En una carta enviada al presidente Trump hoy, Amnistía Internacional ha instado a su gobierno a tomar medidas concretas para proteger y priorizar los derechos humanos en Ucrania y hacer rendir cuentas a los responsables de violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra. 

Después de casi tres años de guerra sin cuartel contra Ucrania y más de un decenio de ocupación de Crimea y partes del este de Ucrania, los costes de la agresión de Rusia para los derechos humanos han sido y siguen siendo catastróficos.

“Las violaciones de derechos humanos contra la población de Ucrania deben cesar”, ha manifestado Paul O’Brien, director ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos. “El gobierno de Trump tiene la oportunidad y la responsabilidad moral de garantizar la protección de los derechos humanos de la población civil de Ucrania. Confiamos en que el presidente Trump haga cuanto pueda —incluido exigir rendición de cuentas por crímenes de guerra y otros crímenes de derecho internacional— para poner a Ucrania en la vía hacia un futuro más justo y pacífico.”

La carta, enviada por Amnistía Internacional Estados Unidos y Amnistía Internacional Ucrania, expone numerosos principios que el gobierno de Trump debe cumplir para mitigar el sufrimiento en Ucrania mientras construye una región más estable.

En un lugar destacado de estos principios se encuentra que Estados Unidos siga condenando la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, una guerra que viola la Carta de las Naciones Unidas y constituye un crimen de derecho internacional. Amnistía Internacional también ha pedido a Estados Unidos que asuma el liderazgo a la hora de pedir acceso sin trabas para las organizaciones humanitarias independientes que operan en Rusia y en el territorio ucraniano ocupado, con el fin de que puedan observar el trato que reciben los prisioneros de guerra y las personas civiles detenidas y, en última instancia, garantizar que retornan voluntariamente y en condiciones de seguridad a sus hogares, de acuerdo con el derecho internacional.

Tal como Amnistía Internacional ha documentado anteriormente, las fuerzas rusas han atacado deliberadamente a civiles. Las personas de edad avanzada han muerto o han resultado heridas en cifras desproporcionadas, y numerosos ataques han causa bajas de niños y niñas. En la Crimea ocupada, Rusia ha interrumpido, restringido o prohibido sistemáticamente el uso de las lenguas ucraniana y tártara de Crimea, ha reprimido las prácticas religiosas y culturales que son conformes a las aprobadas por Moscú, y ha trasladado a la fuerza fuera de Crimea a residentes ucranianos para permitir que se instalen allí civiles rusos. En su carta al presidente Trump, la organización le pide que garantice que la ayuda humanitaria llegue a los grupos en riesgo, incluidos niños y niñas, personas mayores e indígenas.

Mientras más de 6,8 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en Ucrania, buscando seguridad principalmente en países europeos, Amnistía Internacional ha instado también al presidente Trump a brindar apoyo a los países que acogen a personas refugiadas. La organización ha pedido asimismo al presidente Trump que mantenga y amplíe el Estatus de Protección Temporal para las personas procedentes de Ucrania que llegan a Estados Unidos.

La carta aborda también la cuestión de las minas terrestres, las municiones de racimo y otros restos explosivos de la guerra, que siguen constituyendo una amenaza mortal para la población civil, y pide al presidente Trump que mantenga la financiación a largo plazo y la implementación continuada de programas para limpiar la tierra ucraniana de esos peligrosos artefactos.

La carta reitera que el presidente Trump tiene la oportunidad y la responsabilidad moral de garantizar que los derechos humanos ocupan el primer lugar de la agenda sobre Ucrania.

“Innumerables personas ucranianas bajo ocupación rusa se enfrentan a horrores inimaginables”, ha declarado Veronika Velch, directora de Amnistía Internacional Ucrania. “Muchas son asesinadas, sometidas a simulacros de juicio, torturadas y obligadas a realizar trabajos forzados. Miles de prisioneros de guerra y personas civiles detenidas permanecen en régimen de incomunicación y se enfrentan a desaparición forzada en territorio ruso y en los territorios ucranianos ocupados, lo que constituye una violación flagrante de los convenios de Ginebra. Pedimos que se preste urgentemente atención a su suplicio. Mientras aquí en Ucrania soportamos bombardeos diarios, quienes viven bajo ocupación se enfrentan a una mayor vulnerabilidad, y sus derechos deben ser priorizados.”