El código penal ecuatorianoestablece que el aborto practicado por un médico u otro profesional de la salud capacitado con consentimiento no es punible si la vida o salud de la mujer embarazada están en riesgo y “si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental”. Así, la norma impide de forma discriminatoria que otras víctimas de violación puedan acceder a un aborto. De esa forma, las obliga a enfrentar el dilema entre la vida o la prisión y subordina su dignidad al cumplimiento de roles estereotipados como madres y encargadas del cuidado.
Cifras alarmantes
Existe un promedio de once mujeres víctimas de violación cada día en los últimos tres años, y cada año aproximadamente 2000 niñas y adolescentes quedan embarazadas casi todas por violación en Ecuador.
A su vez, las demandantes indican que de acuerdo con los datos estadísticos de Seguridad Integral del Instituto de Estadísticas y Censos, hasta agosto del 2020 se registraron 2464 violaciones; no obstante, de acuerdo con los datos de la “Encuesta de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres”, 1 de cada 10 mujeres dijo haber sufrido algún tipo de violencia sexual antes de los 18 años.
Oportunidad histórica para Ecuador
El tribunal tiene la oportunidad de contribuir a que Ecuador abandone esa legislación restrictiva y avanzar en el reconocimiento de los derechos a la igualdad, la autonomía, a la salud y a una vida digna, libre de tortura y malos tratos. Despenalizar el aborto cuando el embarazo es resultado de una violacion es un mínimo requerido por las normas del derecho internacional de los derechos humanos.
Amnistía Internacional se presentó ante la Corte en calidad de “amigo del Tribunal” (amicus curiae). A través de ese documento, la organización explicó la evolucion del derecho internacional de los derechos humanos en la materia y evidencia que demuestra que la penalización del aborto tiene impactos concretos para los derechos humanos, y aumenta la mortalidad y morbilidad materna. Todo esto se refleja en la tendencia de los organismos internacionales de derechos humanos a exigir su despenalización total.
"Mientras otros países, como Argentina, eliminaron barreras para acceder a los derechos sexuales y reproductivos, Ecuador sigue violando derechos humanos. La Corte Constitucional de Ecuador tiene la oportunidad histórica de establecer que la criminalización del aborto por violación es contraria a los derechos humanos", sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
La presentación de Amnistía Internacional puede descargarse en este link.
