Ante el derrocamiento del presidente sirio Bashar Al Asad tras tomar el poder las fuerzas de la oposición en la capital, Damasco, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional ha declarado:

“Después de más de cinco décadas de brutalidad y represión, es posible que la población de Siria tenga la oportunidad de vivir sin miedo y de que se respeten sus derechos. Bajo el régimen de Bashar Al Asad, y antes de él, de su padre, Hafez Al Asad, la población siria ha estado sometida a una larga lista de terribles violaciones de derechos humanos, que han causado un sufrimiento humano indecible y de enormes proporciones, y que ha incluido ataques con armas químicas, bombas de barril, y otros crímenes de guerra, además de asesinatos, tortura, desaparición forzada y exterminación que constituyen crímenes contra la humanidad. Es preciso aprovechar ahora esta oportunidad histórica y reparar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante décadas.

La población siria ha estado sometida a una larga lista de terribles violaciones de derechos humanos, que han causado un sufrimiento humano indecible y de enormes proporciones […].
Es preciso aprovechar ahora esta oportunidad histórica y reparar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante décadas.

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

“Amnistía Internacional pide a las fuerzas de la oposición que se liberen de la violencia del pasado. El paso más importante es la justicia, no la represalia. Instamos a todas las partes del actual conflicto a que respeten plenamente las leyes de la guerra. Esto incluye la obligación de no atacar a nadie que exprese claramente su intención de rendirse, incluidas las fuerzas gubernamentales, y de tratar con humanidad a cualquier persona que esté bajo custodia.

“Cualquier medida que se proponga para salir de este letal capítulo de la historia de Siria deberá basarse en los principios de justicia, rendición de cuentas y no repetición. Los presuntos autores de crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos deben ser investigados y, si procede, procesados por sus crímenes en juicios con las debidas garantías y en los que no haya posibilidad de que se imponga la pena de muerte.

“Para las familias de las decenas de miles de personas sometidas a desaparición forzada, la liberación de las personas detenidas en las numerosas cárceles de todo el país, incluida la prisión militar de Saydnaya, incrementa las esperanzas de poder averiguar por fin la suerte de sus seres queridos en paradero desconocido, en ocasiones décadas después de su desaparición. En la medida de lo posible dadas las circunstancias, se debe intentar recopilar y conservar las pruebas de todo delito cometido en la actualidad o en el pasado, para garantizar la rendición de cuentas. Es crucial que se conserven los registros de las cárceles y otros documentos, pues tal información podría proporcionar pruebas fundamentales sobre la suerte de las personas desaparecidas y utilizarse en futuros procesamientos y juicios por crímenes de derecho internacional.

“Instamos a la comunidad internacional a que pongan el foco en las voces sirias en esta transición. Debe apoyar a las víctimas de las atrocidades del régimen de Al Asad para conseguir justicia y reparación por los crímenes de derecho internacional perpetrados en el país. Esto incluye iniciar casos de jurisdicción universal contra los presuntos perpetradores, y apoyar el Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente (MIII), así como la institución de la ONU sobre personas desaparecidas, para aclarar su paradero.”

Información general:

En una declaración emitida en directo el domingo por la televisión nacional de Siria, las fuerzas de oposición afirmaron haber puesto fin al régimen del presidente sirio Bashar Al Asad y liberado a los presos políticos. Según los informes, Al Asad ha abandonado el país.

En su informe de 2017 Human Slaughterhouse, Amnistía Internacional reveló cómo las autoridades sirias, bajo la presidencia de Bashar Al Asad, habían perpetrado homicidios, tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones colectivas en la horca y exterminación de detenidos —en la prisión militar de Saydnaya, el centro de detención más famoso de Siria—, todo ello inscrito en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil constitutivo de crimen contra la humanidad.

Desde que comenzó el levantamiento en Siria, en 2011, Amnistía Internacional ha documentado los ataques de las fuerzas gubernamentales sirias, con el apoyo de Rusia, contra zonas controladas por grupos armados de oposición, donde llevó a cabo ataques indiscriminados y directos contra viviendas, hospitales e instalaciones médicas, que incluyeron bombardeos de artillería y ataques aéreos, utilizando con frecuencia armas no guiadas, como bombas de barril, armas incendiarias y bombas de racimo, cuyo uso está prohibido internacionalmente.