Durante el régimen de Pinochet se suspendieron las garantías constitucionales, se disolvió el Congreso y se declaró Estado de sitio en todo el país. Torturar y hacer desaparecer a personas, entre otras prácticas, se convirtieron en política de Estado. Según cifras oficiales, la dictadura dejó 40.175 víctimas, entre ellas personas torturadas, ejecutadas, detenidas y desaparecidas, y según registros del Observatorio Justicia Transicional en más del 70% de los casos de personas ejecutadas o desaparecidas no hubo justicia, verdad ni reparación. Asimismo, y si bien se desconoce la cifra exacta, la cantidad de personas exiliadas ascendería como mínimo a doscientas mil.
Entre 1973 y 1990, 3.216 personas fueron asesinadas o sufrieron desaparición forzada. A la fecha se estima que hay 1.469 cuerpos de personas detenidas y ejecutadas que no se han encontrado. Es imprescindible que el Plan Nacional de Búsqueda anunciado por el presidente chileno Gabriel Boric permita esclarecer las circunstancias de la desaparición y el destino de estas personas. Este programa debe llevarse a cabo en plena coordinación con las familias, contar con recursos adecuados para que su implementación sea efectiva y confluir en investigaciones penales sobre todas las personas sospechosas de responsabilidad individual.
“La búsqueda de las personas detenidas desaparecidas no es solo una cuestión de justicia, sino también de humanidad. Dar con su paradero, identificarlas y entregar sus cuerpos no solo aliviará a sus familias, sino que también ayudará a sanar la profunda herida que evidencia la sociedad chilena. Para lograr esto es imprescindible que quienes persistentemente no han entregado toda la información sobre los hechos lo hagan de una buena vez. Esto y otras medidas anunciadas recientemente por el Gobierno son fundamentales para que el Plan Nacional de Búsqueda cumpla su cometido”, dijo Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.
Es necesario que el Congreso se ponga a disposición de avanzar hacia la justicia y apoye los proyectos propuestos por el gobierno. La tramitación de la eliminación del carácter secreto de leyes dictadas durante el régimen de Pinochet y del levantamiento del secreto de los testimonios de víctimas de tortura en la Comisión Valech, son aspectos que al entender de Amnistía Internacional encaminan a Chile hacia un país que atiende sus deudas en materia de derechos humanos.
La memoria histórica es un pilar fundamental para evitar que hechos tan devastadores se repitan. A 50 años del golpe, Chile aún no cuenta con una ley que proteja los sitios de memoria ni un archivo nacional de la memoria. Es fundamental que las autoridades materialicen la iniciativa de contar con un archivo y que presenten lineamientos claros sobre su funcionamiento y consideren la participación de la sociedad civil. También es urgente que atiendan a las necesidades de la red de sitios de memoria y establezcan una protección y preservación de los lugares en los que se cometieron violaciones de derechos humanos. En ese marco, es valorable el anuncio gubernamental reciente de una Política Nacional de Memoria y Patrimonio, y es imprescindible que el Congreso respalde esta iniciativa.
“La memoria es la mejor herramienta para que estos hechos no se repitan. Nuestra región sufrió el dolor de las desapariciones, las torturas, la pérdida de familiares y los exilios. No podemos permitir que los delitos de lesa humanidad queden impunes o en el olvido. Por eso, desde Argentina, que ha sido ejemplar en juzgar a los responsables con justicia y sin venganza, tenemos la firme convicción de que las nuevas generaciones deben recordar que estas prácticas no deben repetirse jamás”, sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Hoy mientras las víctimas, sus familias y las agrupaciones de derechos humanos perseveran tras décadas buscando justicia, algunas figuras públicas y autoridades del Estado de manera irresponsable divulgan discursos de odio. Estas acciones son realmente peligrosas porque minimizan el sufrimiento de las víctimas, niegan el derecho a la verdad, desinforman, debilitan las instituciones, y favorecen la impunidad y que la historia se repita.
“No podemos permitir que el olvido y los discursos de odio se interpongan en la sociedad. Mantener viva la memoria es crucial para evitar que las nuevas generaciones tengan que vivir las atrocidades que vivimos en el pasado. Un rechazo firme a las violaciones de derechos humanos y un compromiso férreo a avanzar en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición sería una señal potente que como país nos merecemos vivir”, concluyó Rodrigo Bustos.
