Más de cuatro años después de la expulsión del grupo armado Al Kaniat de la ciudad libia de Tarhouna, las personas sobrevivientes y familiares de las víctimas de su inclemente reinado de terror, con fosas comunes, homicidios ilegítimos, tortura y desapariciones forzadas, siguen encontrando dificultades para recibir justicia y reparaciones adecuadas, según ha afirmado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

“Every day we die a thousand times”: Impunity for crimes against humanity in Tarhouna, Libya (“Cada día morimos mil veces”: Impunidad de crímenes contra la humanidad en Tarhouna, Libia), concluye que hay indicios razonables para creer que Al Kaniat cometió crímenes de lesa humanidad —asesinato, tortura, desaparición forzada y encarcelamiento ilícito— en su agresión planificada y sistemática a gran escala contra la población civil de Tarhouna entre 2015 y 2020 con el fin de mantener su control sobre la zona.

En un importante avance hacia la justicia, en octubre de 2024 la Corte Penal Internacional (CPI) anunció la emisión de órdenes de detención contra seis personas por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra en Tarhouna, pero estas personas siguen libres o aún no han sido entregadas a la Corte.

“Cuatro años después de la expulsión de Al Kaniat, la población de Tarhouna aún está conmocionada por la campaña de terror del grupo armado. Quienes sobrevivieron saben que esos crímenes no podrían haberse perpetrado sin la complicidad de los sucesivos gobiernos, autoridades de facto, poderosas milicias y grupos armados en Libia”, ha afirmado Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“El gobierno libio y las Fuerzas Armadas Árabes Libias deben pedir disculpas públicamente a sobrevivientes y familiares de las víctimas y asegurarse de que todas estas personas sin discriminación reciben una reparación completa, incluidas indemnizaciones económicas, así como cooperar en el arresto y la entrega de las personas acusadas a la CPI. Los miembros de la comunidad internacional deben presionar a las autoridades libias para que dejen de integrar a miembros de milicias o grupos armados en instituciones estatales sin antes realizar una investigación individualizada para excluir a las personas sobre las que haya sospechas razonables de que han cometido crímenes de derecho internacional, hasta que se lleven a cabo investigaciones penales, y se aseguren de que no vuelvan a repetirse crímenes horribles como los perpetrados en Tarhouna.”

Quienes sobrevivieron saben que esos crímenes no podrían haberse perpetrado sin la complicidad de los sucesivos gobiernos, autoridades de facto, poderosas milicias y grupos armados en Libia.

Diana Eltahawy, Amnistía Internacional

Los crímenes de Al Kaniat fueron permitidos primero por el Gobierno de Acuerdo Nacional, por entonces reconocido internacionalmente, y después por su rival, las autoproclamadas Fuerzas Armadas Árabes Libias, que en ambos casos le proporcionaron apoyo, legitimidad y financiación.

Entre febrero de 2022 y octubre de 2024, Amnistía Internacional entrevistó a 74 personas, entre las que había exdetenidos, familiares de víctimas y peritos. A partir de sus testimonios y de otras pruebas recogidas durante visitas a Tarhouna y Trípoli, la organización documentó los casos de 159 personas, pertenecientes a 23 familias extensas, que fueron secuestradas por Al Kaniat entre 2012 y 2020, y que después fueron víctimas de homicidio ilegítimo o continúan en desaparición forzada.

Familias destrozadas por asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados

Al Kaniat mantuvo su brutal dominio en Tarhouna eliminando a cualquier rival o crítico real o potencial y atacando a toda su familia extensa.

El grupo secuestraba y mataba a todos los hombres de una familia. Después, a punta de pistola, ordenaba al resto de su familia extensa que abandonara Tarhouna, una práctica abusiva que equivale a desplazamiento forzado. A continuación, Al Kaniat se apoderaba de todas sus propiedades y bienes. La mayoría de los secuestros tuvieron lugar entre abril de 2019 y junio de 2020, cuando Al Kaniat operaba bajo las Fuerzas Armadas Árabes Libias.

Según la Autoridad General de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas, la mayoría de los 343 cadáveres recuperados y examinados tras la derrota de Al Kaniat presentaban heridas de bala, casi siempre en la cabeza o la región superior del cuerpo, tenían las manos atadas a la espalda y casi todos tenían la cabeza tapada o los ojos vendados, o ambas cosas.

Las pruebas a las que pudo acceder Amnistía Internacional indican también que, además de crímenes de lesa humanidad, muchos de los actos cometidos por Al Kaniat, entre ellos asesinatos, confiscación de bienes sin necesidad militar y desplazamientos forzados, son también violaciones del derecho internacional humanitario y constituyen crímenes de guerra.

Según la Asociación de Víctimas de Tarhouna, El destino y el paradero de al menos 68 personas aprehendidas por Al Kaniat sigue sin conocerse hasta la fecha.

El sufrimiento de las familias de las víctimas se agrava al no haberles concedido las autoridades de Libia una reparación adecuada. Sólo 37 familias recibieron apoyo económico de un organismo público encargado de apoyar a los “mártires”.

Otras familias dijeron a Amnistía Internacional que sus esfuerzos por conseguir indemnizaciones tropezaron con obstáculos, negativas o retrasos burocráticos.

Las mujeres y los niños y niñas no se salvan

La mayoría de las personas secuestradas y víctimas de homicidio ilegítimo eran civiles, y entre ellas había al menos cuatro mujeres y tres menores.

El 3 de abril de 2020, Al Kaniat secuestró a Abdelali al-Fellus y a sus cuatro hijos cuando estaban en su domicilio y lo mató, junto con tres de los chicos: Mohammed, de 10 años, Abdelmalik, de 14, y Abdelrahman, de 15.

La madre de los niños, Ghazal Miftah, se enteró de las muertes por el hijo que sobrevivió a la matanza, Mouadh, de ocho años: “[Los de Al Kaniat] los pusieron contra la valla y mataron a tiros a los cuatro, obligando al pequeño Mouadh a verlo todo […]. Todavía está traumatizado.”

El 5 de abril de 2020, Al Kaniat secuestró a tres hermanas de la familia Harouda: Hawa (conocida como Rahma), de 46 años; Leila (conocida como Salma), de 45; y Reem, de 37, madre de cuatro hijos, que estaba embarazada. Sus familiares creen que el ataque se debió a la relación de su hermano con las milicias contrarias a Al Kaniat.

Los cadáveres de las hermanas fueron encontrados juntos el 22 de enero de 2021 en una fosa común. La familia no recibió ninguna indemnización económica, a pesar de haber ganado un juicio que condenaba al gobierno de Trípoli a pagarle 1,5 millones de dinares libios (310.623 dólares estadounidenses).

Tortura

Al Kaniat torturaba y sometía a otros actos inhumanos a las personas a las que secuestraba, como golpearlas con mangueras, látigos y culatas de rifles, ejercer contra ellas violencia sexual y aplicarles descargas eléctricas.

En febrero de 2022, Amnistía Internacional visitó “Boxat”, complejo agrario que se utilizaba como centro de detención improvisado. Las personas detenidas tenían que permanecer en estructuras con forma de caja, sin acceso a aseos ni alimentación suficiente. Los combatientes de Al Kaniat encendían hogueras en la parte superior de las estructuras, exponiendo a las personas detenidas a un calor extremo y un humo asfixiante.

“Malek”, detenido en la prisión de la policía judicial de Tarhouna, contó que los combatientes de Al Kaniat lo habían sometido a un método de tortura denominado “balanco”, que consistía en colgarlo por las muñecas y después dejarlo caer violentamente al suelo: “Empezaron a darme descargas eléctricas en el cuerpo, en los genitales […] Les dije todo lo que querían oír.”

Justicia

Desde que las fuerzas del Gobierno de Acuerdo Nacional tomaron Tarhouna, en junio de 2020, la fiscalía de Trípoli anunció investigaciones y la emisión de 400 órdenes de detención. Sin embargo, estas investigaciones no analizaron el papel, la complicidad y la responsabilidad de mando de las autoridades y los líderes de milicias que siguen en el poder.

Al menos 29 personas, de las que sólo cinco están detenidas, han sido declaradas culpables y condenadas a muerte o a prisión por una serie de delitos relacionados con el dominio de Al Kaniat tras juicios sin garantías en tribunales civiles y militares en Libia occidental.

La famosa milicia denominada Aparato de Disuasión para la Lucha contra el Terrorismo y la Delincuencia Organizada, que tiene un historial bien documentado de participación en actos de tortura y otras violaciones graves, está implicada en la recogida de pruebas y la detención de sospechosos, entre ellos Abdelbari Al Shaqaqi, buscado por la CPI, por lo que hay peligro de que se altere el curso de la justicia.