Antonio (7), Carlos (4), Josué (3), Michael (16) y sus madres Marlene, Lorena, Teresa y Maribel (todos los nombres se han cambiado para proteger la identidad de las personas afectadas) permanecen recluidos desde hace más de 500 días en el Centro Residencial del Condado de Berks, un centro de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas en Pensilvania.

Cada una de las familias ha pedido asilo en Estados Unidos tras haber huido de sucesos traumáticos y que amenazaban su vida, como amenazas de secuestro y una fuerte violencia física y sexual, en sus países de origen: Honduras y El Salvador. El centro del condado de Berks alberga actualmente a 34 familias, muchas de las cuales proceden de los países del Triángulo Norte —El Salvador, Guatemala y Honduras—, una región en la que Amnistía Internacional documentó niveles extremos de violencia e inseguridad.

Las familias han informado de un deterioro de su salud física y mental en el centro de detención. Josué sufre fuertes alergias, y a su madre le diagnosticaron trastorno de estrés post-traumático y depresión, unas dolencias que, según una evaluación psicológica independiente, están empeorando en parte a causa de la detención. Un médico independiente diagnosticó a Michael depresión, mientras que su madre tiene un bulto visible en el pecho que puede requerir cirugía.

Las autoridades concedieron a los cuatro niños a finales de 2016 el estatuto especial para inmigrantes menores de edad (SIJS, por sus siglas en inglés), y los cuatro tienen pendientes sus solicitudes de residencia legal permanente. Para obtener el SIJS, un tribunal estatal determinó que el retorno a su país de origen no beneficiaba el interés superior de los niños. Según la legislación estadounidense, se considera que a un menor de edad al que se concede el SIJS se le otorga la libertad condicional en Estados Unidos. Las autoridades expidieron a tres de los niños su autorización de trabajo en enero de 2017, y el cuarto está a la espera de recibir la suya.

La Corte de Apelaciones del Tercer Circuito concedió a las cuatro madres suspensiones de su expulsión mientras ellas apelaban contra sus órdenes de expulsión ante tribunales federales. Además, cada una de las cuatro familias tiene un patrocinador no cuestionado en Estados Unidos que está preparado y dispuesto para acogerla y garantizar su comparecencia ante los tribunales. Pese a ello, a su condición de SIJ, a los argumentos de peso en favor del asilo y la protección, y a la preocupación por su salud física y mental, los funcionarios de la Oficina de Inmigración y Aduanas se niegan a poner en libertad a estos cuatro niños y a sus madres.

No hay justificación en virtud del derecho internacional para seguir teniendo a estas familias detenidas, y la legislación estadounidense no proporciona una base suficiente para su puesta en libertad.

Escriban inmediatamente en inglés o en su propio idioma:

- instando a las autoridades a poner de inmediato en libertad condicional a los niños a los que se ha concedido la condición de SIJ y a sus madres, detenidos todos ellos en el Centro Residencial del Condado de Berks;

- pidiéndoles que garanticen que estos niños y sus madres reciben urgentemente la atención médica que necesiten, de acuerdo con sus propios deseos;

- instándolas a garantizar que, mientras estén detenidos, se les proporciona contacto periódico con sus familiares y con abogados de su elección.

 

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 30 DE JUNIO DE 2017 A:

Encargada en funciones sobre el terreno de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Filadelfia
Acting Field Officer for the Philadelphia Field Office

Jennifer Ritchey

Immigrations and Customs Enforcement

US Department of Homeland Security

York Field Office, 2400 Concord Rd.

York, PA, 17402, EE. UU.

Tel.: +1 717 840 7754

Correo-e: philadelphia.outreach@ice.dhs.gov

Twitter: @ICEgov

Tratamiento: Estimada Sra. Ritchey / Dear Ms. Ritchey

 

Director adjunto de la Oficina de Inmigración y Aduanas sobre el Terreno
Assistant field Office Director

David O’Neil

Philadelphia Field Office

1600 Callowhill St. 6th Floor

Philadelphia, PA, 19130, EE. UU.

Tel.: +1 267 479 3693

Correo-e: philadelphia.outreach@ice.dhs.gov

Twitter: @ICEgov

Tratamiento: Estimado Sr. O’Neil / Dear Mr. O’Neil

 

Envíen también copias a la representación diplomática de Estados Unidos acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las sedes diplomáticas locales:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

 

Información complementaria

En virtud del derecho internacional, el gobierno estadounidense tiene la obligación de garantizar que los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo se respetan, se protegen y se realizan.

El gobierno estadounidense tiene también la obligación de garantizar que los menores de edad sólo son detenidos en circunstancias excepcionales, y durante el tiempo más breve posible. Las normas internacionales, incluidos instrumentos en los que Estados Unidos es parte, contienen una firme presunción contra la detención de inmigrantes y solicitantes de asilo.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) establece claramente el derecho a no sufrir detención arbitraria. La detención sólo debe utilizarse como último recurso, debe justificarse en cada caso individual y debe ser sometida a revisión judicial. La detención sólo es adecuada cuando las autoridades pueden demostrar en cada caso individual que es necesaria y proporcional al objetivo que se pretende alcanzar y por los motivos prescritos por la ley, y que otras medidas alternativas (como el requisito de comparecer periódicamente, la fianza o los depósitos económicos) no serían efectivas.

Cada una de las cuatro familias huyó de su país de origen para escapar de una violencia terrible, que incluía amenazas de muerte, amenazas de secuestro y agresiones físicas y sexuales.

Josué, de tres años, ha pasado más de la mitad de su vida detenido. Aprendió a andar y a hablar mientras estaba recluido. Tanto él como su madre Teresa, de 28 años, han pasado 16 meses en el Centro Residencial del Condado de Berks. Josué y Teresa huyeron de amenazas de secuestro y de la agresión física y sexual en Honduras y llegaron a Estados Unidos buscando asilo. “[Mi hijo...] es muy pequeño, sólo tenía 22 meses cuando llegó y ahora tiene tres años”, ha dicho Teresa a sus abogados.

Carlos, de cuatro años, y su madre Lorena, de 34, huyeron de amenazas, intimidación y violencia de género grave y reiterada en Honduras. Llevan 16 meses detenidos.

Antonio, de siete años, y su madre Marlene, de 24, procedentes de El Salvador, son de los que llevan más tiempo detenidos en Berks: más de 550 días. Ahora, en su 18º mes de detención, Marlene declara: “No es justo que un niño pase año y medio encarcelado”, y añade que el efecto de esa detención prolongada les está pasando factura. “El efecto psicológico que esto tiene en una persona y en sus hijos [...] ya no podemos aguantar más”.

Michael, de 16 años, es el niño de más edad que está en este centro del condado de Berks. Él y su madre Maribel, de 41 años, llevan casi 17 meses detenidos. Las bandas (maras) de El Salvador tomaron a Michael como objetivo para su reclutamiento y lo amenazaron de muerte. Tras constantes amenazas a la familia, madre e hijo huyeron a Estados Unidos para pedir asilo allí.

Las autoridades concedieron a los cuatro niños el estatuto especial para inmigrantes menores de edad (SIJS, por sus siglas en inglés) a finales de 2016 después de que un tribunal de familia concluyera que los niños sufrían “abandono, abuso o desatención por parte de sus padres”. Al ser las madres las únicas responsables de la atención de los niños, es esencial que sean liberadas junto con ellos. No hay justificación, en virtud de la legislación estadounidense ni del derecho internacional, para seguir teniendo a estas familias detenidas.

Nombres: Antonio (h), Carlos (h), Josué (h), Michael (h), Marlene (m), Lorena (m), Teresa (m) y Maribel (m). Todos los nombres se han cambiado para proteger la identidad de las personas afectadas.

 

Publicado el 6 de junio de 2017