Ahmed H. lleva casi cuatro años separado de su esposa y de sus dos hijas, de nacionalidad chipriota. En septiembre de 2015, fue detenido en Hungría y condenado injustamente por “complicidad en un acto de terrorismo” en un caso claro de aplicación indebida de la legislación húngara contra el terrorismo. El 19 de enero de 2019 fue puesto en libertad condicional y actualmente está recluido en un centro de detención para inmigrantes en Hungría. Como ciudadano sirio, corre peligro de ser devuelto a Siria, un país que no es seguro. Chipre debe permitir que regrese a casa junto a su familia.

Ahmed H. vivía en Chipre desde 2006 con su esposa chipriota. Juntos tienen dos hijas pequeñas. En agosto de 2015, Ahmed dejó a su familia en Chipre para ayudar a sus ancianos padres y a otros familiares a huir de Siria. Al llegar a la frontera entre Hungría y Serbia el 16 de septiembre de 2015, se encontraron bloqueados, junto con centenares de personas refugiadas más, porque la policía había vallado el paso de entrada a Serbia. Cuando algunas personas refugiadas intentaron cruzarlo, se produjeron enfrentamientos. La policía húngara respondió con gas lacrimógeno y un cañón de agua, y causó lesiones a decenas de personas. Algunas personas, entre ellas Ahmed H., lanzaron piedras. No obstante, en las noticias aparecieron imágenes que también muestran claramente que Ahmed H. utilizó un megáfono para pedir a ambos bandos que mantuvieran la calma. Ahmed H. fue detenido por estos hechos y condenado por “complicidad en un acto de terrorismo”, en virtud de la legislación antiterrorista húngara, sumamente general e imprecisa.

Amnistía Internacional siguió de cerca los procedimientos penales, entre otras cosas como observadora en las vistas judiciales, y concluyó que los cargos relacionados con el terrorismo y la posterior sentencia condenatoria contra Ahmed H. por “complicidad en un acto de terrorismo” fueron manifiestamente infundados. La sentencia condenatoria se basó exclusivamente en la acusación de que Ahmed H. intentó convencer a la policía húngara para abrir la valla fronteriza y tiró algunos objetos durante los disturbios ocurridos en la frontera. Al dictar sentencia firme el 20 de septiembre de 2018, el juez reconoció que, de hecho, Ahmed H. había intentado calmar a la multitud y mediar entre ésta y la policía.

En Hungría, el gobierno del primer ministro Viktor Orbán intentó establecer un nexo inextricable entre las personas refugiadas y migrantes y la amenaza del terrorismo, sin pruebas que respalden la veracidad de sus afirmaciones. Los cargos indebidos por delitos relacionados con el terrorismo contra Ahmed H. forman parte de una estrategia más amplia para etiquetar a las personas refugiadas y migrantes que buscan protección como “terroristas” y amenazas a la seguridad nacional. Amnistía Internacional también documentó declaraciones efectuadas por varios representantes gubernamentales húngaros que, incluso antes de que acabara el juicio contra Ahmed H., lo acusaron públicamente. Dichas declaraciones vulneraron la imparcialidad del proceso contra Ahmed H., lo que constituye una violación de las normas internacionales sobre juicios justos, que incluyen la presunción de inocencia.

El derecho a la vida privada y familiar está reconocido en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales; Chipre es parte en ambos tratados internacionales de derechos humanos. Cualquier restricción de este derecho debe ser en interés de la “seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás”. La sentencia condenatoria dictada contra Ahmed H. en Hungría por “complicidad en un acto de terrorismo” no entra dentro de la excepción al derecho a la vida privada y familiar por razones de seguridad nacional debido a la acusación indebida por delitos de “terrorismo” contra Ahmed H. y por las violaciones a su derecho a un juicio justo durante los procedimientos penales en Hungría.

Si Hungría devuelve a Ahmed H. a Siria, violaría el principio de no devolución (non-refoulement). Este principio del derecho internacional de los derechos humanos garantiza que ninguna persona debe ser devuelta a un país donde pueda sufrir tortura, trato o pena cruel, inhumano o degradante, u otro daño irreparable.

 

Publicado el 13 de agosto de 2019