Cuatro mecanismos de la ONU criticaron que el gobierno español ni investigue ni deje investigar a la justicia argentina las más graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo como la tortura, el robo de bebés y las ejecuciones extrajudiciales
Amnistía Internacional celebra la advertencia de cuatro mecanismos de Naciones Unidas, que criticaron a España por la decisión de no extraditar a 17 ciudadanos españoles acusados por la justicia argentina de violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante el régimen franquista, incluidos varios ex ministros. Para la organización se trata de una prueba más de que España ni está investigando ni permite a la justicia argentina investigar crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo, como la tortura, el robo de bebés y las ejecuciones extrajudiciales.
“España no proporciona justicia y reparación a las víctimas del franquismo y obstaculiza la investigación que se lleva adelante en la Argentina en virtud el principio de jurisdicción universal que se aplica a crímenes de lesa humanidad”, dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
La organización considera importante el hecho de que cuatro mecanismos de Naciones Unidas, los expertos sobre desapariciones forzadas o involuntarias; sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición hayan alertado a España sobre su falta de colaboración.
No hay excusas para la falta de colaboración de España: los argumentos que utiliza para denegar la extradición son contrarios al derecho internacional. Como señalaron los organismos de Naciones Unidas, el gobierno no puede utilizar el argumento de la prescripción, ya que algunos de esos crímenes, como la tortura o la desaparición forzada, pueden constituir crímenes contra la humanidad y por lo tanto no prescribirían.
El último 13 de marzo España denegó las extradiciones de 17 ciudadanos españoles acusados por Argentina de fusilamientos, torturas, robo de bebés y otros delitos, en el marco de la llamada "querella argentina". Naciones Unidas, así como Amnistía Internacional, que lleva años denunciando que los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas son denegados en España, pidieron la colaboración del gobierno español con la jueza argentina, María Servini de Cubría, quien había recomendado el arresto preventivo de los imputados para ser indagados.
