Ante la noticia de la primera comparecencia del expresidente filipino Rodrigo Duterte prevista ante la Corte Penal Internacional, la investigadora de Amnistía Internacional para el Sudeste Asiático Rachel Chhoa-Howard ha manifestado:

“La comparecencia de Rodrigo Duterte ante la Corte Penal Internacional es una escena que las familias de las miles de víctimas de la ‘guerra contra las drogas’ en Filipinas temían no llegar a ver. Hoy se demuestra que a los acusados de cometer los peores delitos puede llegarles el día de comparecer ante un tribunal, independientemente del cargo que ostenten.”

”La misma institución de la que el expresidente Duterte hizo burlas lo juzgará ahora por asesinato como crimen contra la humanidad. Estamos ante un momento simbólico y un día de esperanza para las familias de las víctimas y los defensores y defensoras de los derechos humanos que durante años han luchado incansablemente por la justicia a pesar de los graves riesgos que corrían sus vidas y su seguridad.”

“El Tribunal debe garantizar que este proceso se desarrolla con total transparencia, también para las personas que lo siguen en Filipinas. Asimismo, debe garantizar que las víctimas, los testigos y sus familiares y representantes reciben pleno apoyo y protección y pueden participar efectivamente en el proceso.”

“La rendición de cuentas no debe detenerse aquí: el gobierno filipino debe reincorporarse a la CPI y cooperar plenamente con el tribunal en la causa. También debe iniciar sus propias investigaciones, pendientes desde hace mucho tiempo, y, cuando haya pruebas, garantizar encausamientos y juicios justos para todos los presuntos responsables de violaciones de derechos humanos, independientemente de su rango o posición.”

Información complementaria

El 11 de marzo, a su regreso a Manila desde Hong Kong, el expresidente filipino Rodrigo Duterte fue detenido en aplicación de una orden judicial dictada en su contra por la Corte Penal Internacional por el cargo de asesinato como crimen de lesa humanidad en relación con la “guerra contra las drogas” que libró entre finales de 2011 y marzo de 2019.

Filipinas se incorporó a la CPI el 1 de noviembre de 2011, pero en 2018 presentó una notificación de retirada que se hizo efectiva el 17 de marzo de 2019. No obstante, la CPI mantuvo la competencia respecto de los presuntos crímenes que se habían cometido en Filipinas mientras era Estado Parte, entre noviembre de 2011 y marzo de 2019.

El 12 de marzo, Duterte fue detenido en La Haya (Países Bajos), donde será juzgado. Su comparecencia ante la Corte está prevista el 14 de marzo, y durante ella la sala se asegurará, entre otras cosas, de informarlo de los cargos que se le imputan y sus derechos en virtud del Estatuto de Roma, y de que puede seguir el proceso.

La CPI lleva tiempo investigando posibles crímenes de lesa humanidad, incluidos los asesinatos cometidos en el marco de la mortífera “guerra contra las drogas” que se libró durante el gobierno del presidente Duterte y los cometidos en Dávao por el presunto Escuadrón de la Muerte de Dávao cuando era alcalde de esa ciudad (entre 2011 y 2016).

Amnistía Internacional ha publicado importantes investigaciones en las que se detallan ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos cometidas por agentes de policía y sus superiores. La organización ha determinado que los actos cometidos alcanzan el umbral de crímenes de lesa humanidad.