El Tribunal Militar de Líbano perdió una oportunidad única de hacer rendir cuentas a los perpetradores de la tortura que ocasionó la muerte bajo custodia del refugiado sirio Bashar Abd Saud, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

El 29 de noviembre de 2022, cinco miembros de la Seguridad del Estado fueron acusados formalmente de la muerte de Saud, en aplicación de la Ley contra la Tortura de Líbano de 2017, y posteriormente detenidos. Cuatro de ellos quedaron en libertad tras la primera sesión del juicio, el 16 de diciembre de 2022, y el quinto ha sido puesto en libertad este año.

Sin embargo, el 1 de noviembre de 2024, todos los acusados fueron condenados a penas equivalentes al tiempo que ya habían pasado en prisión, pues el tribunal recalificó el delito, reduciéndolo de delito grave a delito menor, retiró los cargos presentados en virtud de la Ley contra la Tortura y aplicó en su lugar el artículo 166 del Código de Justicia Militar, que prohíbe la violación de normas, órdenes e instrucciones generales.

“En lugar de rechazar enérgicamente la tortura dentro del sistema de seguridad, con esta sentencia el Tribunal Militar ha transmitido el intranquilizador mensaje de que los miembros de los servicios de seguridad están por encima de la ley, y de que los torturadores pueden seguir cometiendo delitos sin temor a que se les exijan responsabilidades”, ha manifestado Aya Majzoub, directora regional adjunta para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Este caso podría haber sido una oportunidad para aplicar la Ley contra la Tortura de 2017 y poner fin a decenios de impunidad de esta práctica en los centros de detención libaneses. En lugar de eso, la sentencia es una burla de la justicia y afianzará aún más la impunidad.”

Este caso podría haber sido una oportunidad para aplicar la Ley contra la Tortura de 2017 y poner fin a decenios de impunidad de esta práctica en los centros de detención libaneses. En lugar de eso, la sentencia es una burla de la justicia y afianzará aún más la impunidad.

Aya Majzoub, directora regional adjunta para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional

El 30 de agosto de 2022, agentes de seguridad se llevaron detenido a Saud de su casa en el campo de refugiados de Sabra y Shatila por presunta posesión de un billete falso de 50 dólares estadounidenses. El 3 de septiembre de 2022, las fuerzas de seguridad se pusieron en contacto con sus familiares para que fueran al hospital a recoger su cadáver. Por entonces se filtraron vídeos y fotos, que Amnistía Internacional analizó, en los que el cuerpo de Saud mostraba abundantes señales de tortura, lo cual causó un escándalo que llevó al ejército a ordenar una investigación, como resultado de la cual se detuvo a los cinco miembros de la Seguridad del Estado y se presentaron cargos contra ellos.

El 15 de abril, el abogado de la familia de Saud, Mohammed Sablouh, dijo a Amnistía Internacional que el presidente del Tribunal Militar le había informado extraoficialmente de que el ejército había llegado a un acuerdo con la familia para cerrar el caso y que el único acusado que aún seguía detenido quedara en libertad. Sablouh afirmó que el juez le había dicho que el tiempo que este hombre había pasado en prisión había sido “castigo suficiente”. Los familiares de Saud en Líbano no respondieron a las preguntas que el abogado le formuló para aclarar cómo se había llegado al acuerdo.

Las personas refugiadas en Líbano son uno de los grupos más vulnerables. A menudo son arrestadas arbitrariamente y pasan detenidas largo tiempo acusadas de delitos que van desde tener caducados los documentos de identificación hasta traficar con drogas. La tortura y otros malos tratos son prácticas generalizadas en el sistema de detención libanés, pero la judicatura no investiga adecuadamente las denuncias de tortura.

Éste fue el primer caso en el que se aplicó la Ley contra la Tortura de Líbano que llegó a juicio, pero —en violación de dicha ley— en el Tribunal Militar, que carece de independencia e imparcialidad.

La decisión de juzgar a los agentes de seguridad en un tribunal militar, no en uno civil, contradice tanto la legislación de Líbano como las obligaciones de derecho internacional de este país, signatario de la Convención contra la Tortura de la ONU. El uso de tribunales militares debe restringirse a juzgar a personal del ejército por infracciones de la disciplina militar. Además, según la Ley contra la Tortura libanesa, la facultad de enjuiciar, investigar y juzgar es exclusiva de los tribunales civiles ordinarios. La prohibición de la tortura es aplicable cualquiera que sea la naturaleza del presunto delito.

De las siete sesiones programadas para el juicio, sólo se llevaron a cabo dos; las otras cinco se aplazaron, y la última quedó reservada para la sentencia.

“El inusitado carácter del juicio y el hecho de que realmente sólo se celebrara una vista arroja aún más dudas sobre esta sentencia. La fiscalía del Tribunal de Casación debe ordenar inmediatamente un nuevo juicio ante un tribunal penal ordinario, en consonancia con la legislación libanesa e internacional”, ha manifestado Aya Majzoub.

“La persistente falta de aplicación de la Ley contra la Tortura por parte del poder judicial niega a las víctimas el acceso a la justicia y disuadirá a otras personas de denunciar. La muerte de Bashar Abd Saud no debe quedar sin castigo; las autoridades deben garantizar que se imparte justicia y señalar el fin de la tortura en los centros de detención libaneses.”

Bashar Abd Saud murió con 30 años de edad y tenía tres hijos, uno de ellos de un mes. Había desertado del ejército sirio ocho años antes de su detención y se había trasladado a Líbano para trabajar como porteador.

Amnistía Internacional también pide a las autoridades libanesas que asignen presupuesto suficiente a la Comisión de Derechos Humanos, que incluye el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, para que pueda visitar todos los lugares de detención y documentar las violaciones de derechos humanos.

Información complementaria

En marzo de 2021, Amnistía Internacional publicó un informe que documentaba una serie de violaciones de derechos humanos contra 26 personas refugiadas sirias, entre ellas cuatro menores de edad, recluidas por cargos relacionados con el terrorismo entre 2014 y principios de 2021. Entre estas violaciones había juicios injustos y tortura y otros malos tratos, que incluían golpes con varas de metal, cables eléctricos y tuberías de plástico. Las autoridades no investigaron las denuncias de tortura y otros malos tratos, ni siquiera cuando las personas detenidas o sus abogados afirmaron en el tribunal, ante el juez, que habían sido torturadas.