Exigí que no jueguen con tu derecho a la vivienda
¿Qué es el derecho a la vivienda digna?
El derecho humano a una vivienda digna y adecuada consiste en el derecho a que tienen todas las personas a vivir en condiciones de seguridad, paz y dignidad en alguna parte. No debe interpretarse restrictivamente equiparándolo con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un techo, sino que deben incluirse diversos aspectos tales como la habitabilidad, la disponibilidad de servicios e infraestructura, la seguridad jurídica en la tenencia, gastos de vivienda soportables, entre otros.
El derecho a una vivienda adecuada no exige que el Estado construya viviendas para toda la población. Pero sí comprende las medidas necesarias para prevenir la falta de un techo, prohibir los desalojos forzosos, luchar contra la discriminación, centrarse en los grupos más vulnerables y marginados, asegurar la seguridad de tenencia para todos/as, poder aspirar a una propiedad, y garantizar que la vivienda de todas las personas sea adecuada. Estas medidas incluyen la intervención del gobierno en distintos planos: legislativo, administrativo, de políticas o de prioridades de gastos.
En determinados casos, sin embargo, el Estado deba proporcionar asistencia directa, incluida la vivienda o prestaciones para la vivienda, especialmente a las personas afectadas por desastres naturales o causados por el hombre y a los grupos más vulnerables de la sociedad.
El derecho a una vivienda adecuada exige no solo que la estructura de la casa debe ser adecuada. Debe haber también un acceso sostenible y no discriminatorio a los servicios fundamentales en materia de salud, seguridad, comodidad y alimentación. Por ejemplo, debe existir el acceso al agua potable, a la energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de lavado, a los medios de almacenar alimentos y de eliminar desechos, al desagüe de los terrenos y a los servicios de emergencia.
¿Dónde se encuentra protegido el derecho a la vivienda digna?
El derecho a la vivienda se encuentra reconocido en nuestra Constitución Nacional y en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Argentina.
La vivienda adecuada fue reconocida como parte del derecho a un nivel de vida adecuado en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25) y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art 11), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (art. 17), la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 16, 1 y 27. 3), y en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (arts. 9 y 28).
Este derecho tiene una importancia fundamental para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales.
Situación en Argentina
En Argentina, uno de cada tres hogares tiene problemas de vivienda. De esos cuatro millones de hogares, se necesitan construir 1,5 millones de viviendas y el resto, son casas ya construidas pero que tienen problemas de calidad, falta de servicios básicos o hacinamiento[1].
En particular, la crisis habitacional se destaca por el incremento de las personas en situación de calle en las ciudades, el aumento del número de asentamientos, barrios precarios y villas, la inquilinización de las ciudades y la dificultad para acceder a la propiedad.
La ausencia de políticas públicas de acceso a la vivienda, la falta de regulación del mercado inmobiliario y las planificaciones urbanas excluyentes acrecientan año a año los problemas habitacionales.
Dada la actual de crisis económica los factores externos tales como el desempleo, la devaluación, la inflación y la caída del salario afectan el efectivo disfrute del derecho a una vivienda adecuada.
Según los últimos datos oficiales disponibles, al menos el 18% de las familias acceden a la vivienda a través del alquiler de una propiedad o parte de ella[2]. En los últimos años se ha dado un aumento acelerado de los precios que han dificultado aún más el acceso a numerosos porcentajes de la población.
Por otro lado, en los últimos años los créditos hipotecarios UVA fueron promocionados como la principal herramienta de acceso a la vivienda de los sectores medios. Sin embargo, luego de la fuerte devaluación y el aumento de la inflación durante 2018, los tomadores de crédito se enfrentan a la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones financieras.
Recomendaciones a Argentina
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General nro. 2 señaló que, a pesar de los problemas causados externamente, las obligaciones del Estado Pacto continúan aplicándose y son más pertinentes durante tiempos de contracción económica.
En 2018 ese mismo Comité, en ocasión de la revisión sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en Argentina, llamó la atención ante el incremento de los asentamientos informales sin acceso a servicios básicos y los recortes significativos en el presupuesto de las políticas de vivienda. En consecuencia, recomendó al Estado implementar soluciones adecuadas a la magnitud de la problemática habitacional del país: se debe ampliar la escala y mejorar la evaluación de las políticas públicas[3].
El Estado debe garantizar el acceso a una vivienda adecuada en condiciones de igualdad y promover políticas habitacionales integrales. En contextos de crisis como el actual, deberá también adoptar medidas para garantizar que los gastos de vivienda sean adecuados con los niveles de ingreso.
[3] ONU. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de Argentina. 1 de noviembre de 2018. E/C.12/ARG/CO/4.