Ante la noticia de que el Parlamento de Uganda ha aprobado una ley que criminaliza la actividad sexual consentida entre personas adultas del mismo sexo, Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral, ha manifestado:
“El presidente Yoweri Museveni debe vetar urgentemente esta ley terrible, aprobada la tarde del martes en una votación precipitada. La denominada ‘Ley Antihomosexualidad de 2023’ constituye un grave ataque a las personas LGBTI y desprecia la Constitución de Uganda.”
“Esta ley de redacción ambigua e imprecisa penaliza incluso a quienes ‘promuevan’ la homosexualidad o ‘intenten cometer el delito de homosexualidad’. En realidad, esta ley profundamente represiva institucionalizará la discriminación, el odio y los prejuicios contra las personas LGBTI y las percibidas como LGBTI y bloqueará el trabajo legítimo de profesionales de la salud pública, líderes comunitarios y la sociedad civil.”
“En lugar de criminalizar a las personas LGBTI, Uganda debería protegerlas mediante la promulgación de leyes y políticas acordes a los principios de igualdad y no discriminación proclamados no sólo en la Constitución de Uganda sino también en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.”
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Tras debatirlo, el Parlamento aprobó el castigo de cadena perpetua por conducta homosexual y 10 años de prisión por intento de conducta homosexual. Asimismo aprobó la pena de muerte para la homosexualidad con agravantes. La ley aprobada por el Parlamento castiga también la “promoción” de la homosexualidad, y con ello fomenta la homofobia.
No es la primera vez que el Parlamento de Uganda intenta volver a penalizar la homosexualidad desde que en 2014 fue revocada la “Ley Antihomosexualidad” de Uganda, incluida en el Código Penal de 1950, correspondiente a la época colonial.
El 3 de mayo de 2021, el Parlamento aprobó el proyecto de Ley sobre Delitos Sexuales, con el ánimo de convertir en delito todo “acto sexual entre personas del mismo género”, así como el sexo anal entre personas de cualquier género. En agosto de 2021, el presidente Museveni lo rechazó alegando que muchas de sus disposiciones eran redundantes puesto que ya figuraban en la legislación existente, incluido el Código Penal.
