Las autoridades de transición sirias deben tomar medidas urgentes para asegurar y preservar las pruebas de las atrocidades cometidas durante el mandato del expresidente Bachar al Asad, incluidos documentos clave de gobierno e inteligencia y lugares de atrocidades y fosas comunes; así lo han manifestado hoy la Asociación de Detenidos y Desaparecidos en la Prisión de Sednaya (ADMSP), Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Las autoridades de transición deben coordinarse y cooperar urgentemente con los órganos pertinentes de la ONU, la sociedad civil siria y equipos forenses internacionales para asegurar, preservar y proteger estas pruebas. Las pruebas de crímenes dejadas atrás serán fundamentales para establecer la suerte y el paradero de decenas de miles de personas sirias sometidas a desaparición forzada por el tristemente célebre aparato de seguridad e inteligencia del gobierno anterior, así como para investigar y procesar a los autores de crímenes de derecho internacional, incluidos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

“Cada minuto que pasa sin que se tomen medidas, aumenta el riesgo de que una familia nunca llegue a saber el paradero de su ser querido, y de que una autoridad responsable de crímenes atroces nunca comparezca ante la justicia”, ha manifestado Shadi Haroun, director de programa de la ADMSP.

Personal investigador de tres organizaciones viajó a Damasco del 10 al 20 de diciembre de 2024 y visitó 10 centros de detención, 7 fosas comunes y la sede del tribunal militar.

“Tras décadas de brutal represión, injusticia e impunidad, la población siria puede al fin tener un atisbo de esperanza en que se haga justicia”, ha dicho Aya Majzoub, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África. “Es un momento decisivo para que las autoridades de transición sirias actúen con determinación y garanticen la preservación de pruebas como base fundamental de la rendición de cuentas y la reconciliación.”

Es un momento decisivo para que las autoridades de transición sirias actúen con firmeza y garanticen la preservación de las pruebas como piedra angular de la rendición de cuentas y la reconciliación.

Aya Majzoub, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África

En todos los centros de detención visitados, el equipo investigador observó con frecuencia que los documentos oficiales estaban desprotegidos y que partes importantes habían sido saqueadas o destruidas. Tanto residentes de los barrios que rodeaban algunos de estos centros como ex detenidos y miembros de Hayat Tahrir al Sham (HTS) internos en esos centros afirmaron que, en algunos casos, el personal de seguridad e inteligencia había quemado información clave antes de huir tras la caída del gobierno de Asad.

Contaban que, en algunos casos, grupos armados tomaron el control del centro y reclusos recién liberados quemaron y saquearon documentos. El personal investigador señaló también que gente corriente se había llevado algunos documentos, incluidos periodistas y familiares de personas desaparecidas.

Tales documentos pueden contener información vital sobre la estructura del aparato de seguridad e inteligencia del Estado sirio, la identidad de los autores de graves delitos y datos sobre las personas recluidas en esos lugares.

La ADMSP, Amnistía Internacional y Human Rights Watch plantearon estos motivos de preocupación durante una reunión con miembros del departamento de asuntos políticos del gobierno de salvación sirio, afiliado a la HTS, celebrada el 16 de noviembre en Damasco. Durante la reunión, los representantes gubernamentales prometieron reforzar la seguridad en torno a centros clave.

Tras asegurar estos lugares y garantizar que no se manipulan las pruebas restantes, las autoridades de transición deberían coordinarse con los órganos de investigación y recopilación de pruebas creados por las Naciones Unidas y garantizarles acceso inmediato y sin trabas. Entre ellos deberían estar el Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente, la Institución Independiente sobre Personas Desaparecidas en Siria y la Comisión de Investigación sobre Siria, así como organizaciones de la sociedad civil siria con experiencia en el análisis de tales pruebas.

El Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente debería actuar con rapidez para asegurar las pruebas, entre otras cosas estableciendo un acuerdo formal con las autoridades de transición para operar de manera legal y transparente en Siria. Debería considerar prioritaria la preservación y documentación de fosas comunes, archivos y otras pruebas críticas. Por su parte, la Institución Independiente sobre Personas Desaparecidas en Siria podría asumir funciones de coordinación para unificar los esfuerzos fragmentados de los grupos de la sociedad civil sirios e internacionales dirigidos a asegurar pruebas que podrían dar respuestas sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas.

Ambos organismos, a través de un proceso sistemático y colaborativo de preservación de pruebas, pueden garantizar la conservación de documentación crítica y sentar las bases para que haya rendición de cuentas y justicia. Los gobiernos deben apoyar las iniciativas para asegurar y preservar pruebas, entre otras cosas proporcionando los recursos y fondos necesarios.

Durante la reunión con las autoridades de transición, las organizaciones subrayaron también la importancia de asegurar los lugares donde hay fosas comunes en todo el país. El personal investigador visitó los lugares de cuatro fosas comunes en las afueras de Damasco y puso las coordenadas de estos sitios en conocimiento de las autoridades pertinentes. En los cuatro sitios observaron que residentes locales y familiares de personas desaparecidas intentaban exhumar algunos de los restos mortales. En una de las fosas comunes, el equipo investigador vio a residentes locales exhumando una pierna aún con carne, lo que indicaba que había sido enterrada en fechas recientes.

En un informe publicado en 2017 que documentaba ahorcamientos masivos y exterminio en la prisión de Sednaya, Amnistía Internacional concluía que los cadáveres de personas detenidas que habían sido ejecutadas o habían muerto debido a la tortura y las condiciones inhumanas en esa prisión se habían enterrado en fosas comunes, incluida una de las visitadas por el personal investigador en diciembre de 2024. Con el gobierno anterior, las autoridades casi nunca comunicaban a las familias la muerte de sus seres queridos ni les entregaban sus restos mortales.

El gobierno del depuesto presidente Bachar al Asad utilizaba las ejecuciones extrajudiciales junto con otras tácticas ilícitas, como la detención arbitraria, los ataques deliberados e indiscriminados a civiles, someter al hambre a la población civil y forzar el desplazamiento de la población de zonas bajo control de la oposición en el curso de la guerra.

La ejecución extrajudicial y la ejecución sumaria son violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y pueden constituir crímenes contra la humanidad si forman parte de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese “ataque”. Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado el uso sistemático de la tortura por el gobierno anterior como crimen de lesa humanidad.

Las autoridades de transición sirias deben comprometerse clara y públicamente a asegurar, recopilar y preservar pruebas —incluidas fosas comunes y registros y archivos gubernamentales— que serán esenciales para dar respuesta a las familias de las más de 100.000 personas desaparecidas en Siria, así como para los futuros procesos judiciales y de rendición de cuentas. Las medidas provisionales vinculantes de la Corte Internacional de Justicia en la causa por tortura contra Siria obliga al Estado a preservar las pruebas de los abusos cometidos.

Las autoridades de transición sirias deben asimismo cooperar con el Comité Internacional de la Cruz Roja y organizaciones especializadas de la sociedad civil siria que pueden ofrecer apoyo y conocimientos fundamentales para preservar estas pruebas con vistas a esclarecer lo sucedido a las personas desaparecidas y de este modo permitir que las familias sumidas en la incertidumbre durante años obtengan respuestas. A través de campañas de sensibilización pública se puede explicar la importancia de la preservación de las pruebas, las medidas que se están tomando y cómo pueden las comunidades participar en el proceso sin obstaculizarlo inintencionadamente.

“Las familias de las decenas de miles de personas sometidas a desaparición forzada en Siria merecen que termine su sufrimiento”, ha dicho Hiba Zayadin, directora de investigación sobre Oriente Medio de Human Rights Watch. “Es probable que muchas de las respuestas a las preguntas sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos se encuentren en oficinas asaltadas, documentos saqueados o fosas comunes alteradas. Es fundamental que la población siria sepa directamente de su gobierno de transición que está dedicado y comprometido a descubrir la verdad y a dar respuestas a las familias de las personas desaparecidas.”

Para garantizar rendición de cuentas y generar confianza en su gobierno, las autoridades de transición también deben poner fin a los homicidios de represalia y dejar claro que no se tolerarán tales crímenes. Deberían abordar los motivos de preocupación relativos a la detención arbitraria en las zonas bajo su control. Esto incluye permitir que observadores independientes accedan a los centros de detención controlados por la coalición HTS, y garantizar que cada persona detenida está sujeta a vigilancia judicial. La transparencia en el tratamiento y las condiciones de las personas detenidas es fundamental para demostrar una ruptura clara de todas las partes del conflicto en Siria con los patrones de represión del pasado, y para indicar a la población siria que el círculo vicioso de la detención arbitraria y los abusos no se repetirá.