DESAPARICIÓN FORZADA DE PROFESOR UNIVERSITARIO IRANO-SUECO
Ahmadreza Djalali, profesor universitario irano-sueco, se encuentra sometido a desaparición forzada desde el 29 de julio, cuando las autoridades iraníes lo sacaron de la prisión de Evin, en Teherán, para llevarlo a un lugar desconocido. Está siendo sometido a presión para que “confiese” nuevos delitos y fue amenazado con la ejecución de su condena a muerte si no lo hace.
Se entiende por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. La desaparición forzada constituye un crimen de derecho internacional y viola varios derechos humanos, entre ellos: el derecho a la seguridad y la dignidad de la persona, el derecho a no sufrir tortura ni otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a la vida, y el derecho a la vida familiar.
Ahmadreza Djalali, médico y profesor universitario irano-sueco residente en Suecia, estaba de viaje en Irán por motivos profesionales cuando lo detuvieron, el 26 de abril de 2016. Estuvo recluido en la prisión de Evin, bajo la custodia de funcionarios del Ministerio de Inteligencia, durante siete meses. Pasó tres de ellos en régimen de aislamiento, sin acceso a un abogado. Dijó que, durante ese tiempo, lo sometieron a tortura y otros malos tratos para obligarlo a “confesar” que era un espía. Entre otras cosas, amenazaron con ejecutarlo a él, a sus hijos —que viven en Suecia— y a su anciana madre —que vive en Irán—. Asegura que lo obligaron a hacer “confesiones” ante una cámara de vídeo leyendo declaraciones escritas previamente por sus interrogadores. Niega las acusaciones vertidas contra él y afirma que fueron fabricadas por las autoridades.
El 17 de diciembre de 2018, una televisión estatal iraní emitió la “confesión” de Ahmadreza Djalali durante un programa titulado Cortar de raíz y en el que se intercalaron con la “confesión” música dramática, gráficos e imágenes de noticias internacionales, a la vez que una voz lo presentaba a él como “espía”. Al obtener y emitir esta “confesión” forzada, las autoridades iraníes violaron el derecho de Ahmadreza Djalali a la presunción de inocencia, así como su derecho a no ser obligado a declararse culpable. Ahmadreza Djalali dijó que la “confesión” emitida era la que se filmó cuando estuvo recluido en régimen de aislamiento, sin acceso a un abogado. Desde diciembre de 2017, su abogado presentó al menos dos solicitudes de revisión judicial de la causa; la primera fue rechazada, y la decisión sobre la segunda, presentada en enero de 2019, sigue pendiente.
En noviembre de 2017, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria pidió a Irán que dejara de inmediato en libertad a Ahmadreza Djalali y le concediera el derecho exigible a una indemnización y otras formas de reparación, pues había sido detenido sin orden judicial, no había sido acusado formalmente hasta 10 meses después de su detención y se le había impedido de manera efectiva ejercer su derecho a impugnar la legalidad de su detención. También determinó que se había violado su derecho a un juicio justo con gravedad suficiente como para considerar su privación de libertad de carácter arbitrario.
En la prisión se le negó reiteradamente a Ahmadreza Djalali la atención médica especializada que necesitaba recibir con urgencia. El año pasado, tres análisis de sangre distintos indicaron que tiene pocos glóbulos blancos. Un médico que lo reconoció en la prisión a principios de 2019 dijo que tiene que ser examinado por un especialista en hematología y oncología en un hospital fuera de la prisión. Las autoridades no llevaron a Ahmadreza Djalali al hospital para que recibiera la atención médica necesaria hasta mediados de julio de 2019, cuando le hicieron por fin unos análisis de sangre. Un especialista aconsejó que lo llevaran de nuevo al hospital para hacerle más pruebas, pero aún no lo han llevado. Desde su detención, el 26 de abril de 2016, ha perdido 24 kilos y ahora pesa 51 (MDE 13/0359/2019).
La negativa de las autoridades a proporcionar atención médica a las personas presas constituye tortura si es intencionada y causa “dolores o sufrimientos graves” con fines de castigo, coacción, intimidación, obtención de una confesión o cualquier otra razón basada en cualquier tipo de discriminación. Para más información, véase el informe de Amnistía Internacional Health care taken hostage:Cruel denial of medical care in Iran’s prisons, 18 de julio de 2016.
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