Unos 10.000 mineros artesanales corren peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos si son desalojados forzosamente por las fuerzas armadas de una zona de explotación minera propiedad de uno de los mayores productores de cobalto de la República Democrática del Congo (RDC), Tenke Fungurume Mining (TFM). El 17 de junio de 2019, las fuerzas armadas de la RDC desplegaron hasta 800 soldados en la zona. Se ha dado a los mineros artesanales hasta el 2 de julio de 2019 para que abandonen voluntariamente la zona, y transcurrido este plazo serán desalojados por la fuerza.

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Su Excelencia Félix Tshisekedi

Presidente de la República Democrática del Congo / President of the Democratic Republic of the Congo Correo-e: cabinet@presidentrdc.cd

Señor Presidente:

Me dirijo a usted para expresarle mi grave preocupación por el despliegue de un batallón de las fuerzas armadas de la República Democrática del Congo (RDC) en la mina de Tenke Fungurume, en la provincia de Lualaba, para desalojar a más de 10.000 mineros artesanales. El coronel del ejército Emmanuel Kabamba ha indicado públicamente que las fuerzas armadas harán uso de la fuerza para desalojar a los mineros artesanales si éstos no desocupan voluntariamente la zona a más tardar el 2 de julio de 2019. Me preocupa enormemente que ese desalojo forzoso ponga a los mineros en riesgo de sufrir violaciones graves de derechos humanos.

Las fuerzas armadas de la República Democrática del Congo tienen un dilatado historial de uso excesivo de la fuerza, y sus soldados no están debidamente entrenados ni equipados para desempeñar funciones policiales de acuerdo con el derecho y las normas internacionales. Teniendo esto en cuenta, es muy probable que cometan violaciones graves de derechos humanos si proceden a desalojar por la fuerza a los mineros artesanales. Han trascendido ya informes de que el ejército ha destruido casas de venta y albergues temporales.

Los mineros artesanales (“creuseurs”) entran en concesiones propiedad de empresas privadas como TFM debido a la ausencia de zonas mineras artesanales autorizadas y reguladas, como documentó Amnistía Internacional en nuestro informe de 2016 sobre menores de edad y adultos que trabajaban en condiciones peligrosas en minas de cobalto artesanales. Amnistía Internacional ha documentado también con anterioridad violaciones de derechos humanos relacionadas con operaciones para desalojar a mineros artesanales. En 2009, cientos de viviendas y negocios fueron destruidos en la localidad de Kawama en el marco de una operación de la policía de minas para desalojar a mineros artesanales en la mina de Luiswishi. Estas cuestiones son de índole estructural y han de ser abordadas por el gobierno en consulta con las distintas partes interesadas, incluidas las comunidades mineras artesanales.

Por consiguiente, le escribo para instarlo, con carácter de urgencia, a:

• Ordenar de inmediato a las fuerzas armadas que se retiren de la concesión de Tenke Fungurume Mining y de la zona circundante, y que revoquen su amenaza de hacer uso de la fuerza si los mineros no la abandonan antes del 2 de julio de 2019.

• Garantizar que toda fuerza de seguridad de orden público que se despliegue en la zona actúa con moderación, está debidamente entrenada y equipada, y no hace uso de fuerza excesiva en cualquier intento de desalojar a los mineros artesanales.

• Entablar un diálogo con representantes de los mineros artesanales para abordar las cuestiones estructurales que dan lugar a este tipo de incursiones en minas en gran escala, que incluya la creación de nuevas zonas artesanales autorizadas, la regularización de las zonas mineras y apoyo a la formalización de las actividades mineras

Publicado el 3 de julio de 2019