Persiste una honda preocupación por la seguridad de los manifestantes indígenas en Colombia ante la escalada de violencia contra ellos por parte de las fuerzas de seguridad y después de que sus dirigentes hayan sido amenazados de muerte por un grupo paramilitar de signo derechista; así lo ha afirmado Amnistía Internacional.

Decenas de manifestantes indígenas –entre ellos muchos niños– han resultado heridos como consecuencia del presunto uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad para disolver las manifestaciones, que comenzaron el 12 de octubre y continúan en varios departamentos del país.

El miedo a nuevos episodios de violencia se ha acrecentado la semana pasada con el llamamiento del grupo paramilitar Los Rastrojos a la “limpieza social” de los dirigentes y grupos indígenas implicados en las protestas.

“La mayoría de los testimonios recogidos por Amnistía Internacional en varias partes de Colombia apuntan a un uso de la fuerza profundamente preocupante y en gran medida desproporcionado contra los manifestantes indígenas por parte de la policía y las fuerzas armadas. Las autoridades colombianas deben garantizar el fin de la violencia contra los manifestantes y la investigación pronta y exhaustiva de las denuncias de uso excesivo de la fuerza, así como de las amenazas de muerte por paramilitares. Los responsables deben ser procesados ante tribunales civiles y no militares. De lo contrario, podría haber más víctimas al continuar las protestas”, dijo Amnistía Internacional.

Protestas de los indígenas

Miles de indígenas vienen manifestándose desde el 12 de octubre en varios departamentos de Colombia. Exigen que se respeten sus derechos, cada vez más amenazados debido a la invasión de sus tierras tradicionales por parte de empresas mineras, petroleras y otros intereses económicos.

Las fuerzas de seguridad colombianas han reaccionado violentamente ante esta ola de protestas, dando lugar a algunos de los episodios más graves en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, en el suroeste del país.

El 19 de octubre, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) informó de que, al parecer, las fuerzas de seguridad habían disparado contra marchas de manifestantes en La Augustina, en el municipio de Santander de Quilichao (Cauca), en los días anteriores y habían herido a 15 manifestantes indígenas, entre los que había varios niños.

El 16 de octubre, varias unidades del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la policía intervinieron para disolver una manifestación indígena que bloqueaba la carretera a Buenaventura, en el departamento de Valle del Cauca. Según informes, la policía disparó botes de gas lacrimógeno –algunos presuntamente cargados de metralla– directamente contra los manifestantes y también los golpeó repetidamente.

Más de 60 personas resultaron heridas, 16 con lesiones graves. Según informes, la policía antidisturbios impidió que los manifestantes heridos recibieran asistencia médica durante varias horas. Motivos de preocupación relacionados con la seguridad

Las amenazas de muerte contra dirigentes indígenas se producen en este contexto de presunto uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad colombianas.

En su amenaza de muerte, formulada por escrito el 15 de octubre, el grupo paramilitar Los Rastrojos nombró expresamente a organizaciones y dirigentes religiosos de los departamentos de Cauca, Caldas, Risaralda, La Guajira, Huila y Antioquia.

Los paramilitares ordenaron a los manifestantes que volvieran a sus casas en el plazo de 24 horas o los considerarían objetivos militares y los matarían como parte de una “limpieza social”. Los paramilitares aseguraron que los manifestantes indígenas estaban siendo usados como “carne de cañón” por el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“En vista de los informes sobre uso excesivo de la fuerza contra manifestantes en los 10 últimos días, nos preocupa profundamente la seguridad de los dirigentes indígenas y los miembros de las organizaciones nombradas en la amenaza de muerte formulada por los paramilitares. En el pasado, personas calificadas de subversivas o colaboradoras de la guerrilla han sido objeto de frecuentes y graves violaciones de derechos humanos por parte de paramilitares que actuaban en solitario o de connivencia con las fuerzas de seguridad”

 

A Amnistía Internacional le preocupa asimismo que la reciente reforma del sistema de justicia militar en virtud de la cual será casi imposible llevar ante la justicia a miembros de las fuerzas de seguridad implicados en violaciones de derechos humanos, puede haber contribuido a envalentonar a las fuerzas armadas y la policía para usar fuerza excesiva contra los manifestantes.

La organización ha pedido a las autoridades civiles colombianas que investiguen de manera independiente todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, así como las amenazas de muerte contra dirigentes y organizaciones indígenas por parte de paramilitares.