Buzainafu Abudourexiti, que fue detenida repentinamente en marzo de 2017 y condenada a siete años de cárcel en un juicio secreto, continúa recluida en régimen de incomunicación. No se facilitó aún información alguna sobre los cargos contra ella, pero se cree que podrían forman parte de una operación represiva más amplia contra uigures que estudiaron en el extranjero. Buzainafu Abudourexiti regresó a China en 2015 tras haber estado estudiando en Egipto durante dos años. Corre peligro de sufrir tortura y otros malos tratos.

Los uigures son una minoría étnica principalmente musulmana que se concentra sobre todo en la Región Autónoma Uigur del Sinkiang, en China. Desde la década de 1980 han sido objeto de muchas violaciones sistemáticas de derechos humanos, tales como detención arbitraria, reclusión en régimen de incomunicación y restricciones de la libertad religiosa, así como de los derechos sociales y culturales. Las autoridades locales mantienen un estricto control sobre las prácticas religiosas, llegando a prohibir a todos los funcionarios y a los menores de 18 años asistir al culto en las mezquitas. La política del gobierno chino limita el uso del idioma uigur, restringe severamente la libertad de religión y fomenta la afluencia constante de migrantes de etnia hacia la región.

En mayo de 2014, en Región Autónoma Uigur de Sinkiang se inició una campaña de “mano dura” que duró un año y en la que las autoridades dieron prioridad a las detenciones inmediatas, los juicios rápidos y la imposición colectiva de condenas a uigures. El gobierno pidió más “cooperación” entre los fiscales y los tribunales, y esto incrementó las dudas sobre las garantías de los juicios. La campaña de “mano dura” se prologódurante los años siguientes, y las autoridades han aumentado enormemente el gasto en la policía. En tales circunstancias, muchos uigures tomaron la decisión de huir del país. Las autoridades chinas han respondido acosando a los familiares de quienes se han ido para obligarlos a volver, e intentando cada vez con más fuerza restringir las actividades políticas y de derechos humanos de los activistas uigures en otros países. Esto ha aumentado el temor de muchos uigures en el extranjero, incluidos solicitantes de asilo y refugiados, de ser devueltos a China. En los últimos años, decenas de solicitantes de asilo uigures han sido devueltos a China desde países del sudeste asiático o de Asia central.

Las noticias aparecidas en los medios de comunicación mostraron la magnitud de las nuevas medidas severas de seguridad que se aplicaron desde que el nuevo secretario del partido en la Región Autónoma Uigur del Sinkiang, Chen Quanguo, subió al poder en 2016, y que incluyen el anuncio de más de 90.000 puestos relacionados con la seguridad en un año. En octubre de 2016 hubo numerosos informes sobre la confiscación de pasaportes uigures por las autoridades de la región, que trataban de recortar más la libertad de circulación.

En marzo de 2017, el gobierno de la Región Autónoma Uigur del Sinkiang promulgó la “Normativa Antirradicalización”, que describe y prohíbe una amplia variedad de conductas calificadas de “radicales”, tales como “difundir el pensamiento radical”, desacreditar o negarse a oír o ver la radio y los programas de televisión estatales, llevar burka, llevar una barba “extraña”, resistirse a las políticas nacionales y publicar, descargar, almacenar o leer artículos, publicaciones o material audiovisual de “contenido radical”. Esta normativa también establece un “sistema de responsabilidad” de los cuadros oficiales respecto al trabajo de “antirradicalización”, así como la revisión anual de su rendimiento. Según Radio Free Asia, desde mayo de 2017 las autoridades chinas fueron obligando a los estudiantes uigures matriculados en universidades extranjeras a regresar a China. A comienzos de julio de 2017, unos 200 uigures fueron detenidos en Egipto por orden de las autoridades chinas, y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de 22 que fueron devueltos.

Las autoridades chinas han negado la existencia de centros de “transformación a través de la educación” hasta octubre de 2018, cuando reconocieron que existían unos campos, aunque afirmaron que eran centros voluntarios y gratuitos de “formación profesional” cuyo objetivo, según dijeron, es proporcionar a la gente una formación técnica y profesional que le permita encontrar trabajo y llegar a ser ciudadanos y ciudadanas “útiles”. Sin embargo, la explicación de China contradice los informes de golpes, privación de alimentos y reclusión en régimen de aislamiento que han dado a Amnistía Internacional personas que fueron detenidas en estos centros.

Publicado el 29 de julio de 2019