de 1993, que permitía la interrupción del embarazo en casos de malformación grave o letal del feto además de en los supuestos legales actuales. También han sugerido someter el asunto a referéndum. Ambas propuestas son contrarias al derecho y las normas y internacionales de derechos humanos, que exigen que Polonia despenalice el aborto y garantice el acceso a un aborto sin riesgos a toda persona que lo necesite, sin discriminación y respetando la autonomía personal y los derechos humanos.
En agosto, Donald Tusk afirmó sin rodeos que no sería posible conseguir la mayoría parlamentaria para apoyar la revisión de la legislación sobre el aborto hasta las próximas elecciones. La consecuencia de esta afirmación es que no se harán más esfuerzos para impulsar la reforma durante al menos otros tres años.
Pero para las mujeres, las niñas y las personas polacas que pueden quedarse embarazadas esperar tres años no es una opción.
Desde su entrada en vigor en enero de 2021, las peligrosas restricciones se han notado claramente, y en ocasiones han tenido consecuencias trágicas para las mujeres y sus familias. Su “efecto paralizante” ha aumentado las probabilidades de que el personal médico no tome medidas que pueden salvar la vida a pacientes embarazadas, y desde entonces varias mujeres han muerto.
Las nuevas directrices sobre el aborto que el gobierno dictó en agosto se presentaron como una medida que ayudaría a suavizar este “efecto paralizante” sobre el personal de atención sanitaria. Sin embargo, aunque aclaran que los supuestos del aborto relativos a la salud mental deben respetarse de la misma forma que otros supuestos de salud, son una mera reiteración de las limitadísimas circunstancias en las que puede llevarse a cabo un aborto legal.
Las mujeres polacas estamos muy acostumbradas a que se rompan las promesas y a que se instrumentalicen nuestros votos. No nos hacíamos ilusiones de que el cambio, tan necesario, fuese a producirse gracias a la buena voluntad política de ningún hombre que estuviera al frente de nuestro próximo gobierno. Porque hemos sido nosotras las que hemos estado al frente de este cambio.
Las mujeres polacas han estado organizándose, manifestándose y arriesgándose a ser detenidas. Han estado presentando apelaciones en los tribunales y captando apoyos políticos en el Parlamento. Han estado realizando trabajo de base sobre derechos reproductivos en Polonia y en el extranjero, y algunas —como Justyna Wydrzyńska— han proporcionado píldoras abortivas a quienes las necesitaban y han sido procesadas por ello.
Y, a pesar del riesgo de criminalización, seguimos haciéndonos responsables de nuestra salud reproductiva y nuestra autonomía. La organización de base dirigida por mujeres Abortion Dream Team ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding para abrir la primera clínica de aborto del país. Y en septiembre, la veterana Federación para las Mujeres y la Planificación Familiar (FEDERA) abrió su primera clínica de salud sexual y reproductiva en Varsovia.
Las mujeres no podemos seguir muriendo a causa de la violencia de género de nuestro propio Estado. La inacción del gobierno sobre el aborto es irresponsable, cruel y peligrosa. Es totalmente inaceptable que mujeres y niñas se vean obligadas a seguir pasando por las dificultades de la actual y peligrosa ley del aborto durante otros tres años. Se perderán más vidas. El primer ministro Tusk y el resto de los dirigentes de los partidos de la coalición deben abrir los ojos, y reconocer nuestro derecho humano al aborto —y a acceder a él de forma libre, legal y segura— en la legislación polaca.
El hombre a quien tantas mujeres eligieron como primer ministro debe cumplir su promesa y trabajar con titulares de derechos, personas expertas y miembros de la sociedad civil para llevar a sus socios de coalición a un terreno donde el aborto legal se convierta en una realidad en Polonia.
