La comunidad internacional debe tomar medidas urgentes para garantizar la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas en Myanmar, según han manifestado 46 organizaciones hoy, víspera del cuatro aniversario del golpe de estado del 1 de febrero de 2021.
Este año representa un punto de inflexión para la rendición de cuentas en Myanmar. Aunque las fuerzas armadas mantienen el control, están perdiendo terreno en muchas zonas. En un contexto en que las hostilidades y las dinámicas políticas cambian rápidamente, se deben realizar nuevos esfuerzos en favor de la justicia que garanticen un futuro edificado sobre una cultura duradera de respeto por los derechos humanos.
Desde el golpe de 2021, la Junta Militar de Myanmar ha matado a más de 6.000 personas, sometido a detención arbitraria a más de 20.000 y reanudado las ejecuciones judiciales. Hay más de 3,5 millones de personas internamente desplazadas. Los grupos de derechos humanos han documentado tortura y otros malos tratos de personas detenidas, ataques indiscriminados y negación de ayuda humanitaria por parte de las fuerzas armadas, actuaciones que pueden constituir crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
La Junta Militar de Myanmar ha llevado a cabo ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil en todo el país, bombardeando escuelas, hospitales y edificios religiosos con total impunidad. Por su parte, los grupos armados que combaten a las fuerzas armadas han cometido abusos de derechos humanos. Aunque hay quienes han prometido someter a rendición de cuentas a los responsables, está por ver si se trata de iniciativas reales que cumplan las normas internacionales.
El año pasado, 2024, ha sido el más violento contra la comunidad rohinyá desde 2017, y hombres, mujeres, niños y niñas han muerto en bombardeos al verse atrapados en el conflicto armado entre el ejército de Myanmar y el grupo armado Ejército de Arakán en el estado de Rajine.
Al mismo tiempo, las fuerzas armadas de Myanmar han perdido una cantidad de territorio sin precedentes en todo el país frente a una amplia coalición de grupos étnicos armados que han capturado a dos mandos regionales, militares de alto rango, decenas de ciudades y pasos fronterizos. Estos grupos también han cometido abusos de derechos humanos.
En las zonas controladas por grupos étnicos armados o supervisadas por el Gobierno de Unidad Nacional —formado por los legisladores y funcionarios elegidos democráticamente y destituidos en el golpe de 2021— están surgiendo estructuras locales de gobierno y de sociedad civil. Se trata de escuelas, hospitales, oficinas administrativas, prisiones, comisarías de policía y tribunales.
Las organizaciones abajo firmantes pedimos a todas las partes en el conflicto armado de Myanmar que cumplan el derecho internacional humanitario y colaboren con los mecanismos de justicia internacional, incluido el Mecanismo de Investigación Independiente para Myanmar. Todos los países, incluidos los actores regionales de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y los Estados vecinos, deben aumentar la presión sobre la Junta bloqueando los envíos de armas, suspendiendo los envíos de combustible de aviación y apoyando los mecanismos de justicia internacional, lo que incluye procesar o extraditar a los presuntos responsables. La ASEAN debe ir más allá de su fallido Consenso de Cinco Puntos y tomar medidas decisivas para someter a la Junta a rendición de cuentas. También instamos a la comunidad internacional a comprometerse con una estrategia de justicia internacional coordinada y a largo plazo.
A escala mundial están prosperando algunas iniciativas de justicia internacional muy esperadas. En noviembre de 2024, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó una orden de arresto contra el general en jefe de Myanmar Min Aung Hlaing por los crímenes de lesa humanidad de deportación y persecución de rohinyás cometidos tanto en Myanmar como en Bangladesh entre agosto y diciembre de 2017. Se espera que se emitan otras órdenes contra otros altos mandos militares.
De emitirse, las autoridades de los Estados miembros de la CPI deberán cumplir urgentemente las órdenes de detención contra las personas sospechosas presente en su jurisdicción y entregarlas a la CPI para que se enfrenten a sus acusadores en un juicio justo por presuntos crímenes de derecho internacional. La comunidad internacional debe negar el refugio a las personas acusadas de delitos graves, garantizando su inmediata detención y transferencia a la CPI. El mundo no debe permitir que los responsables eludan la justicia internacional.
Aunque la presente solicitud de orden de arresto es un paso positivo, sigue siendo limitada en cuanto al alcance, territorio y periodo, y no abarca ningún presunto delito posterior al golpe de 2021. El fiscal de la CPI debe demostrar nuevos avances en su investigación, lo que incluye examinar los crímenes de derecho internacional cometidos después de 2017 y en los cuatro años transcurridos desde el golpe. El Consejo de Seguridad de la ONU y los Estados miembros de la CPI deben remitir toda la situación de Myanmar a la CPI para garantizar justicia a todas las víctimas.
Los gobiernos, los donantes y las agencias internacionales deben apoyar y emprender una amplia variedad de iniciativas de rendición de cuentas, incluida la jurisdicción universal, y la posible creación de mecanismos de justicia “híbridos” o similares a medida. La comunidad internacional también debe imponer un embargo mundial de armas, suspender las exportaciones de combustible de aviación y colaborar con todas las partes interesadas nacionales pertinentes, incluida la sociedad civil y los sectores más afectados por los crímenes.
La resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de abril de 2024 subrayaba la necesidad de una “cooperación estrecha y oportuna” entre el Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar —creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para recopilar y preservar pruebas de crímenes atroces en Myanmar para futuros enjuiciamientos— y “cualquier futura investigación o actuación de cortes o tribunales nacionales, regionales o internacionales, incluidas la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia”.
También solicitaba al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que mantuviera la atención en la rendición de cuentas en relación con el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el estado de derecho, y en el futuro presentara un informe sobre las vías para “hacer realidad las aspiraciones del pueblo de Myanmar a la protección de los derechos humanos, la rendición de cuentas, la democracia y un gobierno civil”.
La situación de Myanmar se debatirá en el próximo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tendrá lugar del 24 de febrero al 4 de abril de 2025. Los Estados miembros de la organización deben aprovechar esta oportunidad para adoptar un enfoque audaz e innovador sobre Myanmar y aprobar una resolución que sirva para romper el círculo de impunidad por crímenes atroces. Asimismo, la comunidad internacional debe amplificar las voces de sobrevivientes, activistas y la gente de Myanmar, que siguen resistiendo contra la opresión, corriendo un gran riesgo personal.
La crisis de derechos humanos de Myanmar no empezó con el golpe de Estado: es resultado de largos años de opresión. Poner fin a la impunidad exige soluciones audaces y adaptadas, y compromiso político y económico a largo plazo. El mundo debe actuar ya.
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- #Sisters2Sisters
- Ah Nah Podcast – Conversations with Myanmar
- Amnesty International
- Arakan Rohingya National Organisation
- Arakan Rohingya National Union
- Assistance Association for Myanmar-based Independent Journalists
- Athan – Freedom of Expression Activist Organization
- Blood Money Campaign
- Burma Action Ireland
- Burma Campaign UK
- Burma Civil War Museum
- Burma Human Rights Network
- Burma War Crimes Investigation
- Burmese Rohingya Organisation UK
- CAN-Myanmar
- Center for Ah Nyar Studies
- Chin Human Rights Organization
- Community Rebuilding Center
- Defend Myanmar Democracy
- EarthRights International
- Fortify Rights
- Free Rohingya Coalition
- Global Myanmar Spring Revolution
- Human Rights Foundation of Monland
- Independent Myanmar Journalists Association
- Kaladan Press Network
- Karen Human Rights Group
- Karenni Human Rights Group
- Mayu Region Human Rights Documentation Center
- Mother’s Embrace
- Myanmar Ethnic Rohingya Human Rights Organization in Malaysia
- New Myanmar Foundation
- Odhikar
- Progressive Muslim Youth Association
- Political Prisoners Network – Myanmar
- Refugee Women for Peace and Justice
- Refugees International
- Rohingya Human Rights Initiative
- Rohingya Student League
- Rohingya Student Network
- Rohingya Student Union
- Rohingya Youth for Legal Action
- RW Welfare Society
- Sitt Nyein Pann Foundation
- Women Organization of Political Prisoners
- Youth Congress Rohingya
