Exigí que no jueguen con tu derecho a un salario digno
¿Qué es el derecho al trabajo y salario digno?
Los y las trabajadores/as deben ver garantizado un salario mínimo que permita una vida digna para ellos mismos y sus familias. Los Estados están obligados a garantizar salarios justos, igual salario por igual trabajo e igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
El acceso a un salario digno se encuentra vinculado a la equidad e igualdad y proporciona condiciones de existencia dignas a los trabajadores y sus familias. Debe ser determinado en función de factores externos, como el costo de la vida y otras condiciones económicas y sociales imperantes. La remuneración debe ser suficiente para permitir al trabajador y a su familia gozar de otros derechos, como la seguridad social, la atención de salud, la educación y un nivel de vida adecuado, que le permita acceder a alimentos, agua, saneamiento, vivienda y vestido y cubrir gastos adicionales, como los costos de transporte.
El salario digno está directamente relacionado con el derecho al trabajo. El derecho al trabajo es la base para la realización de otros derechos humanos y para una vida en dignidad. Incluye la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado.
El Estado argentino ha asumido diversas obligaciones internacionales que obligan a implementar diferentes estrategias y políticas públicas para la eliminación de la pobreza y así garantizar que todas las personas puedan vivir con dignidad. Los compromisos del Estado para eliminar la pobreza se encuentran vinculados, entre otras cosas, al acceso a un salario digno para todas las personas. La eliminación de la pobreza es una importante y acuciante cuestión que impacta en los derechos humanos.
¿Dónde se encuentra protegido el derecho al trabajo y salario digno?
Este derecho está protegido en la Constitución Nacional e instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 6.1), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 8.3.a), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (art. 5.e.i), la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 11.1.a), la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 32), la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares (artículos 11, 25, 26, 40, 52 y 54), entre otros.
El derecho al trabajo y los derechos relacionados están habilitados e informados por las numerosas normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo especializado de la ONU. El preámbulo del Convenio Nº 168 de la OIT establece "... la importancia del trabajo y del empleo productivo en toda la sociedad, en razón no sólo de los recursos que crean para la comunidad, sino también de los ingresos que proporcionan a los trabajadores, del papel social que les confieren y del sentimiento de satisfacción personal que les infunden".
Situación en Argentina
Desde el año 2016 los indicadores de ingresos han caído en forma considerable: el salario real promedio cayó 18%, el salario mínimo, vital y móvil un 25% y la Asignación Universal por Hijo un 20%[1].
El salario mínimo fue el indicador de ingreso más golpeado durante los últimos años y es el que tiene incidencia directa en el aumento de la pobreza. En la actualidad, ni siquiera bastan dos salarios mínimos ($15.625[2]) para llegar a comprar una Canasta Básica de alimentos ($33.013)[3].
Según datos oficiales de 2018 al menos el 32% de la población vive en situación de pobreza, lo cual representa a casi 13 millones de personas. En los últimos años, hay 2 millones más de pobres y nos encontramos ante el número más alto de la última década.
Las recientes devaluaciones, el aumento del desempleo, una aceleración de la tasa de inflación, el aumento de la canasta básica de alimentos, la caída del salario real en los últimos años son algunos de los principales factores que influyeron en el reciente ingreso de los sectores medios y bajos a la situación de pobreza.
Recomendaciones a Argentina
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas mostró preocupación por la pobreza estructural que afecta al país, el aumento del desempleo a lo largo de los últimos cinco años, y que los aumentos del salario mínimo y de la Asignación Universal por Hijo no permitan compensar los niveles de inflación. Por ello, recomendó en octubre de 2018 la adopción e implementación de una estrategia integral a largo plazo de reducción de la pobreza, con metas específicas y medibles y con enfoque de derechos humanos. El Comité también solicitó al Estado que asegure la cobertura universal de los programas sociales y proteja las prestaciones frente a los efectos de la inflación[4].
El Estado debe intensificar sus esfuerzos para eliminar la pobreza que impide el pleno disfrute de los derechos humanos, e implementar políticas económicas y sociales que protejan al salario y al empleo.
[3] Fuente: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_09_19B1BAED2A8F.pdf
[4] ONU. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de Argentina. 1 de noviembre de 2018. E/C.12/ARG/CO/4.