El 8 de octubre, las autoridades venezolanas informaron de que Fernando Albán, concejal de Primero Justicia, partido de oposición, se había suicidado saltando desde la décima planta de la sede del SEBIN, donde permanecía detenido desde el 5 de octubre. Las declaraciones realizadas por el fiscal general, Tarek William Saab, y por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, ofrecieron versiones contradictorias de las circunstancias en torno a la muerte del concejal.

Fernando Albán fue detenido el viernes 5 de octubre a su llegada al aeropuerto de Caracas. Según el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, Albán fue detenido por el SEBIN como sospechoso de estar relacionado con un intento de atentado a autoridades gubernamentales durante un evento público celebrado en agosto de 2018. Durante las horas siguientes a su detención, Francisco Albán estuvo en paradero desconocido. Cuando fue hallado muerto el 8 de octubre aún no había comparecido ante un juez para que se determinara la legalidad de su detención, pese a que ya se había superado el plazo legal de 48 horas.

Según el abogado de Albán, hay varios indicios que convierten su suicidio en improbable, entre ellos las restricciones a la libertad de circulación bajo la custodia del SEBIN, ya que las celdas están situadas en el sótano y las autoridades no han facilitado ninguna información sobre cómo podría el concejal haber accedido a la décima planta.

Las autoridades venezolanas declararon que Albán se había suicidado sin haber llevado a cabo investigación alguna sobre las circunstancias de su muerte. Su fallecimiento corre peligro de no aclararse si no se lleva a cabo de inmediato una investigación pronta, exhaustiva e independiente. Amnistía Internacional ha documentado varios casos de detenciones por motivos políticos de personas a las que se considera críticas con la política gubernamental. En algunos de esos casos hubo varias denuncias de tortura y otros malos tratos bajo custodia del SEBIN.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma, a las autoridades venezolanas:

• pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e independiente sobre los hechos y la causa de la muerte de Fernando Albán, incluida la posibilidad de tortura;


• pidiendo que la investigación cumpla el derecho y las normas de derechos humanos, incluido el pleno acceso de la familia Albán a la información;


• pidiéndoles que protejan el derecho a la vida y a la integridad física de todas las personas recluidas bajo custodia del Estado, y que protejan también el derecho de estas personas a un juicio justo.

Publicado el 10 de octubre de 2018