DESAPARICIÓN FORZADA DE INVESTIGADOR
El 11 de junio de 2019, Ibrahim Ezz El-Din, investigador sobre el derecho a la vivienda de una ONG egipcia, fue detenido por las fuerzas de seguridad en la calle, cerca de su casa, en Moqattam, El Cairo, y quedó sometido a desaparición forzada. Las autoridades continúan negando desde su detención que esté bajo su custodia, y su familia no fue informada de su suerte y su paradero.
Ibrahim es investigador de la Comisión de Derechos y Libertades de Egipto, donde trabaja sobre el derecho a la vivienda. Estuvo investigando el historial de Egipto en lo que respecta a garantizar que toda persona tenga acceso a una vivienda segura y asequible, documentando los desalojos forzosos y a políticas urbanísticas del país.
Es la quinta persona afiliada a la Comisión que es detenida desde 2016. Su detención produjó poco después de la del abogado especializado en derechos laborales Haytham Mohamdeen, que trabaja también en la Comisión y se halla en prisión preventiva desde el 13 de mayo de 2019 por cargos infundados de “ayuda a un grupo terrorista”. Previamente, en mayo de 2018, las fuerzas de seguridad egipcias detuvieron a Amal Fathy, defensora de los derechos humanos y esposa del director ejecutivo de la Comisión y ex investigador de Amnistía Internacional Mohamed Lotfy, por un vídeo donde criticaba a las autoridades por no ocuparse del acoso sexual incontrolado, y no la dejaron en libertad hasta diciembre de 2018. Mucho antes, en 2016, habían detenido también a la directora del Programa de Minorías, Mina Thabet, y al presidente de la junta directiva, Ahmed Abdallah, que quedaron luego en libertad sin cargos.
La detención de Ibrahim se produce en medio de una crisis de derechos humanos y una campaña de represión de la sociedad civil egipcia, en la que se detuvó a centenares de personas por su trabajo legítimo o por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión o su derecho a la libertad de reunión. La represión afectó a periodistas, aficionados al fútbol, personas críticas, políticos y personal de organizaciones de la sociedad civil. Muchas de estas personas estuvieron sometidas a desaparición forzada antes de que se presentaran con ellas cargos infundados de “terrorismo” por su trabajo legítimo, y pasaron luego meses o años en prisión preventiva, sin ser llevadas jamás a juicio.
Amnistía Internacional decmnetó ampliamente el uso que hacen las fuerzas de seguridad egipcias de las desapariciones forzadas como instrumento contra activistas políticos y manifestantes, incluso estudiantes y menores de edad (véase https://www.amnesty.org/es/documents/mde12/4368/2016/es/). Centenares de personas sometidas a desaparición forzada fueron detenidas arbitrariamente y recluidas en régimen de incomunicación en centros de detención secreta, sin acceso a abogados ni a sus familias y sin supervisión judicial externa. Esta constante de abusos se hizo especialmente patente a partir de mediados de marzo de 2015, cuando el presidente Abdel Fatah al Sisi nombró al general Magdy Abd el-Ghaffar ministro del Interior. La Comisión de Derechos y Libertades de Egipto es la más importante de las ONG egipcias que trabajan ampliamente sobre la cuestión de las desapariciones forzadas.
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