Las personas rohinyás recién llegadas a Bangladesh necesitan acceso urgente a alimentación, refugio y asistencia médica tras haber soportado violencia de la peor clase desde que las fuerzas armadas de Myanmar iniciaron la campaña contra su comunidad en 2017.
Según los testimonios recogidos por Amnistía Internacional, familias rohinyás que se han visto obligadas a abandonar su hogar en Myanmar están atrapadas en medio de enfrentamientos cada vez más violentos entre las fuerzas armadas de Myanmar y el Ejército de Arakán, uno de los numerosos grupos armados que se oponen a la junta militar. Cientos de miles han sufrido desplazamiento interno y decenas de miles de personas rohinyás han cruzado la frontera o están esperando a hacerlo para buscar refugio en Bangladesh.
El golpe militar de 2021 en Myanmar ha tenido consecuencias catastróficas para los derechos humanos. Las fuerzas armadas de Myanmar han matado a más de 5.000 civiles y arrestado a más de 25.000 personas. Desde el golpe, Amnistía ha documentado ataques aéreos indiscriminados de las fuerzas armadas de Myanmar, así como tortura y otros malos tratos en las cárceles, castigos colectivos y detenciones arbitrarias.
La reciente escalada en el estado de Rakáin comenzó en octubre de 2023 con una contraofensiva rebelde lanzada por el Ejército de Arakán y dos grupos armados más, que ha supuesto la mayor amenaza al control de las fuerzas armadas desde el golpe de 2021. Las fuerzas armadas de Myanmar han respondido intensificando los ataques aéreos indiscriminados, que han matado, herido y desplazado a civiles. Los efectos sobre Rakáin, donde residen muchas de las más de 600.000 personas rohinyás que siguen viviendo en Myanmar, son graves, con sus poblaciones transformadas en campos de batalla.
En Bangladesh, las autoridades presionan a las personas rohinyás que han huido del conflicto para que regresen a Myanmar, y quienes lograron llegar a campos de refugiados allí hablan de una grave escasez de suministros y servicios básicos.
En septiembre de 2024, Amnistía entrevistó a título individual y en grupo a 22 personas que habían buscado refugio en Bangladesh en fechas recientes, sumándose al más de un millón de personas refugiadas rohinyás, en su mayoría llegadas en 2017 o antes.
Los recién llegados contaron que el Ejército de Arakán estaba matando ilegalmente a civiles, expulsándolos de sus casas y dejándolos expuestos a ataques, acusaciones que el grupo niega. Estos ataques contra rohinyás se suman a los ataques aéreos indiscriminados de las fuerzas armadas de Myanmar que han causado muertes tanto de civiles rohinyás como de miembros del grupo étnico rakáin. Muchas personas rohinyás que se dirigían a Bangladesh huyendo de la violencia, incluidos niños y niñas, se ahogaron cuando cruzaban en barco.
Las expulsiones de Bangladesh agravan los problemas de la comunidad rohinyá
Las personas entrevistadas por Amnistía Internacional en Bangladesh habían huido hacía poco tiempo del municipio de Maungdaw, en el norte del estado de Rakáin, que el Ejército de Arakán intentaba arrebatar a las fuerzas armadas de Myanmar tras haber tomado el municipio de Buthidaung en mayo. Muchas eran sobrevivientes de un ataque de dron y mortero el 5 de agosto a orillas del río Naf, que separa Myanmar de Bangladesh.
Todas las personas entrevistadas recalcaron que su mayor urgencia era acceder a servicios básicos en el campo, lo que incluía ayuda humanitaria, refugio, dinero, seguridad, alimentos y asistencia médica. Además, les aterrorizaba que las enviaran de vuelta a Myanmar. Sin embargo, Amnistía Internacional comprobó que las autoridades de fronteras bangladeshíes han devuelto a rohinyás que huían de la violencia, en incumplimiento del principio internacional de no devolución (non-refoulement) que prohíbe devolver o trasladar personas a un país donde corren peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos.
Las personas rohinyás que han logrado llegar a campos de refugiados viven de la generosidad de sus familiares allí. Las recién llegadas, en particular, contaron con preocupación que no podían inscribirse en el registro del organismo de la ONU para personas refugiadas a fin de recibir apoyo esencial. Como consecuencia, muchas se quedan sin comer y temen salir del campo por miedo a ser deportadas, incluso aunque necesiten asistencia médica.
Las personas entrevistadas mencionaron también el deterioro de la seguridad en los campos, principalmente debido a la presencia de dos grupos armados rohinyás: la Organización Rohinyá por la Solidaridad y el Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán. La dinámica del conflicto en el estado myanmaro de Rajáin ha llevado a algunos activistas rohinyás a alinearse con la junta militar de Myanmar. Por ello, personas rohinyás refugiadas en Bangladesh temen que ellas mismas o miembros de su familia sean secuestrados para su retorno forzoso y reclutamiento para combatir allí.
En una reunión con Amnistía Internacional, los representantes de Bangladesh rechazaron las denuncias de que estaban llevando a cabo devoluciones, aunque afirmaron que la guardia de fronteras “intercepta” a quienes intentan cruzar la frontera. Subrayaron también que el país ya no puede alojar a más personas refugiadas rohinyás.
Abusos perpetrados por el Ejército de Arakán y las fuerzas armadas de Myanmar
Las fuerzas armadas de Myanmar persiguen a los miembros de la comunidad rohinyá desde hace décadas y llevaron a cabo expulsiones masivas en 2017. En la actualidad los obligan a ingresar en el ejército en cumplimiento de la legislación nacional sobre el servicio militar. Según informes, las fuerzas armadas de Myanmar han alcanzado un acuerdo informal de “paz” con la Organización Rohinyá por la Solidaridad, antiguo grupo armado rohinyá que ha resurgido en los últimos meses. Esta compleja evolución de los acontecimientos ha avivado aún más las tensiones entre la comunidad rohinyá y los miembros del grupo étnico rakáin, a quienes el Ejército de Arakán pretende representar.
Debido a la intensificación de los combates en todo el país, se acumulan las denuncias sobre abusos cometidos por los grupos armados enfrentados a las fuerzas armadas. Muchas personas rohinyás describieron las fatales consecuencias de estar atrapadas entre ambos bandos.
En respuesta a las preguntas de Amnistía Internacional, el Ejército de Arakán afirmó el 13 de octubre que tales acusaciones eran infundadas o inverosímiles. Dijo que había emitido avisos para que la población civil saliera de Maungdaw con antelación a sus operaciones y había ayudado a evacuar a la población, y que sus soldados tenían orden de distinguir entre civiles y combatientes y eran objeto de medidas disciplinarias si incumplían la orden.
Desde finales del año pasado, Amnistía Internacional también ha documentado ataques aéreos de las fuerzas armadas de Myanmar que han destruido vidas e infraestructuras civiles en el estado de Rakáin. Este año, el impacto del reclutamiento de rohinyás para servir en las fuerzas armadas de Myanmar se suma a la discriminación y el apartheid sistémicos e históricos que ya sufre el pueblo rohinyá.
Familias aniquiladas
El 5 de agosto de 2024, la intensidad de los bombardeos y tiroteos entre las fuerzas armadas de Myanmar y el Ejército de Arakán obligó a decenas de personas que vivían en Maungdaw a buscar refugio en casas más robustas cerca del río Naf, frontera con Bangladesh.
Recordando ese día, el comerciante rohinyá manifestó que el Ejército de Arakán estaba “acercándose al pueblo, conquistando los pueblos de alrededor [...] desplegaron drones en el cielo y los tuvieron ahí alrededor de una hora, y con esos drones podían soltar bombas por control remoto cuando y donde quisieran. Mataron a muchísimas personas”.
Esa tarde, muchos recordaban haber visto un dron y oír múltiples explosiones. El comerciante de ganado dijo que había oído entre 8 y 10 estallidos, y que las bombas explotaban “incluso antes de tocar el suelo”. Vio un pequeño dispositivo aéreo no tripulado volando cerca de la multitud, semejante un 'dron redondeado' con algo instalado debajo.
Explicó que su esposa, su hija, su yerno y dos de sus nietos resultaron muertos y que su nieta menor, de un año de edad, resultó herida de gravedad y hubo que amputarle la pierna izquierda a la altura de la rodilla en Bangladesh.
Una mujer de 18 años de Maungdaw contó que había perdido a su padre, su madre y dos hermanas, de cinco y siete años, en la explosión. En el momento del ataque, su padre llevaba a una de sus hermanas y su madre llevaba a la otra. Cuando llegaron a primera hora de la tarde a la costa de Maungdaw buscando un barco para pasar a Bangladesh, hubo una explosión.
“Nos refugiamos rápidamente en el barro, agachados en el agua embarrada, y cayó otra bomba, que mató a mis padres, mis hermanas y muchos más”, contó. “Lo vi todo con mis propios ojos: mis padres y mis hermanas murieron al ser alcanzados por la metralla de la bomba.”
Aunque no había visto ningún dron, la joven dijo que la “gran bomba” que había matado a su familia “vino volando”. Ese sonido la atormenta desde entonces. Contó que había visto unos 200 cadáveres en la playa, el mismo número mencionado por otra de las personas entrevistadas.
Prácticamente todas las personas con las que habló Amnistía dijeron que habían perdido al menos un familiar al intentar huir de Myanmar. Historiales médicos de los días posteriores al ataque consultados por Amnistía Internacional muestran tratamiento a personas por heridas de explosión de bomba a su llegada a Bangladesh. Desde agosto se ha observado un brusco aumento de los tratamientos por heridas de guerra a personas que huían de Myanmar.
En su respuesta a Amnistía Internacional, el Ejército de Arakán afirmó que los principales responsables eran probablemente las fuerzas armadas de Myanmar o grupos armados afines, y que testigos y sobrevivientes podían estar afiliados a grupos extremistas.
“El Ejército de Arakán debe permitir que se lleve a cabo una investigación independiente, imparcial y efectiva sobre las posibles violaciones de derechos humanos cometidas durante sus operaciones. Tanto el Ejército de Arakán como las fuerzas armadas de Myanmar deben acatar el derecho internacional humanitario”, ha dicho Agnès Callamard. “Seguiremos pidiendo al Consejo de Seguridad de la ONU que remita toda la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional.”
