LA GUARDIA NACIONAL ACOSA A UN ALBERGUE PARA MIGRANTES
El 23 de junio, 6 agentes intentaron registrar, sin orden judicial ni causa legal, el albergue para migrantes CAME, en el estado septentrional de Sonora, y acosaron a los defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan allí. Es urgente poner fin a una situación que amenaza los derechos de las personas que trabajan o que reciben protección en los albergues para migrantes en todo el país.
Desde que en México se desplegó la Guardia Nacional con una nueva función dirigida a cuestiones relacionadas con la migración, Amnistía Internacional observó conductas preocupantes que podrían poner en riesgo los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, y también los de los defensores y defensoras de los derechos humanos.
El 30 de mayo de 2019, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que su país impondría un arancel del 5% a todos los productos procedentes de México, a menos que disminuyera el flujo de migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos. Esto provocó una serie de negociaciones bilaterales que continúan hasta la fecha, en las que Estados Unidos sigue amenazando con incrementar los aranceles en los próximos meses si el flujo de migrantes en la frontera de Estados Unidos con México no disminuye.
En los días que siguieron al anuncio del presidente, las autoridades mexicanas han implementado una serie de medidas destinadas a disuadir a migrantes y solicitantes de asilo de entrar por la frontera sur de México; esas medidas incluyen la detención masiva y la deportación de al menos 400 migrantes, lo cual es contrario tanto a la legislación mexicana como al derecho internacional.
El 6 de junio, el gobierno mexicano desplegó 6.000 agentes de la Guardia Nacional en su frontera sur para responder a la entrada de migrantes y solicitantes de asilo.
Los medios de comunicación locales informaron también de que se había desplegado a más de 15.000 agentes de distintas fuerzas de seguridad —incluida la Guardia Nacional— en la frontera entre México y Estados Unidos para impedir que la gente llegue hasta la frontera y la cruce.
El gobierno ha confirmado públicamente que la Guardia Nacional puede detener a personas inmigrantes indocumentadas en las fronteras norte y sur de México para reducir el flujo migratorio, y puede entregar a estas personas al Instituto Nacional de Migración (INM).
No es la primera vez que los defensores y defensoras de los derechos humanos son cuestionados e incluso criminalizados por el trabajo que realizan en México. Nos preocupa que esta práctica pueda ir en aumento en el país, tal como vemos que se va haciendo más habitual la práctica de criminalizar a los defensores y defensoras de los derechos humanos en Estados Unidos.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se calcula que entre 400.000 y 500.000 personas entran irregularmente por la frontera sur de México cada año, y que al menos la mitad de ellas podría necesitar protección internacional en calidad de refugiadas. Muchas de estas personas proceden de El Salvador, Honduras y Guatemala, algunos de los países más peligrosos del mundo. Huyen a causa de las situaciones de violencia y falta de protección gubernamental en sus países.
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